Indultos: ni se puede ni se debe

El Gobierno de España está a punto de conceder el indulto a los dirigentes catalanes independentistas condenados en 2019 a penas de cárcel por la comisión de los delitos de sedición y malversación de caudales públicos cometidos en el curso de sus actuaciones llevadas a cabo para subvertir el orden constitucional y proclamar unilateralmente la independencia de Cataluña. El Gobierno les concederá el indulto a pesar de que no se han arrepentido y han prometido volver a hacerlo; y de la posición contraria de la Fiscalía General del Estado y del Tribunal Supremo, recogida en sendos informes.

La concesión de la institución del indulto es prerrogativa del Gobierno de España, lo cual no quiere decir que sea un derecho de libre disposición en manos del Gobierno sino que, muy al contrario, está condicionado: debe justificarse convenientemente y debe cumplir una serie de requisitos. Si no hubiera requisitos, no sería recurrible, y sí es recurrible. Y en caso de que no se cumplan, el Tribunal Supremo podría anular los indultos concedidos, que es lo que espero suceda si el Gobierno de Sánchez sigue adelante.

Entre los requisitos establecidos en la ley no se encuentra, sorprendentemente, el arrepentimiento de los condenados. Sin embargo, hay otros que convertirían estos indultos, en mi opinión, no solo en injustos y políticamente inconvenientes sino en abiertamente ilegales. Según la ley vigente, el Gobierno debe justificar que el indulto se concede por razones “de justicia, equidad y utilidad social”. Y son precisamente estas razones las que la decisión del Gobierno de España vulneraría. Sánchez está dispuesto a indultar a los condenados para seguir contando con el apoyo de los independentistas en el Congreso de los Diputados, aprobar los próximos presupuestos generales y alargar la legislatura; en ningún caso puede entenderse que ayudaría a mejorar la situación política y social de España sino únicamente la pervivencia (y solo en el corto plazo) de este gobierno. A medio plazo todo iría a mucho peor, incluso para este gobierno.

Estos indultos ni pueden darse (porque serían ilegales) ni deben darse (porque son injustos y claramente inconvenientes)

Además, si algo demostraría la concesión de estos indultos a quienes no solamente no se han arrepentido sino que incluso han prometido volver a hacerlo (nada menos que intentar subvertir el orden constitucional y convertir a la mitad de los catalanes en extranjeros en su propia tierra), es la existencia en España de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda: los primeros (políticos con mando en plaza) pueden incumplir impunemente la ley, mientras que los segundos (el común de los ciudadanos) debemos cumplir estricta y rigurosamente todas las leyes, nos gusten o no.

En mi opinión, estos indultos ni pueden darse (porque serían ilegales) ni deben darse (porque son injustos y claramente inconvenientes). El Gobierno de España aduce que esta medida ayudaría a rebajar la tensión política en Cataluña y a lograr la concordia social y política. Sin embargo, no sería sino una nueva medida de apaciguamiento en relación al nacionalismo catalán, de entre las muchas que se han venido aplicando desde la Transición democrática hasta nuestros días. En contra de lo que algunos pretenden vendernos, lo que provoca nacionalistas no es llevarles la contraria o hacer cumplir la legalidad vigente, sino tratar de apaciguarlos, confraternizar con ellos o, en última instancia, darles la razón aunque no la tengan. Que es precisamente lo que se ha pretendido hacer con el conjunto de los nacionalismos periféricos durante largos años; y a la vista está la situación en la que nos encontramos. No solo no hay más cohesión social y más igualdad sino precisamente menos, y el común de los ciudadanos españoles vivimos a expensas del último pacto del partido de turno supuestamente nacional con cualquiera de los insaciables nacionalistas, siempre dispuestos a sacar tajada política en contra del interés general y el bien común.

Sánchez, para justificar esta medida, hizo un alegato contra el castigo y a favor de la concordia. Si no es ignorancia supina, es pura demagogia; o ambas cosas. No puede haber concordia sin cumplimiento estricto de la legalidad vigente o si esta se aplica en función de tus ideas políticas; y si efectivamente esta se vulnera voluntaria y gravemente, no queda otra que aplicar el castigo correspondiente establecido en las propias leyes. Y si los castigados no solo no se arrepienten sino que incluso anuncian públicamente que volverán a hacerlo, el indulto es un sinsentido que termina convirtiéndose en una inmensa injusticia y en una humillación pública para los que cumplimos las leyes.

Además, como ya se ha dicho, es socialmente inconveniente. No aporta a la paz social o a la convivencia sino que va en contra de ambas; porque además sería un insulto a quienes en Cataluña y en el resto de España se han visto perjudicados por los delitos cometidos por los dirigentes independentistas catalanes. Y animaría nuevamente a estos a transitar por el mismo camino. Y a no cejar en su empeño de lograr sus objetivos vulnerando la Constitución Española.

Por todo esto, estos indultos ni pueden darse (son ilegales) ni deben darse (son injustos y perjudican el futuro político de España). 

El Gobierno de España está a punto de conceder el indulto a los dirigentes catalanes independentistas condenados en 2019 a penas de cárcel por la comisión de los delitos de sedición y malversación de caudales públicos cometidos en el curso de sus actuaciones llevadas a cabo para subvertir el orden constitucional y proclamar unilateralmente la independencia de Cataluña. El Gobierno les concederá el indulto a pesar de que no se han arrepentido y han prometido volver a hacerlo; y de la posición contraria de la Fiscalía General del Estado y del Tribunal Supremo, recogida en sendos informes.

La concesión de la institución del indulto es prerrogativa del Gobierno de España, lo cual no quiere decir que sea un derecho de libre disposición en manos del Gobierno sino que, muy al contrario, está condicionado: debe justificarse convenientemente y debe cumplir una serie de requisitos. Si no hubiera requisitos, no sería recurrible, y sí es recurrible. Y en caso de que no se cumplan, el Tribunal Supremo podría anular los indultos concedidos, que es lo que espero suceda si el Gobierno de Sánchez sigue adelante.