Una ley de RGI que es mejor que nada

A la pregunta de si el proyecto de ley para el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión es mejor que dejar las cosas como están o mejor que el no parlamentario a la Renta Básica Universal, la respuesta rápida es sí. El proyecto mejora cuantitativamente la prestación, respecto a las políticas de recorte aplicadas en el presupuesto de 2012, que acepté sin presentar mi dimisión como director de Garantía de Ingresos y Formación para el Empleo con la vehemencia suficiente.

También mejora en prácticamente todos los aspectos cualitativos a las leyes anteriores. La de 2008, que fue un enorme paso adelante para el sistema y cuyos decretos de desarrollo formaron parte fundamental de mi trabajo en el Gobierno López. Pero también la ley de 2011, que tuvo como gran apuesta el traslado del grueso de la política de garantía de ingresos del sistema de servicios sociales al sistema de empleo. Un gran acierto, lleno de errores en su ejecución, por la premura de tiempo y por la falta de apoyos de un PNV que se encontraba en aquella legislatura muy contrariado con haber perdido la presidencia de un Gobierno que siente que le corresponde por linaje político. Con algunos municipios como el de Vitoria, presidido en aquel momento por un alcalde en modo “proto Vox” y las tres diputaciones forales, en especial la de Bizkaia, como arietes políticos del PNV, observo los errores cometidos en aquel contexto bélico y, como diría el otro, “pocos me parecen”.

Los tres hitos que han dañado verdaderamente nuestro modelo fueron, siguiendo un orden temporal, el aumento del requisito de uno a tres años de empadronamiento y residencia en Euskadi para su obtención -propuesto por el PP para dar apoyo a aquella ley 4 de 2011, ante la irresponsabilidad política del PNV que decidió no apoyar la transformación-, así como la reducción de sus cuantías en un 7% en el presupuesto de 2012. El tercer hito fue ya en un gobierno liderado por el PNV, siendo la consejera del ramo la señora Artolazabal, cuando se decidió que la prestación se desvinculara de la evolución del Salario Mínimo Interprofesional.

Pensar que el sistema de vivienda del propio Gobierno vasco va a ser capaz de gestionar una Prestación Económica de Vivienda con la agilidad y la dotación de medios que dispone Lanbide en su tupida red de oficinas es una entelequia

Es curioso cómo la izquierda va logrando éxitos en sus políticas, como el aumento notable del SMI en los últimos años, contradiciendo aquello de que “todos son iguales”, para que una parte de esos éxitos sean descafeinados con políticas públicas nefastas. Aquella desvinculación fue un mazazo en las bases del sistema y el PSE nunca debió aceptarlo.

Ninguna de estas tres pérdidas se resuelve en esta ley. Ni se recupera el poder adquisitivo de las familias que se provocó en 2012, ni se retrotrae el período de empadronamiento a un año -como decía la ley de 2008-, dando por bueno el concepto de “efecto llamada” que agitó el Partido Popular en la reforma de 2011 (aunque este efecto llamada se niega, y con razón, en el preámbulo de este proyecto de ley), ni se recupera la relación de la prestación a un porcentaje del Salario Mínimo Interprofesional. En este último caso es posible que, además de las razones económicas, sea fundamental no querer dejar la revalorización del importe anual de la RGI en “manos ajenas” a nuestro autogobierno, como es el SMI. Pero es que ni siquiera se garantiza que se revalorice de acuerdo al aumento del IPC.

Sin embargo, no todo es malo en esta nueva propuesta. Hay cuestiones políticas y detalles técnicos, que no me pararé a desentrañar por su aridez, como eliminar -excepto en los menores de 29 años- el tiempo mínimo de unidad económica independiente para solicitar la prestación o la desaparición de la exigencia de hacer valer derechos económicos previos que no sean pensiones públicas - lo que beneficia a las mujeres divorciadas que no reciben las pensiones de alimentos para sus hijos y hasta ahora han sido penalizadas por Lanbide.

En lo político, la prestación elimina el límite de dos unidades de convivencia por domicilio, aumenta en todas sus cuantías respecto a lo que ahora existe. Notablemente en el tramo de familias de entre tres a cinco miembros. Con la legislación anterior la prestación máxima se alcanzaba con tres miembros, con lo que una familia de cinco, percibía (percibe aún) lo mismo que una de tres.

