Fin de ETA: es la democracia, estúpido

Cuando ETA anunció en 2011 el abandono definitivo de la 'lucha armada' (léase violencia terrorista) perdió la oportunidad de optar por un final honorable al no hacerlo mediante un finiquito en el que los guardianes de las esencias terroristas apareciesen firmando al pie de un folio en blanco que la generosidad de la democracia se encargaría de rellenar.

Pero ETA y su mundo nunca han perdido la oportunidad de hacer las cosas si no bien por lo menos no del todo mal y no terminar comportándose como una gentuza miserable que encima siempre ha acabado, además de haciendo daño a los demás, haciéndose daño a sí mismos. Tenían el futuro abierto a todo tipo de alternativas incluidas las buenas y una vez más han elegido la peor. Porque de todos los finales posibles ETA ha elegido el único inaceptable para los demócratas: echar la persiana sin reconocer la ilegitimidad de sus crímenes y por tanto sin aceptar la democracia.

La firma de este finiquito hubiese sido la consecuencia lógica de una derrota operativa y de un desistimiento organizativo obligados por la superioridad moral de la Democracia (unidad de los partidos políticos en torno a los pactos antiterroristas) y por la fortaleza del Estado de Derecho (eficacia policial, firmeza judicial, colaboración internacional, política penitenciaria orientada a la reinserción a pesar de las presiones en sentido contrario, etc.).

No lo hicieron así y prefirieron camuflar su derrota aún a costa de dar dos vueltas más de cerrojo a la llave de las celdas de los presos de la banda y de añadir más dolor a los miles de víctimas que han ido dejando en su camino criminal. Desde aquella fecha han tardado siete años más en encontrar alguna razón que diese sentido a sus sesenta años de ignominia. Y parece que la han encontrado. Se trata de “el conflicto” (sic), “el conflicto que enfrenta a Euskal Herria con los estados” de acuerdo con la “Declaración final de ETA al Pueblo Vasco” del 3 de mayo de 2018. Así, con minúsculas, cuando “el conflicto” precedido por el artículo determinado, presupone algo único que debería escribirse con mayúsculas, el Conflicto, e incluso El Conflicto.

En estos sesenta años de existencia hemos sido incapaces de conseguir que ETA y sus conmilitones de la izquierda abertzale o sus comparsas y aplaudidores de la izquierda zorrocotroca española e internacional nos definiesen en una sola frase en qué consiste el famoso Conflicto. Existe más de una anécdota bochornosa al respecto. Nunca nos lo han explicado y no iba a ser ETA quien nos lo desvelase en su despedida.

Y ha tenido que ser un historiador riguroso y científico, Gaizka Fernández Soldevilla, el que en un magnífico artículo (La importancia del relato, El Correo, 4 de mayo de 2018) nos definiese El Conflicto con precisión de cirujano: “la supuesta guerra étnica en la que los ´invasores´ españoles y los ´invadidos´ vascos llevarían enzarzados desde la noche de los tiempos y cuyo penúltimo capítulo sería ETA”. Y como bien se encarga el autor de apostillar a continuación “Se trata de un mito, el equivalente abertzale a la ´lucha de razas´ del nazismo o la ´Cruzada´ del franquismo”.

Así de sencillo. Aquí no han existido feudalismo, banderizos belicosos, jauntxos de rapiña, revueltas y machinadas por conflictos sociales varios, huelgas mineras y obreras de todo tipo y condición y un largo etcétera de conflictos entre vascos como en toda tierra de garbanzos o en este caso mejor de habas y de borona. No, aquí solo ha existido El Conflicto que enfrenta a Euskal Herria con los Estados. Y por eso ETA ha sacrificado 853 vidas humanas, causado miles de heridos y perpetrado incontables tropelías, pero no para acabar con El Conflicto, no, sino para que según dicen continúe por otro camino.

