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Opinión - Un tercio de los españoles no entienden lo que leen. Por Rosa María Artal

En honor a la verdad

La verdad es descarnada, salvaje: 164.700 ciudadanos vascos carecen de empleo y en España se ha superado ampliamente el, hasta hace no tanto inimaginable, listón de los seis millones de parados. Son datos terroríficos los que ha confirmado la EPA (Encuesta de Población Activa) de abril y, coincide que se difundieron el mismo día en el que el Gobierno vasco anunció la retirada de su (¿improvisado?) proyecto de presupuestos para 2013.

La brutalidad de los datos y la envergadura de la decisión adoptada por el Ejecutivo me llevan a preguntarme qué es lo que plantea hacer la reconocida como clase política vasca para reconciliar a 164.700 ciudadanos con una vida mínimamente digna; qué es lo que puede esperar la sociedad para que conquistas consolidadas como una serie de derechos sociales no retrocedan siglos en tan sólo un cuarto de hora. ¿Son realmente capaces los responsables políticos hacer algo que contribuya a que seamos un poco más felices?

Porque hasta ahora he visto lo que hacen los ciudadanos. He visto que se organizan, que se movilizan, que reclaman atención, que se prestan apoyo mutuo, que se socorren, que tratan de no desesperarse, que luchan, aunque sea con rabia, por vivir...Cuento el ejemplo de una mañana cualquiera en un pequeño tramo, en unos metros, de la Gran Vía bilbaína: En el número uno y micrófono en mano se concentran ante la Caja Laboral y con alboroto sonoro un buen número de personas afectadas por las aportaciones Eroski-Fagor. Denuncian las preferentes con “Label vasco” que les han dejado sin ahorros. (¡Vamos!, que les han estafado). Apenas unos metros adelante, y en un perfecto silencio, un varón en esa edad en la que resulta imposible encontrar trabajo, exhibe un cartel con terrible leyenda: “Estoy en paro. No cobro nada. Necesito una ayuda”. Un poco más allá, ante las puertas de la Diputación Foral, decenas de trabajadores de Virtisu, sin cobrar sus nóminas desde octubre, denuncian el “abandono total” por parte de la empresa.

Y, mientras, los responsables políticos recurren a los más perfectos ejercicios de retórica y comparecen enzarzados en un sistemático intercambio de reproches que dejan a la vista estrategias interesadas. Porque, en honor a la verdad, o al menos en honor a esa durísima verdad que representan hoy en nuestra comunidad 164.700 ciudadanos, ¿es realmente imposible esbozar un escenario de acuerdos básicos en torno a decisiones y medidas que promuevan actividad y generen empleo?

¿Le resulta posible al Gobierno vasco reconocer su grado de responsabilidad primera y principal en la fracasada negociación presupuestaria? ¿Es mucho pedir a la oposición que asuma su propósito inicial y fundamental de dar una lección de humildad al Gobierno de Iñigo Urkullu forzándole a renunciar a unas cuentas propias?

¿Quién es la guapa o el guapo que admite públicamente algún tipo de acierto en las iniciativas del adversario? La verdad es que sueño con ese día en el que el portavoz de un partido sea capaz de alabar a su opositor porque, simplemente y aunque sea sólo esa vez, se lo merece.

Y ¡claro! ya se que estos tiempos no brindan precisamente la mejor ocasión para el entendimiento. Cuando la crisis aprieta, nadie quiere quedarse con la llave de la despensa. Son tiempos duros de verbo duro Pero, en honor a la verdad, 164.700 ciudadanos en situación dramática no se merecen esto.

La verdad es descarnada, salvaje: 164.700 ciudadanos vascos carecen de empleo y en España se ha superado ampliamente el, hasta hace no tanto inimaginable, listón de los seis millones de parados. Son datos terroríficos los que ha confirmado la EPA (Encuesta de Población Activa) de abril y, coincide que se difundieron el mismo día en el que el Gobierno vasco anunció la retirada de su (¿improvisado?) proyecto de presupuestos para 2013.

La brutalidad de los datos y la envergadura de la decisión adoptada por el Ejecutivo me llevan a preguntarme qué es lo que plantea hacer la reconocida como clase política vasca para reconciliar a 164.700 ciudadanos con una vida mínimamente digna; qué es lo que puede esperar la sociedad para que conquistas consolidadas como una serie de derechos sociales no retrocedan siglos en tan sólo un cuarto de hora. ¿Son realmente capaces los responsables políticos hacer algo que contribuya a que seamos un poco más felices?