El Gobierno vasco renuncia a disponer de una política audiovisual

La negativa del Gobierno vasco (15 de junio de 2021) a tramitar para su discusión una Ley del Consejo Vasco del Audiovisual, propuesta por EH Bildu, es una decisión irresponsable en términos culturales, lingüísticos, de construcción de país y de gobernanza democrática. Nos deja a la sociedad vasca a la intemperie de imperios y grupos mediáticos. Pero antes hay que explicar para qué sirve un Consejo del Audiovisual

Necesidad de un Consejo del Audiovisual

El carácter avanzado de una sociedad democrática se confirma, en buena parte, por el número, funciones y prestigio de organismos intermedios que hacen de puente entre las instituciones electas y las realidades sociales plurales. Instituciones como el Ararteko, comités de redacción en los medios de comunicación, ONG, plataformas ciudadanas… son de naturaleza distinta, pero con una finalidad similar de ampliación del espacio público, más allá del espacio de la Administración y de los agentes políticos y pueden contribuir a una construcción democrática y social si logran el equilibrio entre lo público, lo social y lo particular. 

Uno de esos organismos es la figura de la Alta Autoridad o Consejo Independiente del Audiovisual. Se trata, en teoría, de un organismo que, por sus conocimientos, prestigio operativo, capacidad de iniciativa y potestades reguladoras y sancionadoras, interviene sobre las fallas del pluralismo en la estructura mediática y sobre el lado cualitativo y social de los contenidos de la comunicación audiovisual. También debe rendir cuentas de sus actuaciones.

Su función como órgano neutral sería aplicar la ley en temas delicados de información o programación desde los principios de pluralismo, libertad de expresión, respeto a las minorías o promoción de la diversidad. Suelen tener legitimidad de origen si se eligen, en sede parlamentaria, por mayorías muy amplias entre profesionales de alta cualificación, sensibilidades varias e independencia de criterio, y deben ganarse la legitimidad de ejercicio, vigilando a quienes puedan actuar contra esos principios en radios, televisiones, plataformas, anunciantes...

Es un ámbito para el que los gobiernos suelen estar incapacitados porque pueden ser tachados fácilmente de arbitrarios por intereses políticos en un ámbito sensible vinculado a la libertad de expresión. Tienden por ello a intervenir poco o no intervenir, dejando que los agentes privados (“el mercado”) hagan lo que quieran.

Hoy, la capacidad decisoria y autonomía de un Consejo se mide, primero, por cómo y entre quiénes se elige, para que disponga de la autoridad moral derivada de su independencia y buen hacer; segundo, por sus competencias (si regula, decide y sanciona, o sólo vigila y asesora); tercero, por lo que regula y supervisa (si sólo contenidos o también el mercado, agentes y derechos ciudadanos); y cuarto, por la aceptación e influencia de sus decisiones, informes y recomendaciones.

Los principales países de la UE de la Unión Europea disponen de un Consejo del Audiovisual. Así lo recomienda —Rec(2000)23— el Consejo de Europa. La excepción es el Reino de España. Tiene delegada la función de vigilancia del sensible sector de los servicios audiovisuales en un macrorregulador como es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que, como su mismo nombre indica, vigila mercados —en este caso también el del audiovisual— pero que no se pensó para el tratamiento y efectos del audiovisual en la sociedad ni para derechos constitucionales como el pluralismo, la diversidad, la protección de la infancia o la igualdad de género.

En las comunidades autónomas solo existen comisiones independientes del audiovisual en Catalunya, Andalucía y, más recientemente, en Comunidad Valenciana e Illes Balears. La existente en Navarra, tras 10 años, se derogó en 2011 y la propuesta para la Comunidad Autónoma Vasca realizada dentro del segundo Gobierno Ibarretxe no vio la luz por incomodidad manifiesta del aparato del propio PNV.

La necesidad de Consejo Audiovisual en una nación sin Estado se deriva de la problemática comunicativa territorial no atendible desde ámbitos mayores (concentración, calidad, audiovisual propio, excesos publicitarios, menores, género…) pero también sobre problemas comunicativos específicos como son: el desarrollo audiovisual de una cultura con idioma propio; un mapa político y opinión pública diferenciada; un sistema comunicativo de cierta potencia y obligación simultánea de comunicación integral, proximidad, derecho de acceso..

