Ecuador, Argentina, Guatemala

El pasado 9 de enero la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador hacía público un comunicado ante la ola de violencia que vive el país. La CONAIE no se limitaba a la condena fácil de una serie de hechos violentos que, incluso, alcanzaban eco internacional. La toma de varias prisiones con secuestro de funcionarios, la explosión de coches-bomba o el asalto en directo a un canal de televisión, eran actos que descolocaban muchos análisis. El gobierno respondía con la declaración del estado de excepción, el toque de queda, el ejército en las calles y la suspensión de derechos. Pero, la clave no estaba tanto en los actos en sí como en sus protagonistas. La ola de violencia no era consecuencia de un levantamiento popular ni de un golpe de Estado con las correspondientes actuaciones brutales de militares y policías. Aquí, la autoría recaía en el crimen organizado, en cuya cúspide se encuentra el narcotráfico local, estrechamente conectado con los cárteles mexicanos. En los últimos años Ecuador ha pasado a convertirse en la base de exportación de la droga colombiana y peruana hacia los Estados Unidos.

Pero, como decíamos antes, más allá de ciertos simples análisis, de condenas fáciles o de atribuciones de responsabilidad única a la delincuencia, la CONAIE señalaba que esta situación es el resultado de un profundo problema estructural, causado por la radicalización de las políticas neoliberales durante los últimos dos gobiernos de Lenin Moreno y Guillermo Lasso. La organización indígena subrayaba como ese extremismo neoliberal ha destruido al Estado y sus instituciones (semidesmanteladas y corruptas), además de provocar un aumento vertiginoso de la desigualdad y la pobreza que arrastran a miles de jóvenes hacia el llamado crimen organizado. En suma, destruido todo el entramado de relaciones sociales, políticas, económicas y culturales que tejen una sociedad, se da un “sálvese quien pueda” donde las élites solo se preocupan de aumentar su propia seguridad, riqueza y privilegios y las grandes mayorías de sobrevivir, mientras el Estado desaparece, perdiendo toda su legitimidad.

Pero esta crisis, que algunos tratarán de circunscribir a Ecuador y la explicarán como propia de un país subdesarrollado, es más corriente de lo que pudiera parecer y, desde luego, hoy traspasa sus fronteras. En El Salvador la aparente lucha sin cuartel contra el crimen organizado ha llevado a la cárcel sin juicio a más de setenta mil personas, con una suspensión generalizada de los derechos civiles y políticos. Quizá hacia esto mismo se aboca ahora Ecuador.

Por otra parte, hace escasas semanas asistimos a la victoria y posterior toma de posesión en Argentina del ultraliberal Javier Milei. Posiblemente, como resultado del cansancio de la sociedad de este país ante la no solución de la permanente crisis económica que ha disparado la inflación y el empobrecimiento a niveles no vistos desde hace varias décadas. Los objetivos de Milei, que hace gala de una radicalización extrema de los postulados neoliberales, pretenden también la desaparición de las políticas sociales que, hasta la fecha, mal que bien, paliaban algunas de las consecuencias más duras de la crisis. Dar cobertura a las necesidades sociales básicas es considerado como un despilfarro de las arcas del país en vez de un derecho de las personas.

Pero este personaje va más allá. Milei, con unas políticas erráticas desde los primeros días de su gobierno, pretende igualmente el desmantelamiento total del Estado, haciendo desaparecer ministerios, cerrando el Banco Central o privatizando todas las empresas públicas.

Y la atónita sociedad argentina ya sufre los primeros resultados con miles de despedidos, el adelgazamiento de las instituciones y estructuras del Estado y la venta barata al mejor postor, que en muchos casos será a los mejores amigos nacionales e internacionales, de sectores económicos estratégicos, entre ellos la petrolera estatal o las aerolíneas nacionales. Con solo un mes en el gobierno Milei tiene ya a la economía argentina en estado de shock y las cifras deparo batiendo récords. Mientras, su intención se dirige hacia una forma de gobierno con amplias atribuciones, que suponga arrinconar al legislativo. Este propósito evidencia una clara intención de dejar de lado el propio sistema democrático, caminando así hacia posturas más cercana al autoritarismo. En las calles de Argentina, el ruido de las caceroladas, recurrentes históricas de la protesta social, vuelve a escucharse.

