En conversación a propósito de las cuotas escolares

No parece entenderse muy bien que los centros educativos de titularidad privada puedan existir con todas las de la ley, nunca mejor dicho, y sin embargo, no puedan cobrar cuotas. Parece una contradicción. Si son privados, ¿por qué no pueden cobrarlas?

Es que los centros educativos privados sí pueden cobrar cuotas, mientras no soliciten, y se les conceda, claro, financiación pública bajo la fórmula de “concierto pleno”. Una fórmula planteada por la LODE en 1985 para los niveles educativos obligatorios, y desarrollada posteriormente por el Decreto de 1987 del Gobierno vasco, que no es una subvención, sino un contrato. Si responde a necesidades educativas, el poder público se compromete a financiar los gastos educativos del centro privado que lo solicita y a incorporarlo a su programación. A cambio, el centro se compromete a abrir su gestión a los usuarios de sus servicios, al control económico de la Administración educativa y a realizar su actividad docente de manera totalmente gratuita.

En el caso vasco, al menos, el concierto educativo está funcionando de forma muy diferente. No sólo por su extensión, más allá de los niveles obligatorios para los que fue pensado. Tampoco por su carácter universal al concertarse todos los centros que lo solicitan. Ni por su cuantía, la mayor de todas las comunidades autónomas. La otra gran diferencia es que carece de ese carácter contractual en la práctica. Ni los poderes públicos ni los centros privados consideran que su suscripción sea más que un formalismo imprescindible para otorgar y recibir financiación pública.

Según un informe con datos oficiales del INE, realizado por Esade EcPol este mismo año, más del 90% de los centros exige dinero a su alumnado por sus enseñanzas. De hecho, Euskadi es la comunidad autónoma donde más extendida está esa práctica de cobro de cuotas y la tercera con importes medios más altos. No sólo el INE, al que recurre el informe de Esade EcPol, tiene registrados esos cobros. También el EUSTAT, que permite calcular cuánto cobran, como media por “cuota de escolaridad”, los centros concertados vascos a cada estudiante: 811 euros en Educación Primaria al año y 793 euros en ESO. Unas cifras que pueden parecer altas, pero que están incluso por debajo de ese mismo informe aludido, que con datos estatales también oficiales, marca en 960 euros anuales esa media, que desglosa además según distintas variables, o de encuestas como las que realiza Garlic B2 para CICAE y CEAPA.

Son cantidades que resultan sorprendentes, toda vez que el País Vasco es la comunidad autónoma que financia a estos centros concertados con un módulo mucho mayor. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid paga por cada unidad de Educación Primaria 65.789 euros anuales, mientras que la Administración vasca paga por ese mismo concepto 82.949 euros. Esto es, la financiación pública en Euskadi es mucho más alta, pero las cuotas también son altas y están más extendidas incluso.

“La escuela concertada del País Vasco es el paradigma, simultáneamente, de un muy buen nivel de financiación combinado con unos elevados gastos no concertados”, dice el informe de Esade EcPol. Parece una paradoja, pero demuestra que las cuotas que se cobran a las familias no son producto de una insuficiente financiación pública. Sólo hay un muy pequeño porcentaje de casos en los que esa financiación que aportan las familias sirve para “tapar” algún agujero financiero, pero esos centros no llegan ni a un 10% del total. De hecho, el EUSTAT ofrece otro dato muy revelador: la financiación pública que recibieron de 2015 a 2021 los centros privados en los niveles de Educación Primaria y Secundaria creció un 19%. Pero la cantidad por cuotas de enseñanza no solo no disminuyó en el mismo período, sino que se incrementó, hasta un 16% más. Y es que, en su mayor parte, las cuotas son totalmente independientes de la financiación pública, sólo dependen de la voluntad del titular de cada centro. Por eso, centros concertados con la misma financiación pública cobran distintas cuotas a las familias. Uno puede cobrar treinta euros mensuales y otro hasta cinco veces más. Esto no tiene que ver con el derecho a la educación, sino con la voluntad de llegar con su proyecto a un determinado segmento de la población, y en muchos casos, sólo a ese. Este es el fondo del copago educativo, realizar un proceso de selección del alumnado que se hace a la luz del día, pese a la financiación pública que reciben y que exige, justamente, lo contrario: la gratuidad. Como lo exige asimismo, el derecho a la salud. Nadie acepta como legítimo un copago por una transfusión de sangre, un trasplante de órganos o una cama en un hospital financiado con fondos públicos. Al parecer, el derecho a la educación no disfruta de ese estatus.

La nueva consejera vasca de Educación ha afirmado que nos encontramos en un “proceso hacia la gratuidad”, en el que se han tomado medidas, entre ellas, incrementar la financiación a los centros concertados. “Si la Administración pone más dinero, los centros educativos tienen que reducir cuotas”, ha dicho la consejera Begoña Pedrosa.

