Continuidad en Educación

Estamos en ese tiempo de quinielas, de inseguros aciertos, que tanto gustan en los medios informativos. Con un ligero adelanto sobre las previsiones iniciales, el lehendakari Urkullu, comunicaba la semana pasada los nombres de los miembros que formarán el nuevo Gobierno vasco. Quedaba despejada la principal incógnita.

Se ha elucubrado mucho sobre el grado de cambios que el pacto PNV-PSE introduciría entre las personas del anterior equipo Urkullu y sobre el reparto de competencias para cada partido. Tras despejarse las dudas, hay coincidencia en dos cuestiones: el núcleo duro de áreas de gestión permanece en manos nacionalistas (un buen amigo se preguntaba con sorna si no era el momento de diferenciar consejerías y conserjerías, conocida la parte recibida por los socialistas) y se mantienen las personas en las que Urkullu confió los cuatro años pasados.

Que el PNV vaya a gestionar directamente 96 de cada 100 euros de la ciudadanía vasca explica claramente el modo en que se ha hecho valer el peso electoral de cada partido político en el acuerdo suscrito.  Que el futuro despeje la duda de si hubo imposición jeltzale  o dejación socialista. Sea como fuere, lo cierto es que este acuerdo transversal de país (primera con cuarta fuerza electoral, suma de ideologías nacionalista y socialista, planteamientos moderados de gestión, centro izquierda-centro derecha,…) se pondrá en marcha para alegría de muchos/as (de aceptar la opinión mayoritaria en las encuestas sobre este pacto) y decepción/desesperación del resto (los/as confiados/as en que el 25S cambiaría sustancialmente la anterior correlación de fuerzas).

Solventado el trámite del reparto de las carteras que gestionarán los dos partidos coaligados, falta por conocer ahora la letra pequeña: los nombres de los/as responsables de las distintas áreas (viceconsejerías, direcciones generales, asesorías,…) sobre los que recaerá realmente el peso de la gestión técnica y administrativa  del gobierno de la IX legislatura de la democracia vasca. Y como suele ocurrir en la mayoría de los documentos importantes, esta letra pequeña es capital para entender su esencia. Fijémonos, por ejemplo, en el ámbito educativo.

Superada la sorpresa de que la consejería de Educación mantendría a su máxima responsable cuatro años más, es crucial conocer la composición del resto del equipo, tanto en Lakua como en las delegaciones territoriales de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava. Porque es cierto que Cristina Uriarte como cabeza visible tiene una responsabilidad (incuestionable en la gestión directa y en la elección de sus colaboradores/as), pero no lo es menos que es el equipo en sí el que debe dar la talla en los momentos complicados. Y hasta ahora, no ha sido el caso.

El equipo anterior se encontró, casi al comienzo del mandato, con un problema de calado inesperado, la tramitación de la LOMCE y su impacto  en la CAPV con la invasión de competencias autonómicas que produjo. También es cierto, sin embargo, que ya para entonces la Consejería de Educación habían dado síntomas de no controlar lo que tenía entre manos: diálogo escaso, incapacidad de identificación de los agentes educativos, tardanza en la comunicación de las líneas estratégicas,… Parecía que la inexperiencia en el cargo era consecuencia de esa cesión continua nacionalista de la educación a otros partidos, cada vez que había gobiernos de coalición (con el PSE o con EA), siempre según opinión de los/as bienpensantes;  los/as más maliciosos se inclinaban por pensar que era simple y llanamente el resultado de la escasa importancia que el PNV ha concedido siempre a la gestión de la educación vasca, allí donde ha tenido oportunidad de hacerlo.