En la Comunidad Autónoma Vasca la situación es peculiar. No tenemos normas actualizadas, así que se nos aplican las estatales porque lo hemos decidido por dejación: sin ley del audiovisual; sin decretos vigentes de gestión en RTV local; con una normativa de EiTB del Pleistoceno; sin Consejo... Es una grave contradicción pedir soberanía o competencias y las que se tienen no ejercerlas.

Creo que la propuesta de ley hecha al respecto por EH Bildu es muy interesante y responde a patrones europeos. Incluye intervenir en campos aún no regulados en el Estado español —está en trámite el anteproyecto sobre servicios audiovisuales para adaptar la Directiva europea de 2018— como son los relativos a las plataformas de televisión a la demanda, las plataformas de intercambio de vídeos tipo YouTube o los agregadores de contenidos.

Procedimental y temáticamente, se atiene a las competencias ejercitables y al principio de legalidad, pero apurándolos al máximo desde la perspectiva del espacio audiovisual de toda Euskal Herria y el protagonismo social. Asimismo invita a que decisiones, como la habilitación de operadores o la generación de normativas audiovisuales, se despoliticen en fondo y forma.

Se ha vuelto a aplazar escandalosamente la reforma de EiTB. Al parecer porque la ley de creación ya es un Gran Reserva de 40 años

También sería un informador y educador social privilegiado sobre los problemas del sistema comunicativo, ya se trate de audiovisual, prensa escrita o Internet, ya que chequearía el conjunto llevándolo al debate público, aunque, a efectos de resoluciones, sólo podría ser competente sobre los servicios audiovisuales. Podría ser motor del cambio de regulaciones del audiovisual vasco que lleva un retraso de 20 años.

Pero con la decisión de no admitir a trámite la proposición de ley de EH Bildu el Gobierno vasco se ha escondido, no ha querido ver el problema y ha demostrado no estar a la altura de los retos comunicativos de una nación sin Estado con una sociedad avanzada, y, renuncia de hecho a gestionar tanto la comunicación tradicional como nueva que, de todas maneras, ya está aquí.

Significado del rechazo gubernamental

Tiene un punto de suicidio al negarse a fortalecer el sistema vasco de comunicación en tiempos de imperio creciente de las plataformas tecnológicas —GAFAM—, audiovisuales —Netflix, Disney, Spotify— y de intercambio de vídeos —YouTube—, también en Euskal Herria; y en tiempos de consolidación de los triopolios de RTV de ámbito estatal, acompañados de plataformas de pago –Movistar, MásMóvil, Euskaltel...—. Una nación sin estado, con una cultura integral, debería encender todas las alarmas y emprender acciones urgentes en lugar de renunciar a ellas y bloquear iniciativas ajenas. Da la espalda a las recomendaciones del Consejo de Europa sobre los Consejos (2010), y solo es explicable desde una idea conformista y de control político de EiTB.

Con una argumentación de medias verdades, el Gobierno vasco no ve necesario ningún cambio legal porque ya se tendrían “cauces eficaces”.

Por recordar: en la década de los 2000 hubo un borrador de Ley Vasca de Comunicación Audiovisual, incluido un Consejo Audiovisual, que estaba en el programa de Gobierno vasco (Ibarretxe); o sea, sin tanta amenaza, ya hace casi veinte años se veía necesaria. Si no se aprobó fue porque el aparato del partido (Imaz-Ortuzar) lo bloqueó pensando que podía suponer un mayor control social sobre EiTB.

La estructura de EiTB al nacer tuvo que asumir la exigida por la ley orgánica del Estatuto de RTV de 1980 (de UCD), pero ésta fue derogada por leyes de 2006 y 2010, modificando la estructura de gobernanza de todos los servicios públicos. En nuestro caso sigue vigente aquel modelo de derechas de 1980 (director factótum, Consejo de Administración que no administra, y su gemela, la Comisión de control parlamentario, que apenas controla) y se le añade una comisión de seguimiento del Contrato Programa en la que EiTB y Gobierno, sin evaluador independiente, charlan un rato.

Se ha vuelto a aplazar escandalosamente la reforma de EiTB. Al parecer porque la ley de creación ya es un Gran Reserva de 40 años. No ha tenido más cambios que la compactación administrativa de las sociedades públicas de EiTB en una sola (EITB SAU); la presencia añadida de cuatro consejeros sociales a los quince de cargos de partidos —en lugar de un consejo de administración real y solo de profesionales cualificados electos—; la incorrecta supresión de la figura del Consejo Asesor y el cambio del modo de elección de Director(a) General mediante mayoría parlamentaria simple —ni siquiera de 3/5—, lo que no ha supuesto nada para el partido hegemónico y sigue siendo un cargo plenipotenciario y no dependiente de un Consejo de Administración sin competencias decisorias ni ejecutivas.

