Cuando ganamos, ganamos

El acuerdo alcanzado sobre legislación laboral —ya ley tras su aprobación en el Congreso el pasado jueves— supone un hito sin apenas precedentes en nuestro país. Lo es, porque es el primer acuerdo en décadas que supone una nítida mejora de derechos laborales para la clase trabajadora. Es una victoria rotunda de la clase trabajadora de este país.

Esta es una reforma de gran calado porque actúa sobre los elementos centrales de nuestro mercado de trabajo. Con particular intensidad se aborda el gran problema de nuestro mercado laboral: la temporalidad. El acuerdo recoge una profunda modificación de los contratos vigentes, con la eliminación del contrato de obra o servicio, que podía tener hasta cuatro años de duración, y su sustitución por un contrato de seis meses, que obligatoriamente debe causalizar su condición temporal; además desvincula la utilización de una contrata como causa para un contrato temporal y promueve el contrato fijo-discontinuo como alternativa a esos contratos de temporada tan habituales. Además de todo esto, penaliza firmemente la contratación fraudulenta, encarece la de corta duración, fortalece la inspección de trabajo y, sobre todo, regula los ERTE y un nuevo mecanismo análogo como alternativa a los despidos.

El paquete conjunto de medidas aprobadas sí va a tener un efecto muy positivo ante el gran reto que nos planteamos: estabilizar la contratación, desincentivar el despido, disuadir del uso de la temporalidad y dar poder a la clase trabajadora en la relación laboral.

Pero dicho esto, no podemos obviar lo sucedido la semana pasada en el debate y convalidación del acuerdo de reforma laboral que, ha supuesto, por desgracia, una nueva muesca en el creciente decalaje entre el proceso de diálogo social (y la elaboración de textos negociados durante casi un año), y una sesión parlamentaria en la que se habló poco del contenido de la reforma, y se sobreactuó mucho en clave puramente electoral. 

Lo vivido en sede parlamentaria fue muy preocupante, cuando una reforma de este calado y profundidad, que viene avalada por un acuerdo tripartito y que supone una recuperación y generación de derechos para las personas trabajadoras en la totalidad de las 52 páginas que lo contienen, debería haber sido avalada por una amplia mayoría de fuerzas políticas, fundamentalmente aquellas que dicen situarse en el entorno de la izquierda.

Las medidas aprobadas sí van a tener un efecto muy positivo ante el gran reto que nos planteamos: estabilizar la contratación, desincentivar el despido, disuadir del uso de la temporalidad y dar poder a la clase trabajadora en la relación laboral

Es mentira, que existiera un plan B, o una propuesta alternativa. Si la reforma laboral no se hubiera aprobado, hoy estaríamos sufriendo de nuevo la reforma laboral del Partido Popular, convalidada además por el parlamento de esta actual legislatura y, probablemente, con una larga travesía del desierto por delante, para aspirar de nuevo a modificar cualquier cuestión en materia laboral. En estos diez años de aplicación y vigencia de la reforma unilateral del Partido Popular, la única propuesta que se ha trasladado al parlamento es la que ha emanado del ámbito del diálogo social. 

Durante las negociaciones de dicha propuesta hemos ido hablando de los contenidos de la reforma con los diferentes grupos políticos, paralelamente al trabajo que le corresponde hacer a cualquier gobierno para buscar una mayoría suficiente. La reacción que se ha producido ante el acuerdo social de sindicatos y patronal manifiesta un cuestionamiento del diálogo social. No se ha puesto en valor la importancia y necesidad de espacios  de consenso, ni la oportunidad para hacer política complementaria a un acuerdo netamente positivo que supone un avance enorme en derechos, más allá de que a algunas organizaciones les parezca insuficiente.

En Euskadi, hemos hecho una apuesta muy seria por los ámbitos del dialogo social, largamente cuestionados por organizaciones que han decidido hacer dejación de sus responsabilidades hacia los intereses de la gente a la que representan, y pretendiendo hacer del perro del hortelano. Por cierto, y aunque no es el objetivo de estas líneas, debemos preguntar al sindicato LAB, cómo va a 'obstaculizar' la aplicación en Euskadi de la reforma laboral, que es, según sus declaraciones, el próximo paso del autodenominado 'sindicalismo transformador', en lo que parece un homenaje a los adjetivos vacíos de contenido. No parece que haya algo menos transformador que rechazar reformas que generan derechos, para volver a la legislación laboral del pasado. 

En esta misma línea, nos preocupa el alineamiento de EH Bildu a la tesis del 'cuanto peor mejor' reflejada en un voto contrario a la reforma aliñado con un eje discursivo con menciones a Julio Anguita, a Dolores Ibárruri y a Angela Davis. Curiosa forma de defender la retirada de una propuesta que va claramente encaminada a favorecer la posición de las mujeres trabajadoras, que somos las que más sufrimos la temporalidad no deseada, entre otras consecuencias de la reforma laboral del Partido Popular. 

