El pasado 18 de septiembre, el Instituto de Estudios Educativos y Sindicales (IEES) de la Fundación 1º de Mayo, de CCOO, presentó en Madrid, con participación de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y del propio secretario general del sindicato, Unai Sordo, el informe 'En defensa de los Derechos Humanos de la Infancia', con amplia asistencia y representación de las organizaciones que han participado en su elaboración.
El IEES justificaba la necesidad del documento por la sospecha –confirmada– de que el mundo de la infancia está pasando por una serie de vicisitudes que le hacen especialmente vulnerable, también en entornos aparentemente protegidos como son los países del mal llamado primer mundo: el bombardeo indiscriminado de propaganda, la escasez de medidas protectoras en entornos digitales, la desprotección en ámbitos familiares o la falta de políticas educativas precisas para la primera infancia son algunos ejemplos de que este informe era necesario.
El informe se inicia con el prólogo de Rubén Pérez, secretario de Estado del Ministerio de Juventud e Infancia, titulado “Europa y España ante el reto de universalizar los derechos de la Infancia”. En el texto, Pérez se muestra preocupado por la afectación en la situación de la infancia y adolescencia de la polarización del discurso pro y anti UE, pese a los informes que señalan la situación de emergencia de los derechos de las y los niños. De ahí que señale como un acierto la creación en España del Ministerio de Juventud e Infancia.
El autor es consciente de que continuar con las consignas europeas en favor de estos colectivos exigirá a España avanzar en la legislación en materia de participación infantil y juvenil. También es reseñable la aportación de Pérez al señalar la reciente aprobación del anteproyecto de ley orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales. En esa línea se ha creado un comité de personas expertas (50 miembros) que analiza en un informe las buenas prácticas, así como las recomendaciones para generar entornos seguros.
El artículo de UNICEF España, firmado por Adriana Negueruela, lleva por título 'El estado de la infancia en la Unión Europea'. En él se analizan los retos y el impacto de la Estrategia europea de Derechos de la Infancia. No es casual que, siendo la UE el espacio sociopolítico que más se preocupa de los valores de defensa democrática –lo que no es indicativo de que todos los países miembros los respeten–, se preocupara de elaborar una normativa de control y respeto de los derechos humanos de la infancia. La pobreza, la desigualdad o la discriminación por raza, origen o religión –como señala Adriana– siguen negando a millones de niños, niñas y adolescentes sus derechos. De ahí que se necesite una estrategia para abordar de manera integral la realidad de esta infancia y los retos que marcan en su día a día.
El artículo analiza cuatro claves para conocer el bienestar infantil: pobreza, salud mental, derechos digitales y cambio climático. Respecto al primero (pobreza), en la UE se considera que uno de cada cuatro niños y niñas, cerca de 20 millones, se encuentra en esta situación. España ocupa el primer puesto (más del 28%). Entre las causas, Negueruela destaca la incidencia de la pandemia por COVID-19 y la guerra de Ucrania.
Tampoco en la salud mental sale la UE bien parada. Se calcula que 11 millones de niños y niñas y jóvenes de hasta 19 años padecen algún trastorno mental, siendo, de nuevo la pandemia una de las causas principales. Además, este colectivo infantil es el grupo más vulnerable a los daños medioambientales. Las infraestructuras básicas (escuelas, centros de salud o viviendas) no están preparadas para enfrentarse a posibles fenómenos meteorológicos extremos.
Por último, la falta de formación, sensibilización previa o desigualdad en el uso de la tecnología coloca, una vez más, a este colectivo es situación deficiente. Según una encuesta de 2020 en 15 países de la UE, alrededor del 10% de este colectivo afirmaron haber sufrido ciberacoso al menos una vez en el último año.
Clara Burriel, en nombre de Save The Children, presenta un artículo sobre la especialización de la justicia en el marco de la estrategia europea. Habla de la violencia sexual que sufre este colectivo (en torno al 20% en la UE, entre 10 y 20% en España), asegurando que lo que indican los datos oficiales no es sino la punta del iceberg. Apunta a la necesidad de un cambio de paradigma que acabe con el silencio ante la denuncia, en la que el miedo, el desconocimiento, la falta de recursos o el estigma social juegan un papel fundamental.
