Comedores escolares o el mercado en la cocina

Dieciocho millones, se dice pronto, es la multa con que la Autoridad Vasca de la Competencia ha sancionado a siete empresas de catering que se han hecho con las adjudicaciones realizadas por el Departamento de Educación para atender los comedores de los centros públicos. La causa: haber constituido un cártel para repartirse el mercado y acordar los costes, vulnerando el principio de la libre competencia, para, lógicamente, incrementar sus beneficios, hasta un 30% según publica algún medio de comunicación. Vaya por delante que las empresas en cuestión tienen todavía la posibilidad de recurrir. Quienes nos movemos en el mundo de la enseñanza no hemos podido menos que reacomodarnos en el asiento para encajar la desazón que produce la noticia, mientras nos asaltaban las primeras preguntas y reflexiones.

Ahí va la primera. Siendo el período de investigación desde al menos el 2003, ¿cómo ha podido pasar desapercibido el fraude, incluso a personas acostumbradas a lidiar con estos temas? ¿A nadie de la Administración le ha llamado la atención nada nunca, cuando las empresas, al parecer, ofrecían sus servicios al tope del coste establecido por el Gobierno Vasco? Otra segunda cuestión que acude a bote pronto es preguntarse si los dieciocho millones cubren el fraude o si sigue siendo rentable la trampa, porque incluye la amortización de la multa y quedan todavía sustanciosas ganancias.

Una más: El portavoz del Gobierno nos ha dicho que estemos tranquilos porque se va cuidar que las empresas del cártel puedan seguir prestando sus servicios y la Consejera que sus actuaciones irregulares no han costado un duro a las familias. ¿Y al contribuyente? ¿A cuánto asciende el perjuicio causado al erario público? Aquí tiene el Parlamento materia suficiente para interpelar al Gobierno y exigirle una investigación que no deje lugar a dudas.

Pero las cuestiones anteriores se mueven en un terreno de juego y tienen sentido aceptando la premisa mayor, es decir, que nos movemos dentro del mercado y de la competencia que debe darse en el mismo. Pero si se nos ocurre cuestionar el marco mismo de prestación del servicio, las preguntas y reflexiones anteriores quedan desbordadas por otras de índole muy diferente.

En efecto, la madre del cordero en esta cuestión estriba en que el Gobierno vasco ha hecho una apuesta exclusiva por atender los comedores escolares desde la perspectiva del mercado, por medio de un concurso público a empresas de algún tamaño -hay incluso una multinacional británica- que son las que pueden llevarse los lotes de las adjudicaciones frente a otras más modestas, pero, y esto es lo relevante, dentro de un funcionamiento mercantil aplicado al mundo de los alimentos. Esta es la apuesta que hizo el Departamento de Educación cuando aprobó la orden que regulaba los comedores escolares públicos en el año 2000: la denominada gestión directa, es decir, poner en manos de compañías de catering la alimentación de nuestro alumnado, modelo extendido a la práctica totalidad de centros, hecha alguna excepción numantina.

Esta uniformización se enmarca en las tendencias generales que la globalización impone, también en el terreno de la alimentación. Producción barata y en grandes cantidades basada en patentar semillas, explotar extensivamente cultivos, utilizar productos químicos sintéticos y abaratar los costes produciendo en el Sur. Bien es verdad que lo que se abarata por un lado sale caro por otro en forma de otros costes no cuantificados de carácter agrícola (por reducción de cultivos y especies vegetales), sanitario (por enfermedades) o laboral (por explotación), sin olvidar los cambios ecológicos y las migraciones que supone en colectividades enteras la hegemonía de este paradigma. Las empresas de catering son un eslabón más de esta manera de funcionar que necesita de todos los anteriores.

Quizá la noticia con la que he iniciado este comentario abre la oportunidad de poner una vez más encima de la mesa que hay otro paradigma de atender los comedores escolares que la normativa del Gobierno Vasco no reconoce e impide desarrollar. Esta gestión supondría, en estos tiempos en que la palabra autonomía referida a los centros escolares se invoca por doquier, que estos y sus familias puedan elegir libremente si aceptan el catering o no. Este modelo alternativo, practicado con éxito en más de un centenar de escuelas de Asturias y en alguna “aldea gala” de aquí, como la escuela de Larrabetzu, y al que desean incorporarse escuelas de otros municipios, está basado en esta premisa: la calidad de un producto está más asegurada cuanto más podamos saber de él. En este paradigma la comunidad escolar se autogestiona, compra en el entorno, cocina en la escuela, cuida el equilibrio dietético, asegura las propiedades de lo que se come porque son productos que no necesitan hacer miles de kilómetros y promueve la formación alimentaria con el alumnado en ese espacio educativo que también es el comedor. Y todo ello sin ánimo de lucro. ¿Que es más caro? Pudiera ser, pero en Larrabetzu no es así y la diferencia respecto a lo que paga el Gobierno vasco a las empresas de catering es sustancial, no menos de 5 euros por comensal y día.

En suma, investíguese lo ocurrido, pero, sobre todo, déjese a los centros que puedan elegir qué sistema de provisión quieren para sus comedores escolares.

Dieciocho millones, se dice pronto, es la multa con que la Autoridad Vasca de la Competencia ha sancionado a siete empresas de catering que se han hecho con las adjudicaciones realizadas por el Departamento de Educación para atender los comedores de los centros públicos. La causa: haber constituido un cártel para repartirse el mercado y acordar los costes, vulnerando el principio de la libre competencia, para, lógicamente, incrementar sus beneficios, hasta un 30% según publica algún medio de comunicación. Vaya por delante que las empresas en cuestión tienen todavía la posibilidad de recurrir. Quienes nos movemos en el mundo de la enseñanza no hemos podido menos que reacomodarnos en el asiento para encajar la desazón que produce la noticia, mientras nos asaltaban las primeras preguntas y reflexiones.

Ahí va la primera. Siendo el período de investigación desde al menos el 2003, ¿cómo ha podido pasar desapercibido el fraude, incluso a personas acostumbradas a lidiar con estos temas? ¿A nadie de la Administración le ha llamado la atención nada nunca, cuando las empresas, al parecer, ofrecían sus servicios al tope del coste establecido por el Gobierno Vasco? Otra segunda cuestión que acude a bote pronto es preguntarse si los dieciocho millones cubren el fraude o si sigue siendo rentable la trampa, porque incluye la amortización de la multa y quedan todavía sustanciosas ganancias.