Pero esconderse tras un trampantojo no permite a nadie eludir las propias responsabilidades históricas. Y el hecho cierto es que con este final ni ETA asume su responsabilidad por los crímenes cometidos ni la izquierda abertzale las suyas por no condenar los crímenes de ETA. Y quien no condena el asesinato, el secuestro, la amenaza o la extorsión de un conciudadano simplemente considera que es legítimo asesinar, secuestrar, amenazar o extorsionar a su convecino. Y eso es incompatible con la convivencia en libertad en el seno de una sociedad democrática.

En este sentido el final que nos han brindado ETA y sus adláteres en Cambo les Bains el pasado viernes 4 de mayo es una mala noticia. Es un cierre en falso. Es un final que le inhabilita al nacionalismo radical, convertido definitivamente en nacionalismo asesino al no condenar todos los asesinatos y crímenes de ETA, para participar con normalidad en el sistema democrático vigente. Y esto tiene graves repercusiones de todo orden de cara al futuro político y social de Euskadi.

La aceptación de la democracia por parte de todos quienes participan en el juego político es de vital importancia en el futuro para los partidos políticos vascos y sus relaciones, para las instituciones democráticas y su funcionamiento, para el autogobierno vasco, para algunas personas como las víctimas y sus asociaciones, para algunos colectivos como los presos por terrorismo y para el conjunto de la sociedad vasca. Y la no aceptación de la democracia supone por el contrario graves riesgos para todos ellos.

En primer lugar, para el futuro del proyecto político de la izquierda abertzale que nunca podrá desprenderse del estigma de nacionalismo asesino lo que le impedirá ser un agente funcional en la política vasca y en la política española. Incluso para su intento de blanquearse como independentismo de izquierdas en clave catalana. La sangre derramada con su aquiescencia y apoyo le invalida para cualquier transformación que reclame para sí la legitimidad de un independentismo en clave democrática si antes no condena los crímenes de ETA.

Los medios terroristas de ETA han convertido en ilegítimos los fines de la Euskadi (luego transformada en Euskal Herria) reunificada, independiente, socialista (?) y euskaldun que propugnó el entramado político militar desde la formulación de la alternativa KAS. Lo de no patriarcal ya es para nota. Sería una última broma macabra porque no hay nada más patriarcal que el cojonímetro como medida de todas las memeces y crímenes de los terroristas de ETA.

La izquierda abertzale se encontraría así impedida para concertar acuerdos estratégicos o de largo alcance político con las “otras izquierdas” existentes en Euskadi. Sería imposible hacerlo con el PSE-EE y también lo sería con Podemos porque, incluso a pesar de la insoportable levedad moral que este partido ha manifestado hasta el presente en este tema, la guerra de posiciones que mantiene a nivel nacional por la hegemonía en el seno de la izquierda le impide arrimarse mucho a alguien que le puede colorear de rojo sangre y no precisamente de toro.

Arrinconada en una esquina del cuadrilátero político, a la izquierda abertzale solo le quedará asumir un papel de fuerza de reserva radical del nacionalismo tradicional que el PNV activará a conveniencia en función de la posición que en cada momento ocupe el péndulo patriótico, en una versión actualizada, versión 2.0 que dirían los modernos, de la antiquísima estrategia del árbol y las nueces. Solo así se entiende la presencia de los dos máximos dirigentes del PNV, los Sres. Ortuzar y Aurrekoetxea, en la pantomima francesa de Villa Arnaga: Encuentro internacional para avanzar en la resolución del conflicto en el País Vasco-International event to advance in the resolution of the conflict in the Basque Country. O sea, media docena de innecesarios mediadores, de la oscura multinacional de la mediación internacional (¿quién y cuánto les pagan?), al servicio del Conflicto que nunca existió en la realidad y que nunca ha dejado de existir en la imaginación de algunos vascos tenebrosos y antiliberales. La guerra interminable de la historia interminable.

