Carne de cañón

¿Sabían ustedes que hace apenas unos días, el 28 de marzo, se publicó en el BOE (o sea, ya va a misa) la Ley General para la defensa de los Consumidores y Usuarios? En realidad, son unas cuantas precisiones a la que estaba en vigor desde 2007 y también, en realidad, todo indica que los consumidores y usuarios continuaremos sufriendo el mismo desamparo que hemos vivido hasta ahora, con la honrosa excepción de las batallas que no sin dificultades ha ganado Facua.

Si que dice esa nueva norma que la famosa letra pequeña de los contratos no podría ser menor de ¡¡¡un milímetro y medio!!!, pero no precisa cual será la sanción para quien incumpla ese deber. Si, ya sé que es solo un ejemplo y no el más importante. Pero ¿es que conoce usted a alguien que en alguna ocasión no haya maldecido antes de firmar un contrato con contenido ilegible para cualquier ojo normal?

No les digo ya nada si el objeto del contrato tiene que ver con la telefonía. En general, las compañías que se dedican a este menester se ocupan y preocupan por consumidores y usuarios hasta que los captan. A partir de ahí comienza la aventura. Pongamos casos.

Ahí va uno de movistar. Un buen día te cobra por unas llamadas que tú no has hecho. No son llamadas normales. No. Ciento ochenta minutos una y casi trescientos otra. Manifiestas primero tu extrañeza y con toda cordialidad explicas que es algo imposible y que, por añadidura, tu terminal, que también es de movistar, ha empezado a dar problemas, como bien ellos conocen por las visitas a sus comerciales. Pero nada.

Te diriges a la Oficina de atención al consumidor que media con la compañía y tramita la reclamación por el cobro indebido de una cantidad. Respuesta oficial de esa misma empresa que envió a Urdagarin de delegado a Washington: “..Una vez revisados los procesos de medición y tarificación ya que se tratan exclusivamente los requisitos de tarificación que generan las centrales de conmutación de la red, no se ha registrado incidencia alguna en la generación de las llamadas reclamadas. Por lo expuesto, se confirma que dichas llamadas han sido emitidas desde la línea de referencia...”.

Nadie en persona se atrevería a dar una respuesta en tales términos. Nadie con la mínima educación podría, por respeto a si mismo y a su interlocutor, responder de manera ininteligible a una cuestión sencilla. Pero movistar es capaz de dirimir así la cuestión. Lo último y más vergonzosos es que el usuario que ve denegada su reclamación por poco más de 50 euros comprueba que su amigo que, planteó la misma demanda por 20 recibe la misma respuesta pero con la coletilla “no obstante”. Eso es, le dicen que pese a no tener razón le reintegran la cantidad en la siguiente factura. Vamos que administran su derecho de gracia.

Pero no se crean. De Euskaltel también podría decir maravillas. La última es que te obligan a cambiar la dirección de correo electrónico. Dicen que no es por iniciativa de su empresa, que se lo impone Microsoft, pero que te dan “la posibilidad” (¿no era un derecho cuando lo contrataste?) de cambiar tu cuenta por una de Outlook. Pero el problema es que no se configura bien y te dicen que no es su problema, que hables con Outlook porque ellos, toda una empresa, no ha conseguido que les den las pautas para solucionar los problemas que han detentado sus clientes. Vamos, ¡Qué te las compongas!!

Es normal que la mayoría de los ciudadanos no tenga ni idea de que se acaba de aprobar una nueva Ley para la defensa de los Consumidores y Usuarios. Solo se percibe el desamparo; únicamente se sufre el fraude. Somos carne de cañón. Menos mal que nos queda Facua.

¿Sabían ustedes que hace apenas unos días, el 28 de marzo, se publicó en el BOE (o sea, ya va a misa) la Ley General para la defensa de los Consumidores y Usuarios? En realidad, son unas cuantas precisiones a la que estaba en vigor desde 2007 y también, en realidad, todo indica que los consumidores y usuarios continuaremos sufriendo el mismo desamparo que hemos vivido hasta ahora, con la honrosa excepción de las batallas que no sin dificultades ha ganado Facua.

Si que dice esa nueva norma que la famosa letra pequeña de los contratos no podría ser menor de ¡¡¡un milímetro y medio!!!, pero no precisa cual será la sanción para quien incumpla ese deber. Si, ya sé que es solo un ejemplo y no el más importante. Pero ¿es que conoce usted a alguien que en alguna ocasión no haya maldecido antes de firmar un contrato con contenido ilegible para cualquier ojo normal?