La Hacienda vizcaína nos insulta (una vez más)

No se puede negar que la Hacienda vizcaína trabaja, y lo hace aún más cuando el personal anda distraído disfrutando del merecido asueto vacacional. Tanto es así que, fiel a sus costumbres, ha vuelto a obsequiarnos en estas fechas con novedades fiscales. Esta vez en forma de anteproyecto de norma foral que, entre otras medidas, supone retrasar la implantación obligatoria del sistema de control de tributación Batuz y regalar una bajada desde el 24% al 20% del Impuesto de Sociedades a las empresas –salvo a las que facturen más de 50 millones o tengan más de 250 trabajadores- que se acojan al mismo de forma voluntaria.

Además, empeñada en mimar a ciertas minorías, la DFB mantiene y ensancha los caminos para que los que más tienen paguen menos. Así, quienes compren acciones de empresas innovadoras de nueva creación podrán deducirse ya no el 10% sino el 25% del importe desembolsado. Los beneficiarios de esta deducción serán en su mayoría, tal como demuestra la estadística del ejercicio anterior, unos pocos con rentas superiores a los 140.000 euros anuales. Minorías, por tanto, poco necesitadas de protección.

Pero cualquiera que lea el anteproyecto se dará cuenta de que el cortejo al rico no termina ahí. Mención aparte merece el ejercicio de marketing fiscal que supone el uso de palabras como desarrollo sostenible o “silver economy” para justificar cambios que servirán para detraer recursos públicos y desviarlos a manos privadas. 

El término “silver economy”, economía plateada, adoptado con entusiasmo por el PNV más anglófilo de la historia, se refiere a la actividad económica que generan las necesidades de las personas mayores -entre ellas los cuidados- y parece ser el mantra para reducir a mero negocio lo que debieran ser derechos de la ciudadanía.

En efecto, todas y todos necesitamos cuidados a lo largo de nuestra vida. Lograr un sistema de cuidados de calidad y universal con condiciones dignas para las personas usuarias y para quienes desarrollan su actividad laboral en el sector depende de la captación de los recursos económicos para implementarlo (impuestos) y del carácter público de los servicios que el sistema proporcione. Sin embargo, el proyecto de norma foral va en la dirección opuesta; vacía de recursos las arcas públicas –impidiendo la creación residencias públicas y debilitando las existentes- y los desvía hacia los más ricos para que hagan negocio invirtiendo en empresas privadas que crecerán gracias a las necesidades de cuidado de quienes se lo puedan pagar y, después, de quien obtenga alguna ayuda pública para acceder a la versión modesta de esos servicios.

Esto se parece mucho a robar a un pobre, pistola en mano, citando el evangelio. ¿Nos están llamando idiotas?

Este expolio de los recursos comunes se produce otorgando deducciones y exenciones en los impuestos de Renta, Sociedades y Patrimonio a cambio de que se adquieran acciones de nuevas empresas –de hasta 250 trabajadores y hasta 50 millones de facturación anual- que se dediquen a la “economía plateada”.

Los particulares y las empresas que adquieran las acciones se podrán deducir, respectivamente, hasta un 35% del importe de la compra de la cuota a pagar de IRPF y del Impuesto de Sociedades. Además, la posesión de esas acciones estará exenta en el Impuesto de Patrimonio y cuando, pasado un plazo, los particulares las vendan, el 50% del beneficio -e incluso el 100% si se reinvierte- también estará exento. Por otra parte, en el caso del Impuesto de Sociedades, las empresas podrán aplicarse la deducción incluso comprando acciones de empresas del ámbito de la economía plateada extranjeras sin que sea necesario siquiera que aquellas presten sus servicios en territorio vasco.

Mas allá del debate que confronta servicios sociosanitarios públicos con negocio privado, resulta curioso que se perdonen impuestos a cambio de invertir sin riesgos en un sector con demanda asegurada y creciente. Da la impresión de que alguien se desliza del capitalismo liberal hacia el capitalismo de amiguetes.

Ante este panorama -promovido por los responsables del desastre de la campaña de renta, el Diputado Iruarrizaga y el Director de Hacienda Iñaki Alonso- el PSE debiera aclarar si piensa avalar estas medidas o si los jeltzales van por libre intentando, engañarles tal como hicieron en agosto de 2019.

Así mismo, sería oportuno que el PNV dijese si todo esto es una estrategia de país u otra salida de tono de su poderosa familia vizcaína. ¿Está acordado en el Órgano de Coordinación Tributaria? ¿Adoptarán Araba y Gipuzkoa medidas similares para evitar el dumping fiscal? ¿Cuáles son las nuevas fuentes de ingresos o los recortes que compensarán la bajada de la tributación efectiva de las rentas altas que promueve Bizkaia?

Las respuestas llegarán en otoño. De momento, lo único claro es el cinismo de quienes, en el preámbulo de la norma, se atreven justificar estas medidas fiscales regresivas mencionando los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Esto se parece mucho a robar a un pobre, pistola en mano, citando el evangelio. ¿Nos están llamando idiotas?

No se puede negar que la Hacienda vizcaína trabaja, y lo hace aún más cuando el personal anda distraído disfrutando del merecido asueto vacacional. Tanto es así que, fiel a sus costumbres, ha vuelto a obsequiarnos en estas fechas con novedades fiscales. Esta vez en forma de anteproyecto de norma foral que, entre otras medidas, supone retrasar la implantación obligatoria del sistema de control de tributación Batuz y regalar una bajada desde el 24% al 20% del Impuesto de Sociedades a las empresas –salvo a las que facturen más de 50 millones o tengan más de 250 trabajadores- que se acojan al mismo de forma voluntaria.

Además, empeñada en mimar a ciertas minorías, la DFB mantiene y ensancha los caminos para que los que más tienen paguen menos. Así, quienes compren acciones de empresas innovadoras de nueva creación podrán deducirse ya no el 10% sino el 25% del importe desembolsado. Los beneficiarios de esta deducción serán en su mayoría, tal como demuestra la estadística del ejercicio anterior, unos pocos con rentas superiores a los 140.000 euros anuales. Minorías, por tanto, poco necesitadas de protección.