Y es un paso atrás respecto a las promesas realizadas por el lehendakari Iñigo Urkullu en el Parlamento vasco el 2 de diciembre de 2022: “Estamos reforzando los sistemas de seguimiento, de control y de evaluación. Estamos poniendo en marcha un nuevo proceso. Vamos a adoptar medidas para reforzar el control de las cuotas. Primero, estamos realizando un inventario para identificar en detalle qué tipo de cuotas se están cobrando, y autorizar únicamente aquellas cuotas que sean no educativas. Y, segundo, vamos a publicarlas en la web, para que quien matricule a su niño o niña en un centro sepa qué tipo de cuotas cobra y cuál es su finalidad. Serán cuotas voluntarias por servicios no educativos”. Pero ahora, eso se olvida y sólo se habla de “reducir”, pese a que el pasado 3 de septiembre, el Gobierno vasco aprobaba una Orden, en cuyo artículo 6º aparece textualmente que “de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 293/87, de 8 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Conciertos Educativos los centros no podrán percibir del alumnado cantidad alguna en concepto de enseñanza por financiarse todas las enseñanzas con concierto pleno”. Podría haber añadido otras referencias normativas, como la LOE reformada en 2020 o la Ley Vasca de Educación aprobada en diciembre del pasado año, porque todos los textos legales dictan la prohibición taxativa de las cuotas, y ninguno establece un “proceso transitorio” para su eliminación, y menos aún para su “reducción”. Y es que el Gobierno vasco no puede llevar al Boletín Oficial lo que dice de viva voz.

A comienzos de este curso, un director de un centro concertado de Donostia respondía que si la Administración aportaba una financiación mayor, podrían “ir bajando la cuota en un proceso progresivo”. Y exponía su propio caso: “hace dos años, en un curso anterior, el concierto subió un poquito y nosotros bajamos también la cuota, cerca de unos 5 euros, y desde entonces se ha mantenido, la tenemos bloqueada.”

Ese centro, que se pone a sí mismo como ejemplo, cuenta con unos 2.200 alumnos y alumnas. Disminuir en cinco euros la cuota a sus estudiantes supone dejar de ingresar en torno a 11.000 euros, pero el incremento de financiación que recibió por el concierto educativo entre el curso 2022-2023 y el 2023-24, ese “poquito”, fue de casi 550.000 euros. Y eso sin contar todos los atrasos para incrementos salariales que percibirá por medio de la ley que aprobará el Parlamento vasco los próximos meses. Lo que nos están diciendo con sus ejemplos estos centros, ese “si me pagan 250 euros más, te rebajo cinco”, y el propio Departamento de Educación con sus alambicadas explicaciones, es que el “proceso” para reducir a cero las cuotas de escolaridad que cobran la gran mayoría de centros concertados pasa, cuando menos, por duplicar o triplicar la financiación pública que actualmente reciben.

Las asociaciones de centros privados no han tenido reparos en justificar las cuotas escolares, las estadísticas oficiales las recogen, y los responsables educativos las reconocen, pese a no contar con ninguna base legal. El cobro de cuotas coadyuva a una dinámica de mercado que influye de forma decisiva en la igualdad de acceso al derecho a la educación.

Como “peajes” les ha llegado a calificar en alguna ocasión la titular de Educación, y es una calificación certera, porque sacar la gratuidad de la ecuación altera todo el panorama. Si el centro puede optar por un alumnado de origen más “selecto”, con mayor poder adquisitivo, y consecuentemente más homogéneo, lo hará, porque está atrapado por una lógica de mercado. Ello le proporcionará a su vez, mayores recursos que, en la mayoría de los casos (habrá quienes lo dirijan al lucro personal, pero serán los menos), repercutirá en mayores servicios, lo que a su vez, atraerá a un “cliente” con más capacidad de elección. Es una espiral sin fin, sostenida por una amplia base de financiación pública y el apoyo social de un sector que considera que se seleccione al alumnado es más importante que se consigan unos buenos rendimientos educativos. Y cuanto más amplia es esa base, más altura alcanza la cúspide. Mientras se pague por lo que se promete y no por lo que realmente se hace, el problema seguirá. Pero no vayamos tan rápido en cuanto a su legalidad. Las cuotas de escolaridad ya han empezado a abrirse un hueco en la normativa vasca. Al menos, en una cuarta parte de los centros concertados, aquellos que adoptan la forma empresarial de cooperativa. El Decreto de Admisión 132/2022 y las órdenes que lo desarrollan proporcionan una puntuación añadida por la “condición de socio o socia cooperativista del centro solicitado de alguno de los miembros de la unidad familiar”. ¿Alguien conoce una cooperativa de enseñanza que no solicite al menos una cuota inicial e incluso cuotas de mantenimiento? Nadie las conoce, porque no existen. La legislación básica establece que las cooperativas tendrán preferencia para la suscripción del concierto, no que los cooperativistas tengan un privilegio de admisión porque, obviamente, eso implica un trato desigual que tiene una base socioeconómica: la condición de socio implica el pago de una cuota. Pues así, de rondón, las cuotas ya están en nuestro ordenamiento. La Administración educativa vasca es más proactiva de lo que parece.