El PNV por su parte, a pesar de que siempre ha sabido jugar con gran inteligencia para situarse en el centro del espacio político, va a tener que definirse a la hora de optar por una alianza estratégica en lo relativo a la reforma del vigente Estatuto. Los actuales niveles de autonomía dejan poco margen para la frivolidad o la demagogia en la pretendida modificación del actual marco de autogobierno. Y el inexistente derecho a decidir es la línea roja que los partidos constitucionalistas no van a franquear en una hipotética negociación sobre la reforma estatutaria. En este contexto el PNV deberá decidir si se alía con una izquierda abertzale con las manos todavía salpicadas de sangre en la reclamación estéril del derecho a decidir o de una bilateralidad política imposible e indeseable o intenta ampliar el consenso de 1979 apostando por el perfeccionamiento del actual marco de autogobierno.

En este tema, el PNV debe ir interiorizando que el derecho a decidir, como eufemismo del derecho de autodeterminación (el de la virguería marxista, Arzallus dixit), no existe al igual que tampoco existe éste y que además es incompatible con los derechos históricos. Derecho a decidir y derechos históricos no son líneas convergentes ni siquiera a largo plazo; tampoco son líneas paralelas que convergerían en el infinito; son líneas divergentes e incompatibles entre sí. Y una apuesta por el derecho a decidir supondría la ruptura en el País Vasco del consenso constitucional (en torno a la DAP de la Constitución) de consecuencias impredecibles para el futuro de una sociedad vasca en paz y en libertad con bienestar bávaro y no balcánico.

En segundo lugar, la no condena de los crímenes cometidos y la no aceptación de la democracia por parte de ETA y sus epígonos tiene graves repercusiones para los presos por delitos de terrorismo y para las víctimas.

Un preso por delitos de terrorismo que no condene los crímenes cometidos es alguien que no acepta la democracia y que no está rehabilitado y en condiciones de ser reinsertado en la sociedad.

Hay gentes y no solo en la izquierda abertzale que de manera interesada están deslizando el mensaje de que reinserción y excarcelación son al fin y a la postre sinónimos. De manera que como ETA anunció el abandono de las armas en 2011 y su disolución en 2018 ya ha cumplido las condiciones para que los presos por terrorismo sean excarcelados con objeto de que puedan reinsertarse. Pero ETA y la mayoría de los presos de la banda no han tomado esas decisiones porque se hayan rehabilitado por haber reconocido el daño causado y haber condenado los crímenes cometidos y mucho menos por haber aceptado que en democracia no solo no se puede matar para conseguir fines políticos, sino que tampoco se puede modificar la legalidad desbordándola al margen de los procedimientos democráticamente establecidos. No, ETA como organización y la mayoría de sus militantes como individuos han decidido disolverse porque han sido derrotados por la democracia española y no porque se hayan reeducado.

De hecho, en su comunicado del 20 de abril de 2018, ETA reconoce que a consecuencia de errores ha provocado víctimas que no tenían participación directa en El Conflicto y pide perdón a esas personas y a sus familiares, lo que supone la reafirmación en los crímenes cometidos contra personas que de acuerdo con sus estándares demenciales sí tenían una participación directa en El Conflicto. Es decir, no solo no se arrepienten, sino que vuelven a rematar, aunque ahora de manera virtual, a la mayoría de sus víctimas. Por lo tanto, de rehabilitación o de reeducación para ser más exactos, por utilizar el término expresamente recogido en el artículo 25.2 de la Constitución, nada de nada. Este artículo del Título I de la Constitución relativo a los derechos y deberes fundamentales y por lo tanto cuasi sagrado dice que “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social…”. Por este orden, primero reeducación y luego reinserción, porque no puede haber reinserción si antes el penado no se ha reeducado y se ha arrepentido de los delitos cometidos lo que proporcionaría unas mínimas garantías de que no va a volver a delinquir y de que es capaz de reinsertarse en la sociedad respetando los mínimos exigibles para una convivencia en paz y en libertad y respetuosa del pluralismo político contra el que tan gravemente atentó. Por lo tanto, si no hay reeducación no puede haber excarcelación automática para la reinserción social del penado antes de haber cumplido íntegramente su condena.