Se ha destacado estos días, como una consecuencia de aquella vergonzante sesión parlamentaria, y de la posición del principal partido que sustenta al Gobierno vasco, nuestra posición para habilitar un proceso de reflexión interna avalada por nuestros órganos de dirección, sobre el proceso de diálogo social en Euskadi.

El PNV sabe perfectamente que la estrategia sindical de ELA y LAB pasa por rechazar los espacios de concertación social articulados en el diálogo social, tanto en Euskadi como en España

A nuestro juicio, el PNV ha cometido tres errores de calado. Uno, el principal, ha sido votar en contra de la primera reforma laboral que, como hemos reiterado, recupera y genera derechos para la clase trabajadora. 

El segundo, argumentar su rechazo en base a la falta de seguridad jurídica que, a su juicio, denota el texto en la medida en que no se recoge de forma expresa la prevalencia del convenio autonómico. Aunque podamos estar de acuerdo en que se podría haber aprovechado la norma para dotarla de mayor seguridad jurídica, no deja de ser un asunto de una trascendencia relativa porque, en la práctica, la articulación de la negociación colectiva no ha supuesto un problema con el texto actual. En todo caso, esta carencia no justifica, a nuestro juicio, un voto contrario a la reforma. 

El tercer error también parte del argumentario de Aitor Esteban, es hacer mención a la ausencia de la mayoría sindical vasca en la negociación de la reforma laboral cuando, tanto el Partido Nacionalista Vasco, como el diputado en cuestión, saben perfectamente que la estrategia sindical de ELA y LAB pasa por rechazar los espacios de concertación social articulados en el diálogo social, tanto en Euskadi como en España. 

El problema de esta afirmación es de fondo. Para nosotras es un auténtico caballo de Troya inserto en el proceso de diálogo social vasco en la medida en que se afirma que la no presencia de la mayoría sindical vasca, inhabilita los acuerdos que se alcancen en España y en Euskadi. 

Hemos de reconocer, en cambio, que en los últimos años ha habido una apuesta muy seria por parte de la Consejería de Empleo y Trabajo en el desarrollo de un marco estable de diálogo social en Euskadi. Los acuerdos alcanzados  y la presencia del propio Lehendakari en la última reunión, ponen de manifiesto el compromiso del actual Gobierno vasco, en contextos muy complicados. 

Nuestra posición de defensa del diálogo social es inalterable. No queremos renunciar a ese espacio de incidencia en las políticas públicas, pero, en este momento, necesitamos certidumbres para retomar el trabajo con un Gobierno que, en su parte mayoritaria, compra la argumentación que hemos descrito más arriba. 

Ojalá este gesto fructifique en una apuesta real y sincera, reflejada en hechos tangibles, que nos permita recuperar un espacio que ha funcionado siempre en beneficio de la clase trabajadora. Lo ha hecho a nivel estatal y lo puede seguir haciendo a nivel de Euskadi. Este tiempo es una ventana de oportunidad y nuestra voluntad es aprovecharla para afianzar la herramienta del diálogo social. 

Este reforma laboral ni es el principio ni el fin de nada, es un acuerdo de profundo calado y vamos a seguir reivindicando en la movilización, en la negociación colectiva y en la concertación social materias que generen derechos para el conjunto de la clase trabajadora.

Ahora nos toca ponernos a trabajar en todos y cada uno de los centros de trabajo para materializar los derechos obtenidos y poner en valor los largos años de movilización que nos han traído hasta aquí. Porque a pesar de que algunos actúan como si hubiéramos perdido, cuando ganamos, ganamos. 

El acuerdo alcanzado sobre legislación laboral —ya ley tras su aprobación en el Congreso el pasado jueves— supone un hito sin apenas precedentes en nuestro país. Lo es, porque es el primer acuerdo en décadas que supone una nítida mejora de derechos laborales para la clase trabajadora. Es una victoria rotunda de la clase trabajadora de este país.

Esta es una reforma de gran calado porque actúa sobre los elementos centrales de nuestro mercado de trabajo. Con particular intensidad se aborda el gran problema de nuestro mercado laboral: la temporalidad. El acuerdo recoge una profunda modificación de los contratos vigentes, con la eliminación del contrato de obra o servicio, que podía tener hasta cuatro años de duración, y su sustitución por un contrato de seis meses, que obligatoriamente debe causalizar su condición temporal; además desvincula la utilización de una contrata como causa para un contrato temporal y promueve el contrato fijo-discontinuo como alternativa a esos contratos de temporada tan habituales. Además de todo esto, penaliza firmemente la contratación fraudulenta, encarece la de corta duración, fortalece la inspección de trabajo y, sobre todo, regula los ERTE y un nuevo mecanismo análogo como alternativa a los despidos.