La organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) conmemora, desde hace 20 años, el 21 de febrero como el Día Internacional de la Lengua Materna, una iniciativa que se incardina en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La Unesco valora como un bien común a proteger la diversidad cultural y lingüística. Gracias a la comprensión de la importancia que tienen las lenguas maternas en el proceso de aprendizaje y socialización temprana, se han alcanzado logros significativos en materia de educación plurilingüe. Por ello, esta organización considera que la educación basada en la primera lengua (L1) o la lengua materna, debe empezar desde los primeros años de escolaridad, ya que la atención y la educación de la primera infancia son el fundamento de un aprendizaje satisfactorio para la cohesión social e integración comunitarias.
La protección de la diversidad cultural y lingüística, que persigue el Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE), es condición necesaria para el desarrollo sostenible y presupone el reconocimiento de la igual dignidad y respeto para todas las culturas y pueblos. Solo se puede proteger la diversidad si se garantizan las libertades fundamentales: expresión, información y de comunicación veraz, y la posibilidad real que las personas podamos elegir las expresiones culturales que nos son propias.
Los abajo firmantes tenemos responsabilidades públicas en Comunidades Autónomas con dos lenguas oficiales. Territorios con una larga experiencia en reconocer la realidad, su diversidad, y por ello, en procurar un uso cada vez más normalizado de las dos lenguas oficiales en igualdad y sin discriminación alguna, al tiempo que se otorga una especial protección a la lengua secularmente minorizada. Porque las administraciones públicas tienen la obligación de garantizar el derecho de la ciudadanía a usar cualesquiera de las dos lenguas oficiales, también a adoptar las políticas lingüísticas que aseguren su conocimiento. En este ámbito tenemos también una dilatada experiencia en la normalización de las lenguas cooficiales y de promover sistemas educativos que garanticen su aprendizaje.
Las lenguas no tienen ideología, son patrimonio común. Son la expresión más directa de la cultura, y en nuestro caso, la diversidad cultural es parte integral de la identidad europea, dado que definen las identidades personales, a la vez que conforman un legado patrimonial común.
La Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias (CELROM), aprobada por el Consejo de Europa y en vigor desde 1998, compromete a los Estados firmantes a garantizar el derecho a usarlas en la administración pública, en la justicia y en los medios de comunicación, así como a favorecer su enseñanza. Veinte años después, hay que proporcionar apoyos a la investigación y a la intervención estratégica, tanto para la protección en las áreas con gran densidad de hablantes, como, en el otro extremo, para afrontar el riesgo social, es decir, protegerse de la erosión, e incluso, de la desaparición de lenguas, en un proceso muy avanzado en algunos casos.
El Parlamento Europeo ha expresado recientemente su apoyo a la Iniciativa Ciudadana Europea, titulada “Minority SafePack – un millón de firmas a favor de la diversidad en Europa”. La resolución del Parlamento (2020/2846) fue aprobada por la gran mayoría de 540 eurodiputados del variado arco parlamentario y reitera su llamamiento a la Comisión para que elabore, en consonancia con el principio de subsidiariedad, un marco común para la protección de los derechos de las personas que pertenecen a minorías, a fin de garantizar los derechos fundamentales en la Unión; Igualmente, pide a los Estados miembros que adopten todas las medidas necesarias que garanticen el pleno respeto de esos derechos; y solicita una cooperación que se refuerce mutuamente entre la Unión Europea y el Consejo de Europa; esta aumentaría la eficacia en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la Carta Europea de las Lenguas Regionales.
Con todo, subrayamos la necesidad de adoptar más medidas en este ámbito y en todas las administraciones. La Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa (CALRE) de la que formamos parte, aprobó en 2018 la Declaración de València, que insiste en proteger el patrimonio cultural y la diversidad lingüística, para garantizar que las lenguas regionales o minoritarias puedan transmitirse de una generación a otra.
Que una madre exprese sus sentimientos a su hija en la lengua propia es lo más natural del mundo, aunque en demasiadas ocasiones no haya sido así. Que nunca más, nadie, en ninguna región europea se sienta forzado a renunciar a su lengua materna, ese gran tesoro particular y de toda la comunidad.
Firman también el artículo el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, el 'president' de les Corts Valencianes Enric Morera, el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, y el presidente del Parlament de les Illes Balears, Vicenç Thomàs.
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