Poder Judicial y muletas frente al bloqueo

Los países con una cultura jurídica procedente del derecho romano le damos mucha importancia a las leyes y en concreto, al texto escrito de las leyes. Y confiamos excesivamente en estos textos. Ante cualquier problema de naturaleza política, reaccionamos con ingenuidad, fiando la solución a una ley mejor. Y es verdad que las leyes pueden solucionar problemas, especialmente cuando se trata de problemas derivados de malas leyes. Pero en muchas ocasiones pretendemos solucionar con “buenas leyes” lo que en realidad no es un problema de “malas leyes”, sino de falta de respeto por ellas. Si hay algo que defina lo peor de cierta actitud ante la ley, es el viejo dicho de “hecha la ley, hecha la trampa”; perfecta definición del fraude de ley, es decir, de la utilización torticera de la letra de la ley para incumplir su espíritu.

Algo parecido a la actual situación de bloqueo del Poder Judicial se produjo en la renovación del gobierno, entre 2015 y 2019. Se dio una situación de parálisis que nos llevó a dos repeticiones electorales consecutivas, cuatro elecciones generales en cuatro años, como consecuencia de la negativa de algunos agentes políticos a reconocer que la ciudadanía había decidido acabar con el bipartidismo turnista y apostar por un sistema multipartidista, para el que ya no servía el modelo tradicional de gobierno de un sólo partido, apoyado en nacionalistas vascos o catalanes. Se cerraba un período de cuatro décadas y se abría un ciclo nuevo. Esa anomalía de las cuatro elecciones en cuatro años, que llegó a provocar un hastío enorme, fue consecuencia de las reticencias al cambio y del bloqueo institucional que ello provocaba. Algunos plantearon una solución “legal” al bloqueo, parecida a la que se había introducido en la Comunidad Autónoma Vasca: que en caso de que no hubiera acuerdo y ningún candidato alcanzara ni siquiera la mayoría simple, hubiera una última votación y pudiera gobernar en minoría el candidato con más apoyos.

Aunque la modificación legislativa prevista pueda suponer una salida a una gravísima situación de bloqueo, se trata de una solución de mal menor a un problema de fondo que subyace: el de una cultura democrática pobre

Algo parecido se plantea ahora con el bloqueo en el Poder Judicial, por la negativa del PP a cumplir el mandato legal de renovación, siendo imprescindible su concurso para que se dé la mayoría exigida. Para evitar la parálisis institucional y la continuidad en el ejercicio de unos titulares con un mandato agotado, se plantea como salida por parte de los dos socios de gobierno algo parecido: que, en caso de que sea imposible alcanzar la mayoría de â…—, respecto de una parte de los miembros a renovar, los procedentes de la carrera judicial, haya una segunda votación en la que sea suficiente la mayoría absoluta.

Aunque la modificación legislativa prevista pueda suponer una salida a una gravísima situación de bloqueo, se trata de una solución de mal menor a un problema de fondo que subyace: el de una cultura democrática pobre. Una cultura democrática rica valora el pluralismo como la esencia del sistema y se concibe a sí misma como instrumento para la convivencia entre diferentes, buscando siempre los consensos más amplios y dejando siempre las mayorías ajustadas como último recurso, cuando todo lo demás se ha intentado y no ha sido posible.

Desgraciadamente, desde la desaparición de la UCD de Adolfo Suárez y la recomposición conservadora en torno a Aznar, España tiene una derecha política que tiene problemas para convivir con el pluralismo en general, ya sea político, social, lingüístico, territorial... El profesor de Filosofía del Derecho Jorge Urdanoz define certeramente en una frase la situación: “...gritan ”España“, pero en realidad solo ven cierto Madrid o aquellas partes de España que coinciden con ese cierto Madrid. Todo lo demás es deslealtad e infamia”.

Si no se sabe valorar esa esencia de la democracia que es el pluralismo, se tiende a la deslegitimación íntegra del rival político y a partir de ahí, se hace muy difícil llegar a acuerdos. Y si no hay capacidad de acordar, las instituciones acaban bloqueándose. Siempre hay instrumentos para forzar el desbloqueo. Pero esos instrumentos no serán, desgraciadamente, más que muletas que permiten seguir caminando, pero que no solucionan la cojera.

Los países con una cultura jurídica procedente del derecho romano le damos mucha importancia a las leyes y en concreto, al texto escrito de las leyes. Y confiamos excesivamente en estos textos. Ante cualquier problema de naturaleza política, reaccionamos con ingenuidad, fiando la solución a una ley mejor. Y es verdad que las leyes pueden solucionar problemas, especialmente cuando se trata de problemas derivados de malas leyes. Pero en muchas ocasiones pretendemos solucionar con “buenas leyes” lo que en realidad no es un problema de “malas leyes”, sino de falta de respeto por ellas. Si hay algo que defina lo peor de cierta actitud ante la ley, es el viejo dicho de “hecha la ley, hecha la trampa”; perfecta definición del fraude de ley, es decir, de la utilización torticera de la letra de la ley para incumplir su espíritu.

Algo parecido a la actual situación de bloqueo del Poder Judicial se produjo en la renovación del gobierno, entre 2015 y 2019. Se dio una situación de parálisis que nos llevó a dos repeticiones electorales consecutivas, cuatro elecciones generales en cuatro años, como consecuencia de la negativa de algunos agentes políticos a reconocer que la ciudadanía había decidido acabar con el bipartidismo turnista y apostar por un sistema multipartidista, para el que ya no servía el modelo tradicional de gobierno de un sólo partido, apoyado en nacionalistas vascos o catalanes. Se cerraba un período de cuatro décadas y se abría un ciclo nuevo. Esa anomalía de las cuatro elecciones en cuatro años, que llegó a provocar un hastío enorme, fue consecuencia de las reticencias al cambio y del bloqueo institucional que ello provocaba. Algunos plantearon una solución “legal” al bloqueo, parecida a la que se había introducido en la Comunidad Autónoma Vasca: que en caso de que no hubiera acuerdo y ningún candidato alcanzara ni siquiera la mayoría simple, hubiera una última votación y pudiera gobernar en minoría el candidato con más apoyos.