¡A la rica ILP!

Definitivamente, la regeneración democrática ha llegado para quedarse. Y es que ya hasta los partidos mayoritarios tienen que recurrir a las Iniciativas Legislativas Populares (ILP) para llevar sus propuestas al Parlamento Vasco. Efectivamente, estamos hablando del alcalde de Vitoria-Gasteiz y parlamentario por el Partido Popular, Javier Maroto, un edil embarcado en una insigne cruzada para salvar a nuestra sociedad del fraude en las ayudas sociales y, según parece creer él mismo, solucionar con sus iniciativas todos los problemas de la sociedad vasca.

Y es que la última ocurrencia del señor Maroto es la de impulsar una Iniciativa Legislativa Popular para que “la calle” refrende sus opiniones sobre la RGI, que percibe como una “mamandurria” –término acuñado por su compañera Esperanza Aguirre-, especialmente diseñada para que personas venidas de otros países vivan como príncipes en las ciudades vascas. Y para demostrar que su tesis es cierta, ofrece datos parciales que insidiosamente culpan a esos nuevos ciudadanos vascos de vivir a cuenta de los vascos de toda la vida, esos que trabajan, van a misa y pagan sus impuestos. Y que si votan al PP, mucho mejor.

Y ese es el meollo de la cuestión: Maroto quiere conservar su sillón hasta 2019 y una buena forma de hacerlo es criminalizando a un colectivo que no puede defenderse. Una criminalización que conlleva un serio peligro, la de extender ideas xenófobas a un sector de la sociedad vasca, creando un fenómeno que ya está explotando la extrema derecha en demasiadas partes de Europa, donde los intransigentes están presentes en gran parte de las instituciones de muchos países.

Y ahora el señor Maroto quiere lanzar la una campaña de firmas para que sea “la fuerza de la calle” la que avale su absurda cruzada que no va a solucionar nada. Y es que las propuestas del PP alavés (no sabemos hasta qué punto está cruzada cuenta con el apoyo del conjunto de los populares vascos), ahora van más allá del supuesto fraude de los inmigrantes. Ahora ataca de raíz a los jóvenes desempleados, a las madres solteras, a los presidiarios que ya han cumplido la condena y, por tanto, pagado su deuda con la sociedad, etc. En definitiva, estamos frente a un proceso de exclusión social en toda regla, donde todas aquellas personas que no entren en los parámetros aceptables por esa ideología nacional-católico-liberal que propugnan los populares, no merece otra cosa que quedar fuera del sistema de solidaridad del que nos hemos dotado.

Personalmente no deja de sorprenderme la capacidad del PP de jugar a múltiples bandas sin que parezca importar a su parroquia. Javier Maroto milita en el partido de Bárcenas, de Rato, de Fabra, de Baltar, de la trama Gürtel, de Sonia Castedo y de una larga lista de personajes implicados (presuntamente, por supuesto) en casos de corrupción y de ejecutores de pésimas políticas de gestión de lo público. Si tanto le molesta el fraude (algo perfectamente legítimo y que comparto al 100% con el edil vitoriano), ¿por qué no comienza por intentar regenerar su propio partido? Pues parece que es mejor obviar estos escabrosos temas y jugar a ser el “verso libre” en muchos temas, a jugar a avivar el odio racial y, otro de sus temas preferidos, a explotar el supuesto agravio comparativo del que son víctimas las instituciones alavesas frente a otras administraciones vascas. Cualquier persona con un mínimo de sentido común se preguntará, y con razón, cómo es posible que se impulse una gran campaña mediática contra quienes defraudan 700 euros mensuales y se pase de puntillas cuando se habla de aquellos que se han llevado millones de euros a sus cuentas en paraísos fiscales.

Afortunadamente, la ILP de Maroto no es la única que está en marcha en relación a la renta básica. A nivel nacional se están recogiendo firmas para llevar al Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular en favor de la denominada Renta Básica Incondicional, un ingreso básico universal que sea reconocido como derecho individual, universal e incondicional y que cubra al menos las necesidades básicas del conjunto de la ciudadanía. Equo es el fedatario en Álava de esta iniciativa y por eso sé que ya son muchas las firmas recogidas en este territorio, algo que demuestra que ese “poder de la calle” que Maroto cree tener de su lado no representa el sentir general de la ciudadanía. Solamente parece atraer a aquellas personas que, como el impulsor de la iniciativa, carecen de empatía suficiente para ponerse en el lugar de los más desfavorecidos y que lo único que les mueve es excluir de la sociedad a quienes son diferentes a ellos.

Definitivamente, la regeneración democrática ha llegado para quedarse. Y es que ya hasta los partidos mayoritarios tienen que recurrir a las Iniciativas Legislativas Populares (ILP) para llevar sus propuestas al Parlamento Vasco. Efectivamente, estamos hablando del alcalde de Vitoria-Gasteiz y parlamentario por el Partido Popular, Javier Maroto, un edil embarcado en una insigne cruzada para salvar a nuestra sociedad del fraude en las ayudas sociales y, según parece creer él mismo, solucionar con sus iniciativas todos los problemas de la sociedad vasca.

Y es que la última ocurrencia del señor Maroto es la de impulsar una Iniciativa Legislativa Popular para que “la calle” refrende sus opiniones sobre la RGI, que percibe como una “mamandurria” –término acuñado por su compañera Esperanza Aguirre-, especialmente diseñada para que personas venidas de otros países vivan como príncipes en las ciudades vascas. Y para demostrar que su tesis es cierta, ofrece datos parciales que insidiosamente culpan a esos nuevos ciudadanos vascos de vivir a cuenta de los vascos de toda la vida, esos que trabajan, van a misa y pagan sus impuestos. Y que si votan al PP, mucho mejor.