El Gobierno vasco ve suficiente que el Servicio de Medios de Comunicación Social (o sea, el Departamento de Cultura del Gobierno) gestione “la tramitación y adjudicación de licencias de radio y televisión, los procedimientos sancionadores o el registro de prestadores de comunicación audiovisual”. Lo que no dice es que se trata de un servicio unipersonal que no puede hacer seguimiento real del cumplimiento de las obligaciones de los agentes comunicativos. Y para redundar en la desfachatez señala tres asesoramientos externos (sin ejecutividad) en temas de xenofobia y sexismo, como si fueran parte de la estructura de gobernanza a la europea.

Sin inmutarse, el Consejo de Gobierno cita como parte del régimen jurídico suficiente, junto al obsoleto Estatuto de Autonomía (art. 19 nunca aplicado en todas sus potencialidades) y la ley de EiTB, dos normas más. Por un lado, el Decreto de 2007, sobre las obligaciones de las operadoras televisivas de emisión e inversión para la financiación de largos, cortos y películas para televisión —cuyas bases las redacté yo mismo en aplicación de la Directiva europea de 1994—. Lo que no dice es que se ha quedado obsoleta y deberían haberse traspuesto otras dos nuevas directivas europeas importantísimas sobre servicios audiovisuales (de 2007/2010 y 2018) con nuevas obligaciones de cuotas y financiaciones, por lo que el Gobierno de España ya anda elaborando otra Ley General (para 2022) de trasposición que sustituirá a la vigente de 2010. Por otro lado, cita el Decreto 231/2011, sobre la Comunicación Audiovisual, de la etapa López. Lo que no dice es que solo es un régimen de licencias para asignar la tanda entonces pendiente de frecuencias de FM y sin obligaciones para los operadores privados de RTV, lo que es una vergüenza que siga vigente.

Ahora mismo, siendo competentes, están fuera de control por no haber legislado: las programaciones de radio FM (sin cuotas lingüísticas ni horas obligatorias de desenganche de las cadenas para programas cercanos y promoción de música propia); la televisión digital terrestre local (decreto derogado); los programas en desconexión de las RTV de ámbito estatal; y las programaciones de televisión de pago dirigidas preferentemente a la Comunidad Autónoma Vasca. O sea, casi todo. Tampoco lo estarían hipotéticos catálogos de plataformas a la demanda, de intercambio de vídeos y de agregadores de contenidos que se dirigieran preferentemente a la comunidad vasca.

Termina el Consejo de Gobierno con un dibujo propio de 'los mundos de yupi' cuando dice que “se ha desarrollado en Euskadi un ecosistema propio de medios de comunicación social, tanto públicos como privados y sin ánimo de lucro, diverso, plural y bilingüe, compuesto por medios de comunicación vascos y por medios de ámbito estatal con presencia en esta Comunidad Autónoma”. Una foto más fidedigna del sistema audiovisual —y soy de los de “botella medio llena”— diría que no tenemos un ecosistema comunicativo propio sino dependiente, siendo los medios privados de ámbito estatal muy muy hegemónicos, con lo que la diversidad y pluralidad se nos cae y, ya no digamos, un euskera marginado en un sistema mediático hiperdiglósico, con un Ente público encapsulado, sin que el Gobierno vasco asuma ninguna responsabilidad de lo que circula por Euskal Herria y ya no digamos por las televisiones de pago, 'streaming' o en la red. Es la “orquesta del Titanic”, con vendaje en los ojos y como 'yepero' contratado el “perro del hortelano”. 

La negativa del Gobierno vasco (15 de junio de 2021) a tramitar para su discusión una Ley del Consejo Vasco del Audiovisual, propuesta por EH Bildu, es una decisión irresponsable en términos culturales, lingüísticos, de construcción de país y de gobernanza democrática. Nos deja a la sociedad vasca a la intemperie de imperios y grupos mediáticos. Pero antes hay que explicar para qué sirve un Consejo del Audiovisual

Necesidad de un Consejo del Audiovisual