En un orden similar, pero en otro país del continente, el proceso de bastardización de las políticas neoliberales se repite hasta el esperpento. En Guatemala, el pasado 20 de agosto, rompiendo la serie histórica de las últimas décadas, fue un día de sorpresas agradables. Por primera vez una fuerza política de centro izquierda derrotaba a la élite política y económica que ha sometido al país en función de sus intereses personales. El conocido como “pacto de corruptos” reúne a una parte importante de esas élites, más otra parte de la judicatura y algunos otros elementos de sectores policiales y militares. Esa red ha controlado el país durante los años más recientes y, como su calificativo indica, el elemento que la constituye es la corrupción integrada en todas las estructuras del Estado. De hecho, Guatemala seguía siendo gobernada como una finca particular al entero servicio del patrón, que no es otro que ese pacto de corruptos, con complicidad del capital internacional.

Pues bien, desde el 20 de agosto, ante el riesgo por perder sus privilegios, ese pacto ha puesto en marcha toda una serie de acciones desestabilizadoras para imposibilitar la llegada del nuevo gobierno. Actividades que han ido desde el aumento de los procesos de criminalización contra sectores populares, periodísticos o judiciales no sujetos a los intereses del pacto, hasta el intento permanente del golpe de Estado que cerrara las puertas a la posible nueva primavera para Guatemala. Es, como en los casos anteriores, la plasmación de la radicalización del neoliberalismo que, ante el riesgo por perder sus privilegios y poder, no le importa atacar directamente al mismo sistema democrático. En este país centroamericano, solo la determinación de la población, especialmente la indígena, que ha salido en defensa de la democracia, ha imposibilitado el golpe de Estado.

Las situaciones de estos tres países, a los que podríamos sumar otras, como es el aumento de las derechas extremas en Estados Unidos o Europa, así como la resolución de conflictos políticos mediante genocidios como el que Israel -con gobierno también ultraderechista- lleva adelante contra el pueblo palestino con la complicidad de las élites occidentales, no es sino muestra de la decadencia y fracaso absoluto del neoliberalismo como opción política y económica. El problema grave es que este ha decidido, como se suele decir, morir matando. Y esto explica la aparición esos hijos bastardos que provocan situaciones extremas en Ecuador, Argentina, Guatemala o…

El pasado 9 de enero la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador hacía público un comunicado ante la ola de violencia que vive el país. La CONAIE no se limitaba a la condena fácil de una serie de hechos violentos que, incluso, alcanzaban eco internacional. La toma de varias prisiones con secuestro de funcionarios, la explosión de coches-bomba o el asalto en directo a un canal de televisión, eran actos que descolocaban muchos análisis. El gobierno respondía con la declaración del estado de excepción, el toque de queda, el ejército en las calles y la suspensión de derechos. Pero, la clave no estaba tanto en los actos en sí como en sus protagonistas. La ola de violencia no era consecuencia de un levantamiento popular ni de un golpe de Estado con las correspondientes actuaciones brutales de militares y policías. Aquí, la autoría recaía en el crimen organizado, en cuya cúspide se encuentra el narcotráfico local, estrechamente conectado con los cárteles mexicanos. En los últimos años Ecuador ha pasado a convertirse en la base de exportación de la droga colombiana y peruana hacia los Estados Unidos.

Pero, como decíamos antes, más allá de ciertos simples análisis, de condenas fáciles o de atribuciones de responsabilidad única a la delincuencia, la CONAIE señalaba que esta situación es el resultado de un profundo problema estructural, causado por la radicalización de las políticas neoliberales durante los últimos dos gobiernos de Lenin Moreno y Guillermo Lasso. La organización indígena subrayaba como ese extremismo neoliberal ha destruido al Estado y sus instituciones (semidesmanteladas y corruptas), además de provocar un aumento vertiginoso de la desigualdad y la pobreza que arrastran a miles de jóvenes hacia el llamado crimen organizado. En suma, destruido todo el entramado de relaciones sociales, políticas, económicas y culturales que tejen una sociedad, se da un “sálvese quien pueda” donde las élites solo se preocupan de aumentar su propia seguridad, riqueza y privilegios y las grandes mayorías de sobrevivir, mientras el Estado desaparece, perdiendo toda su legitimidad.