La democracia es inclusiva y debe tratar de integrar al mayor número de personas. Pero si no es así, si no quieren rehabilitarse, la democracia debe ser implacable dentro de la justicia más estricta. Odia el delito y compadece al delincuente es la célebre formulación de aquella extraordinaria mujer que fue Concepción Arenal. La democracia moderna es compasiva y no puede ser de otra forma. La pena debe estar orientada a la reeducación y reinserción del delincuente tal y como establece nuestra Constitución. Pero eso nunca puede significar la aplicación automática de beneficios penitenciarios que supongan la excarcelación automática sin que el delincuente esté rehabilitado.

La reinserción es un estado que depende única y exclusivamente de cada uno de los presos. Es una condición individual que supone la reeducación previa y que en el caso de delitos de terrorismo debería pasar por reconocer el daño causado, por el arrepentimiento y la condena del mismo y por la colaboración con la justicia para el esclarecimiento de aquellos crímenes con autoría todavía desconocida. Es lógico que las víctimas reclamen estos mínimos de justicia. Desde los tiempos de Concepción Arenal hemos completado su formulación con esta otra que completa y perfecciona su aserto: odia el delito y compadece al delincuente…y a la víctima. Este es el principio de lo que conocemos como justicia restaurativa para las víctimas. Y es una posición ampliamente compartida socialmente y de elemental justicia para las víctimas.

Los presos deben conocer claramente el itinerario para su reinserción y las condiciones para su reeducación. Desaparecida la organización terrorista si el acercamiento a prisiones próximas al lugar de residencia de sus familiares, tras un análisis individualizado de cada caso, favorece su proceso de reeducación, se debería proceder a su acercamiento. Pero mientras no se encuentre rehabilitado no debería ser excarcelado antes del cumplimiento debido de sus penas. Es lo mínimo que se merecen las víctimas.

La reinserción de los presos de ETA es la otra cara de la convivencia en Euskadi decía Luis Rodríguez Aizpeolea en El País el pasado 6 de mayo. Cierto, en la medida en que la reinserción sea el resultado de un proceso personalizado de reeducación y rehabilitación. Si lo que contiene esa frase es simplemente la consideración de que ahora que ETA ha desaparecido formalmente se debe proceder a la reinserción (equiparada a excarcelación) de los presos al margen de que estén reeducados o rehabilitados porque si no esos sectores van a seguir generando problemas de convivencia en nuestros calles y barrios, la respuesta sería negativa. Una aplicación laxa de los beneficios penitenciarios y su excarcelación anticipada, sin reeducación y rehabilitación de los penados, generaría un sufrimiento adicional incomprensible y una revictimización inaceptable entre las víctimas que han sido las personas que más han sufrido los zarpazos del terrorismo y que más han hecho, con su ejemplar lucha democrática, por la derrota total del terrorismo desde la estricta aplicación de la legalidad democrática.

Por último, de cara a la sociedad vasca, la desaparición formal de ETA sin aceptación de sus responsabilidades por los crímenes cometidos plantea varios riesgos que habrá que tener en cuenta en el futuro desarrollo político de nuestra comunidad.

Uno de ellos sería el de la tergiversación de lo que realmente ha sucedido, es decir el riesgo del relato al revés, el riesgo de que nos terminen contando y la sociedad termine aceptando el síndrome polacoalemán invertido según el cual “la II Guerra Mundial comenzó cuando Polonia invadió Alemania”. Otro es el de la desmemoria, el riesgo de que se imponga el que en aras de la convivencia es mejor olvidar lo que pasó y mirar al futuro. Un tercero es el riesgo de la equidistancia entre los dos bandos que, según algunos maestros del arte de la equidistancia moral entre el cañón de la pistola del asesino y la nuca de la víctima, existieron entre los vascos en una especie de guerra civil larvada. Aunque quizás el mayor riesgo sea el de terminar dando carta de naturaleza al relato del Conflicto interminable, de ese Conflicto secular pero inexistente de Euskal Herria contra los Estados español y francés, pero sobre todo de Euskadi contra España, que tan útil sin embargo se está demostrando para el nacionalismo tradicional (v. su propuesta de preámbulo del futuro Estatuto) y que le garantiza ir de mano siempre en la eterna partida de mus que diariamente se juega en la política vasca.

