La igualdad entre españoles de bien

Resultan conmovedores los intentos del primer partido de la oposición por defender la igualdad y por acabar con la degeneración ideológica del PSOE, rescatándolo del “sanchismo”. Y hasta parece empeñado en crear (con Page y Lambán) una especie de ala socialdemócrata del PP. El acuerdo fiscal entre PSC y ERC por el que los socialistas catalanes consiguieron la investidura de Salvador Illa ha sido, tanto para el PP como para Vox, la gota que ha colmado el vaso, al establecer de manera indignante que es el independentismo catalán quien ha salido ganando, para perjuicio de todos los españoles.

No parece haber dudas de que el Gobierno y el principal partido que lo sustenta no han estado demasiado finos a la hora de explicar lo pactado. Pero también es verdad que, en una comunidad donde suceden tantas cosas raras por minuto, el funambulismo político es algo en cierto modo obligado. La alternativa no era otra que una nueva convocatoria de elecciones autonómicas, para mayor desesperación de la ciudadanía catalana y española en general. Por el contrario, con el compromiso alcanzado, el cambio político ha sido posible. La Cataluña del enfrentamiento entre quienes ponían y quitaban lazos amarillos ha sido sustituida por la que pone su atención en la estabilidad política y la calidad de los servicios públicos y políticas sociales. Y quien defenderá de ahora en adelante la voz de esta comunidad en el conjunto de España va a ser un presidente que, entre otras cosas, ha colocado una bandera española en el palacio de la Generalitat.

Bueno, ya, ¿pero qué pasa con el acuerdo? ¿Hay cupo o no hay cupo? ¿Hay concierto o no hay concierto? ¿Y qué es eso de un acuerdo de financiación atendiendo a las singularidades catalanas? Poco puedo decir de esto en mi ignorancia. Si he de ser sincero, yo (chico de Letras en mis lejanos tiempos estudiantiles) de estas cosas entiendo bastante poco y no estoy, por tanto, en condiciones de pontificar.

Aunque, por lo que he podido leer, eso de la insolidaridad de Cataluña con el resto de España no está tan claro, cuando el acuerdo entre PSC y ERC afirma: “La Generalitat debe contribuir a la solidaridad con las demás comunidades autónomas a fin de que los servicios prestados por los distintos gobiernos autonómicos a sus ciudadanos puedan alcanzar niveles similares, siempre que lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar”.

Así pues, queda refrendada la solidaridad de Cataluña con otros territorios, pero no de manera inconcreta y vaga, sino con objetivos bien definidos. Y no para engordar sin más la financiación de otras autonomías, sino para nivelar e igualar las prestaciones de servicios públicos (Educación, Sanidad, ayudas a la Dependencia …) a los ciudadanos y ciudadanas que viven en esas autonomías, que son, por otra parte, las competentes para cubrir tales servicios. No se trata, pues, de ahondar en discursos victimistas (“España nos roba”, “Cataluña nos roba”) entre comunidades autónomas y entre estas últimas con el Estado. No estamos -lo ha recordado el presidente del Gobierno- ante un debate entre territorios, sino entre modelos de financiación, con un reparto de recursos adecuado, para garantizar el futuro del Estado de bienestar en todos los ámbitos territoriales del país.

Supongo, pues, que éste es el debate que el acuerdo sobre financiación en Cataluña ha tenido la virtud de inaugurar. Conocemos, aunque sea en sus intenciones y principios, la posición de partida y la estrategia federal defendidos por el Gobierno. Se desconoce en cambio el modelo que defiende el PP. Si es que tiene algún modelo o le interesa tenerlo. Por poner un ejemplo, no le veo a Isabel Díaz Ayuso, ferviente defensora del presidente argentino Javier Milei en su feroz eliminación del gasto social, un especial interés por promocionar un sistema de financiación autonómica centrado en la defensa de la igualdad social. 

Por lo que ya se conoce, las políticas del PP en esta materia no se distinguen precisamente por favorecer la igualdad entre españoles que supuestamente defiende, sino por trocear España en una confederación de paraísos fiscales, y en competencia por bajar impuestos, en beneficio exclusivo de los intereses empresariales de mayor potencia económica y en detrimento de los servicios públicos y de las prestaciones sociales. Es la política que han venido practicando en las autonomías que gobierna.

Una política empeñada, además, en enfrentar a unas autonomías con otras, y con una carga de desvergüenza bastante notable. Quienes han llegado a sostener que Cataluña quiere vivir del resto de España, no han dudado, en tiempos nada lejanos, en tratar de enriquecerse a su costa. ¿O nos hemos olvidado del interés de la presidenta madrileña por que las empresas que huyeron de Cataluña durante el “procés” recalaran en Madrid? ¿O del llamamiento del presidente Moreno Bonilla a los empresarios catalanes para instalarse en Andalucía, donde iban a ser tratados con la benevolencia fiscal de la que no disfrutaban en su tierra, al tener que pagar impuestos (como el de Donaciones y Patrimonio) que en Andalucía se habían eliminado? ¿O no nos acordamos de lo sana que es, en opinión del mismo presidente, la competencia entre comunidades para el progreso de la economía española?

Mucho me temo que, a la vista de estos antecedentes, y otros más actuales (las nuevas rebajas de impuestos en Madrid que anuncia Ayuso), la igualdad entre españoles que defiende el PP parezca algo cada vez más cuestionable. A no ser que esté pensada exclusivamente para los “españoles de bien”, que son los que saben cómo hay que sacar este país adelante, que por algo son ricos. Y aquí tenemos muy pocos de estos españoles. Según Aznar, contamos con 200.000 ricos y necesitamos dos millones si queremos reactivar nuestra economía. Está en nuestras manos facilitarles la vida, y no amargársela con sablazos fiscales que luego van a parar a muertos de hambre sin la más mínima capacidad para invertir y crear riqueza.

Resultan conmovedores los intentos del primer partido de la oposición por defender la igualdad y por acabar con la degeneración ideológica del PSOE, rescatándolo del “sanchismo”. Y hasta parece empeñado en crear (con Page y Lambán) una especie de ala socialdemócrata del PP. El acuerdo fiscal entre PSC y ERC por el que los socialistas catalanes consiguieron la investidura de Salvador Illa ha sido, tanto para el PP como para Vox, la gota que ha colmado el vaso, al establecer de manera indignante que es el independentismo catalán quien ha salido ganando, para perjuicio de todos los españoles.

No parece haber dudas de que el Gobierno y el principal partido que lo sustenta no han estado demasiado finos a la hora de explicar lo pactado. Pero también es verdad que, en una comunidad donde suceden tantas cosas raras por minuto, el funambulismo político es algo en cierto modo obligado. La alternativa no era otra que una nueva convocatoria de elecciones autonómicas, para mayor desesperación de la ciudadanía catalana y española en general. Por el contrario, con el compromiso alcanzado, el cambio político ha sido posible. La Cataluña del enfrentamiento entre quienes ponían y quitaban lazos amarillos ha sido sustituida por la que pone su atención en la estabilidad política y la calidad de los servicios públicos y políticas sociales. Y quien defenderá de ahora en adelante la voz de esta comunidad en el conjunto de España va a ser un presidente que, entre otras cosas, ha colocado una bandera española en el palacio de la Generalitat.