Forma parte del paquete de mejoras que la prestación complementaria a rentas de trabajo pueda aplicar estímulos al empleo de manera indefinida y no con un límite de tres años como hasta ahora. Reconoce de facto la pérdida de calidad del empleo en la última década.

Hay cuestiones de la ley que se quedan como estaban: mal. No se aprovecha esta ocasión para reconocer que las prestaciones de Ayudas de Emergencia Social, que también regula esta ley, llevan años dando cobertura a necesidades periódicas que deberían estar incluidas en la RGI para aquellas personas que pueden acceder a ella: gastos de energía y gastos de vivienda, incluidos los de hipoteca, que no me explico por qué tienen una peor consideración que los de alquiler. En todos los casos hay un propietario o propietaria detrás de la vivienda. Ambos gastos deberían convertirse en complementos de RGI.

Considerar a las personas como las defectuosas y no al propio sistema, culparlas de no alcanzar el empleo por alguna 'tara', es condescendiente e injusto

Pensar que el sistema de vivienda del propio Gobierno vasco va a ser capaz de gestionar una Prestación Económica de Vivienda con la agilidad y la dotación de medios que dispone Lanbide en su tupida red de oficinas es una entelequia. Es por ello que, a pesar de la desaparición de la Prestación Complementaria de Vivienda, seguir incluyéndola entre las prestaciones hasta que el sistema de vivienda pueda gestionarla como ahora lo hace Lanbide, en “tiempo real” y no atendiendo a los datos económicos de uno o dos años atrás, con las declaraciones de IRPF, es algo que cualquiera con dos dedos de frente aplaudiría. Yo, respiro aliviado. Más aún cuando acaba de subir su cuantía a 275 euros. La asignatura pendiente, insisto, es incluirla para las personas que pagan hipoteca, liberando así a los servicios sociales de una tarea que repiten cada año, sin aportar nada al proceso y conduciendo a la ciudadanía a dos ventanillas distintas para lo mismo: combatir su situación de exclusión económica.

Por último, y quizás por donde debería haber comenzado. Este proyecto de ley sigue tropezando en una misma piedra. Esta no es otra que la consideración de que es posible la construcción de un futuro con pleno empleo. Y que en esa isla de Utopía imposible en este sistema de mercado, quienes no lo logran es porque tienen problemas personales de otro tipo. Considerar a las personas como las defectuosas y no al propio sistema, culparlas de no alcanzar el empleo por alguna 'tara', que la ley reconoce para perdonarles temporal o definitivamente su obligación de disponibilidad para el empleo, es condescendiente e injusto.

Todas las leyes modernas de RGI de nuestro país han caído en el mismo error. La de 2008, impulsada por EA, hoy integrada en la izquierda abertzale, también. El empleo era el centro. La lógica, por lo tanto, provocaba entonces que en la ley de 2011 todo fuera al sistema de empleo. Sin duda la cercanía a la formación profesional para el empleo, que la propia Lanbide provee, es un acierto, pero echo en falta, siquiera en la parte considerativa del proyecto de ley, ya que no en la dispositiva, una crítica profunda a un sistema capitalista que necesita que un país como el nuestro tenga que hacer un esfuerzo personal y económico tan importante para intentar paliar los destrozos de una estructura económica que se lleva por delante al planeta y a las personas.

Si no vamos a cambiar el sistema económico y político, si las culturas socialdemócrata, en la que me incluyo, y socialcristiana de Euskadi no van a emitir en esta ley ni una pequeña crítica al estado de las cosas, al menos que se comprometan a investigar científicamente si todo esto no se resolvería mejor con una política fiscal redistributiva radical que permitiera liberarse al sistema de empleo y al de servicios sociales de toda esta gestión, encargando a las Haciendas Forales esta transferencia de rentas a las familias. Seguro que el sistema vasco de servicios sociales y el de empleo sabrán hacerse suficientemente atractivos para la población con sus propias propuestas (o no) y sin tener que gestionar un dinero que fiscalmente se repartiría de una forma más eficiente, justa y barata.

Bienvenida sea esta ley, que hace a Euskadi algo mejor, mientras se busca una solución sistémica a un problema sistémico.

*Pedro M. Sánchez es trabajador social. Fue director de Garantía de Ingresos y Formación para el Empleo de Lanbide de 2011 a 2013.