De ahí la importancia de la aprobación de la LOPIVI (Ley Orgánica de Protección integral a la Infancia y adolescencia frente a la Violencia) y de la estrategia europea por situar a niños y niñas en el centro de la defensa, aunque reconoce que, al menos en España, el sistema judicial no está adaptado todavía a la infancia y adolescencia como víctima. Por ello es importante difundir el modelo Barnahus (casa de los niños en islandés), en el que en un mismo espacio conviven las víctimas y los equipos de atención y judicialización que intervengan en los casos de abuso sexual infantil. Este método está aún iniciándose en España –desde la experiencia de Tarragona–, pero son cada vez más las comunidades autónomas que desean iniciar la experiencia.
Burriel demanda, por tanto, una formación continua de todos los y las profesionales que trabajen con la infancia y adolescencia, incluyendo en esta petición un nuevo modelo de justicia especializada.
Desde Euskadi llega el artículo de Isabel González y Arkaitz Gorritxo para valorar su participación en la recientemente aprobada Ley de Infancia autonómica. En su valoración, consideran que el mayor éxito de la norma es haber pasado la infancia de ser sujeto de protección a titular de derechos. Así, la ley garantiza unas condiciones de seguridad humana, que van más allá de la agresión física o emocional y se fundamentan en la obligación de generar condiciones materiales, físicas e institucionales que garanticen el bienestar de la infancia y adolescencia. Se introducen conceptos novedosos, como el buen trato, el interés superior del menor o la participación activa en las políticas públicas. Sin embargo, no todo está conseguido con la ley. Ahora, según los autores, debe ser prioritaria la lucha contra la pobreza infantil, ya que el 16,7% de las y los menores de 14 años en Euskadi se encuentran en situación de pobreza real o ausencia de bienestar.
Javier Guzmán, desde la ONG Justicia Alimentaria, insiste en la regulación de la publicidad infantil porque mientras que no exista –o no se respete– la salud poblacional estará en desventaja con los intereses corporativos de las industrias alimentarias. Un estudio que cita en su artículo (“Sin defensa en la alimentación que enferma') señala que la población infantil recibe un impacto de 4.00 anuncios al año sobre alimentación, de los cuales dos tercios pueden considerarse poco saludables. Tenemos un problema serio de obesidad infantil, que incide, además, en el tipo de renta familiar. Cuanto más baja es, mayor es el riesgo de obesidad. Mientras tanto, las administraciones siguen mirando hacia otro lado ante tal situación.
El autor considera que hay solución aceptable: aplicar el perfil nutricional de la región europea de la OMS, diseñado para este fin. Portugal lo hace desde 2010. De hacerlo también España, podrían eliminarse (“salvarse”) el 23% de los anuncios.
El informe se cierra con el artículo 'La Educación Infantil del Primer Ciclo, una etapa en proceso de construcción', de los profesores Adriano Villar y María Jesús Mancebón, de las Universidades de La Rioja y Zaragoza, respectivamente. Su primera aseveración es concluyente: “los servicios de atención y cuidado de calidad en la primera infancia se han convertido en una prioridad política y social”. Sin embargo, es muy dispar la realidad en cada país: entre el 70% de escolarización de los países nórdicos y el 10% de Hungría o Eslovaquia, se encuentra España, con un 56%. Sin embargo, como ya han denunciado organizaciones sindicales –FECCOO entre ellas- y sociales, la oferta pública es muy insuficiente, no ofreciéndose esta etapa educativa de forma gratuita a toda la población.
La LOE (2006) y la LOMLOE (2020) son las leyes que han devuelto el componente educativo a esta etapa de 0-2 años. El trabajo, a partir de ahora, será que las administraciones encuentren la forma de generalizar este servicio educativo y muy especialmente a aquellos colectivos más vulnerables económicamente. De ahí que en opinión de los autores del artículo sea urgente que los gobiernos prioricen la investigación educativa de esta primera etapa, por lo que es fundamental que generen datos sobre la misma y faciliten su acceso a los y las investigadores/as.
En conclusión, el informe 'En defensa de los Derechos Humanos de la Infancia', presentado en Madrid en septiembre, busca generar reflexión entre instituciones y la ciudadanía que genere mayor claridad sobre el tratamiento adecuado de protección que deberíamos estar dedicando a nuestra infancia. De conseguirlo, haríamos realidad esa idea de Simone de Beauvoir para quien el adulto no es sino un niño inflado por la edad.
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