Pero ningún riesgo seguramente será tan grave como el que el nacionalismo en su conjunto quiera someter a una traumatizada sociedad vasca a una especie de “procés” a la vasca. Al margen de la división y enfrentamiento social que una propuesta semejante produciría en la sociedad, como tuvimos ocasión de comprobar con el denominado “Plan Ibarretxe”, ya hemos mencionado que el terrorismo de ETA ha convertido en ilegítimos para varias generaciones los fines por los que decía luchar entre ellos sin duda el de la independencia de Euskadi.

Más allá de la ilegitimidad de cualquier proyecto que pretenda imponerse al conjunto del cuerpo social desbordando la legalidad y que sea indefendible pretender hacerse trampas en el solitario confrontando principio democrático a legalidad democrática a base de defender la superioridad moral de aquél sobre ésta; el cuerpo social vasco es un cuerpo traumatizado por las amputaciones y mutilaciones que décadas de violencia terrorista le han ocasionado. Como consecuencia de ello, el censo electoral vasco ha sido sometido a una limpieza política e ideológica de vascos no nacionalistas que va más allá de los centenares de cadáveres dejados por ETA en el camino y que alcanza a miles o quizás a decenas de miles de ciudadanas y ciudadanos vascos que tuvieron que abandonar su tierra expulsados por la barbarie y la intolerancia del terrorismo nacionalista.

Esto, que ya de por sí está suponiendo una distorsión electoral difícilmente cuantificable en los procesos electorales normales que se han sucedido en los cuarenta años de democracia, sería algo intolerable si alguien pretendiera plantear un proceso independentista en el que se intentase reducir nuestro futuro a la obtención de una mayoría coyuntural sobre la que se pretendiera justificar una hipotética independencia del País Vasco (ni hablamos de la broma de una Euskal Herria política alejada de sus connotaciones culturales). Al margen de lo descabellado de un proceso de tal naturaleza desde el punto de vista político, económico y social como está demostrando Cataluña; de lo irreal de tales pretensiones en un contexto europeo que lo que necesita es más unión y menos nacionalismo; y de su ilegalidad manifiesta; la amputación y depuración de no nacionalistas del censo electoral vasco convierte en ilegítimo cualquier intento de constituir un “demos” vasco para la independencia hasta que no hayan convivido en paz y en libertad un par de generaciones (30 años) por lo menos.

Al final, todo se reduce a una cuestión de respeto al pluralismo forjado a lo largo de siglos de historia en común por los vascos de carne y hueso que no hemos necesitado de ninguna España y de ninguna Francia para zurrarnos la badana entre nosotros: entre oñacinos y gamboínos, entre carlistas y liberales, entre oligarquía minera y trabajadores mineros, entre burguesía industrial y obreros industriales, entre rebeldes franquistas y defensores de la legalidad republicana, entre franquistas y antifranquistas y entre partidarios del terrorismo totalitario y defensores de la legalidad democrática pacifistas incluidos.

Al final, todo se reduce a la construcción en el día a día de una convivencia en paz y en libertad bajo el manto protector de una Constitución democrática que garantiza la existencia de un Estado democrático y de derecho que nos protege de las tentaciones liberticidas de los totalitarios de ayer, de hoy y de siempre. Es bien sencillo, todo consiste en recordarles continuamente a algunos, parafraseando a Clinton: es la democracia, estúpido.