Y todo parece indicar que han sido estos últimos (los/as malpensados/as) quienes han tenido razón. En esos tiempos de zozobra que siguieron a la tramitación parlamentaria de la LOMCE, el Departamento se dedicó a lanzar misivas contrarias a la ley, mientras armaba su buque insignia, Heziberri 2020.  Y lo hizo con fuerza desigual: disminuía su rechazo a la ley española, mientras aumentaba esfuerzos por su proyecto autonómico; lanzaba comunicados de prensa, reclamando las competencias autonómicas heridas por la ley, cuando estaba construyendo dos de los tres proyectos en que fundamentar Heziberri; enviaba personal negociador a Madrid (su éxito más notable, la transitoriedad conseguida para retardar la llegada de la Formación Profesional Básica, auténtico desastre de implantación en el resto de España), pero reservaba sus principales fuerzas para atraer a su proyecto a los que aún siguen siendo principales aliados, Kristau Eskola y las ikastolas, a la vez que ignoraba al resto de agentes educativos vascos de la Escuela Pública.

Mientras tanto, en otras áreas de gestión educativa, como la de Innovación Educativa, todos los esfuerzos se centraban en un “copia y pega” de gestiones anteriores, convenientemente euskaldunizadas (Prest Gara, sustituyendo a Garatu, Hezkidetza Plana en vez de Convivencia, Sare Hezkuntza por Eskola 2.0, o  Adi-Adian en lugar de Programa de Víctimas en el aula, por citar sólo algunos). El resultado, un marasmo de oferta a los centros educativos  que debían seleccionar sin demasiada información y  configurar, así,  su proyecto educativo de centro.

En el otro extremo del Departamento, la viceconsejería de Formación Profesional, con margen de actuación propio, semiautónomo, empeñada en convencer al mundo sobre las ventajas del sistema profesional vasco, mientras se organiza a través de una red de centros integrados, muy enfocada al ámbito laboral, pero que genera dudas sobre si todas las estructuras organizativas (Consejos Sociales, profesorado, IVAC,…) están preparadas al ritmo  trepidante que marca su viceconsejero.

Y en el resto de asuntos de competencia de la consejera, mucha, mucha incertidumbre: indefinición de los modelos lingüísticos –aparentemente manteniéndose los tres, aunque solo fuese para negociar con Wert-; nula cintura en la negociación colectiva del personal docente no universitario, con un convenio finalizado en 2012 y sin voluntad de mejora; escaso acierto en la dignificación y reconocimiento público de los y las profesionales de la Educación vasca; nula voluntad de participación en una mesa tripartita de la Enseñanza Concertada (Administración-patronales-sindicatos); retroceso en la negociación con la UPV en los contratos-programa  y financiación autonómica, provocando las quejas públicas del propio Rectorado  (la más reciente, la de la nueva rectora Nekane Balluerka, tras su toma de posesión); desconsideración hacia las y los trabajadores dependientes directamente de su gestión (profesorado interino y funcionario, personal  docente y educativo, personal laboral de cocina y limpieza) que tras sesiones interminables de negociación finalizaron la legislatura en las mismas condiciones en las que la habían iniciado; todas ellas son muestras del escaso éxito conseguido por el Departamento de Educaciòn del Gobierno vasco.

En fin, escasas esperanzas de que el conocimiento de los nombres  de las personas que configurarán el equipo de la continuadora Cristina Uriarte, ofrezcan un giro de ciento ochenta grados en las políticas educativas a realizar, tan necesarias  para que la comunidad vasca mejore. Hay vida, mucha vida más allá de la nueva ley educativa y de los buenos resultados  (fracaso, abandono escolar,…) que obtiene Euskadi en parámetros comparativos. Pero hay que descubrirla, sin tanta autocomplacencia.

 

Estamos en ese tiempo de quinielas, de inseguros aciertos, que tanto gustan en los medios informativos. Con un ligero adelanto sobre las previsiones iniciales, el lehendakari Urkullu, comunicaba la semana pasada los nombres de los miembros que formarán el nuevo Gobierno vasco. Quedaba despejada la principal incógnita.

Se ha elucubrado mucho sobre el grado de cambios que el pacto PNV-PSE introduciría entre las personas del anterior equipo Urkullu y sobre el reparto de competencias para cada partido. Tras despejarse las dudas, hay coincidencia en dos cuestiones: el núcleo duro de áreas de gestión permanece en manos nacionalistas (un buen amigo se preguntaba con sorna si no era el momento de diferenciar consejerías y conserjerías, conocida la parte recibida por los socialistas) y se mantienen las personas en las que Urkullu confió los cuatro años pasados.