En los últimos tres años, un equipo de investigadores dirigido inicialmente por la extinta Bakeaz y acogido después por el Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto ha trabajado desde diversos puntos de vista para establecer las consecuencias de la extorsión mafiosa practicada por ETA en la sociedad vasca. En el curso de dicha investigación se ha podido recabar el testimonio de más de doscientas personas que sufrieron directamente la amenaza terrorista o la vivieron de cerca. Gracias a ellos, y a lo que ya se conocía por la hemeroteca y por trabajos publicados con anterioridad, podemos acercarnos a una realidad que estuvo oculta durante mucho tiempo en el País Vasco.
ETA extorsionó a lo largo de varias décadas a miles de empresarios, directivos y profesionales para que pagaran el que eufemísticamente calificaba como “impuesto revolucionario”. La banda terrorista ejerció sobre estas víctimas de persecución una fuerte presión chantajista que se tradujo en amedrentamientos a sus familiares, atentados, secuestros y, en ocasiones, asesinatos, provocando un enorme sufrimiento a un círculo amplio de población. Las decisiones de estas personas se vieron condicionadas por su convivencia habitual con el terror.
La paralización de proyectos empresariales y la huida a otras geografías más amables causó un daño económico importante, así como la pérdida de oportunidades de inversión provenientes del exterior, pues el ambiente de miedo y hostilidad que se respiraba no era propicio para atraer a inversores.
Proyectos fracasados, como el de la central nuclear de Lemóniz, o encarecidos, como algunas infraestructuras relevantes (la autovía de Leizarán), también supusieron un elevado coste económico, al que habría que sumar la dificultad de aprovechar al máximo el potencial turístico de la región y la posible influencia perniciosa sobre la vocación empresarial de la juventud, que se traduce en un número menor de emprendedores. A su vez, a este fenómeno preocupante debemos unir el del agravamiento de los problemas de la sucesión en la empresa familiar vasca y la falta de atracción de talento del exterior. En el mundo globalizado en el que vivimos y competimos el talento viaja cada vez más y se asienta donde se encuentra más cómodo o tiene más oportunidades. Atraer talento al País Vasco ha sido durante décadas una tarea muy difícil en este ambiente de violencia y hostilidad extrema hacia la figura empresarial.
Según informes periciales y la investigación de Florencio Domínguez, los costes directos totales causados por la actividad terrorista ascienden a unos 20.000 millones de euros (actualizados a día de hoy). Pero este coste directo es muy inferior al que ETA ha podido causar por la vía de la reducción del potencial de crecimiento. Atendiendo a diversos estudios que han empleado comparaciones con otras regiones que no han sufrido a ETA, el País Vasco sería más rico y más poblado sin la existencia del terrorismo. No se habría marchado tanta gente y habríamos atraído a más personas gracias a la existencia de mayores oportunidades y negocios.
No resulta una tarea sencilla aglutinar todos los factores de coste económico y traducirlos con exactitud en un porcentaje de PIB perdido para la economía vasca y navarra. Pero más allá de que se logre establecer una cifra aproximada, existe otra consecuencia más profunda de la extorsión y la actividad terrorista que las entrevistas realizadas han sacado a la luz. Se trata de la perversión de las relaciones laborales, mercantiles, políticas y culturales entre los ciudadanos. El empleo de la violencia ha provocado víctimas pero también beneficiarios que han tratado de aprovecharse de la extorsión terrorista forzando la toma de decisiones que les favorecían en las negociaciones entre sindicatos y empresarios, en transacciones mercantiles, en el apoyo social a causas aparentemente culturales y en la consecución de determinados objetivos políticos. Estas prácticas mafiosas han emponzoñado las relaciones sociales y, a la larga, suponen un peligro y un coste superior al de cualquier otro concepto.
En lo que respecta al mundo de las relaciones laborales, muchos empresarios han sentido la tentación durante años de aceptar las reclamaciones del sindicato abertzale LAB porque así evitaban problemas con ETA, y LAB empleaba la ventaja que tenía en la negociación para obtener mayores prebendas y competir ventajosamente con los demás sindicatos. Sumado a ello, en el País Vasco todos hemos conocido la existencia de prácticas mafiosas contra comercios. Si no querías que te quemaran el negocio o te destrozaran el escaparate debías solidarizarte con la hucha por los presos, colaborar en la campaña de promoción del euskera y cerrar cuando se decretaba jornada de lucha o huelga general.
Gracias a los testimonios recabados hemos podido conocer también ventas forzadas de empresas y de inmuebles, conversiones obligadas de negocios privados en cooperativas y amenazas a la competencia para ostentar el monopolio local de un negocio. Seguramente, tales comportamientos mafiosos no desaparecerán de la noche a la mañana, pero la anulación de la amenaza de muerte desde 2011 llevará sin duda a la consecución de mayores cotas de libertad personal en la sociedad vasca.
ETA, en definitiva, ha constituido una rémora para el desarrollo del País Vasco que sólo en parte ha podido ser paliada gracias a la intensa utilización de una autonomía fiscal pactada con el Estado en términos favorables. Más allá de una cifra de PIB determinada o un número por concretar de oportunidades perdidas, la peor consecuencia de su actividad ha consistido en la intoxicación de los vínculos entre los individuos, pervirtiendo sus relaciones laborales, mercantiles y políticas. Este es el veneno del que la sociedad vasca más tiempo tardará en curar.
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