No más leyes

Las décadas de los 80 y 90 fueron especialmente intensas en España en cuanto a proyectos legislativos relacionados con la igualdad. Desde que en 1983 se creara el Instituto de la Mujer, y, en nuestro caso, a partir de la puesta en marcha de Emakunde (en 1988), se aprobaron numerosos planes para impulsar la igualdad desde los poderes públicos. La creación de esos organismos se debió a la reivindicación de parte del movimiento feminista. Si en la década de los 70 la colaboración del movimiento feminista con las instituciones fue nula, tras la llegada al poder del PSOE parte del movimiento feminista considera que se inicia una nueva etapa en nuestro país. Una etapa en la que es no solamente necesario, sino imprescindible, que el movimiento feminista colabore con las instituciones. En ese sentido, la experiencia de los países nórdicos fue determinante en el planteamiento.

Desde que España entró en la Unión Europea, el Gobierno ha suscrito numerosos acuerdos, directivas y tratados en contra de la discriminación laboral, la prevención del acoso sexual, la promoción de las mujeres rurales, la igualdad salarial, la conciliación de la vida laboral y familiar o la erradicación de la violencia de género. Por otra parte, el año 1995 fue un año especial. La celebración en Pekín de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, auspiciada por la ONU, supuso un impulso sin precedentes en la lucha por la igualdad en todo el planeta. Impulso teórico, todo hay que decirlo, porque las conferencias ‘Pekín+10’ y ‘Pekín+15’ han puesto de manifiesto que muy poco de lo que allí se aprobó se ha puesto en práctica. Sea como fuere, aquella conferencia marcó un antes y un después en la colaboración del movimiento feminista con los organismos internacionales. Si en las tres conferencias anteriores el desencuentro entre las delegaciones oficiales de los países y los grupos feministas fue palpable, en esta ocasión, las asociaciones feministas y los grupos de mujeres de todo el mundo tuvieron un protagonismo como jamás antes habían tenido. Las reuniones paralelas fueron complementarias de las del plenario. Por otra parte, tanto el lema IGUALDAD, DESARROLLO Y PAZ como los 12 apartados de la Plataforma de Acción parecían, con sus deficiencias, un punto de partida fundamental para desarrollar políticas públicas que favorecieran la igualdad.

Pues bien, aparte de los acuerdos europeos y de la ONU suscritos por nuestro país, el año 2004 se aprobó en España la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que recoge medidas educativas, de prevención de la violencia, contra la publicidad sexista, de salud reproductiva y de formación en igualdad, así como medidas de apoyo y ayuda para las mujeres víctimas de maltrato. En nuestra Comunidad Autónoma, el año 2005 el Gobierno Vasco aprobó la Ley de Igualdad para Mujeres y Hombres. Entre los múltiples temas que aborda (educación, publicidad, formación, empleo, etc.) también hay apartados relativos a la prevención, la atención y la protección a las mujeres maltratadas. Por otra parte, el año 2007 se aprobó la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, que contempla medidas contra la violencia de género.

Durante la legislatura de Patxi López hubo un intento de aprobar una nueva ley de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género. El movimiento feminista en pleno, las asociaciones de mujeres y muchos otros colectivos y organizaciones protestaron contra ese proyecto, argumentando que había suficientes leyes y que no se estaban cumpliendo. Además, se recordaba al gobierno que los organismos creados para el desarrollo de la ley de igualdad en las distintas instituciones corrían el riesgo de desaparecer, cuando aún no se había hecho ni siquiera una evaluación de su trabajo.

Tras varios años sin avances sustanciales en el desarrollo de las leyes mencionadas, ahora el Parlamento Vasco pide al gobierno que apruebe otra ley contra la violencia de género. ¿Quieren decirme sus señorías para qué queremos una nueva ley? ¿Acaso quieren aparecer en el libro Guinness de los récords por incumplimiento de las leyes? Por favor, señoras y señores parlamentarios, si no les da tiempo a leerse toda la normativa europea suscrita por España en materia de igualdad, léanse, al menos, la ley de igualdad del País Vasco, y pongan en marcha todos los recursos para que se cumpla.

Las décadas de los 80 y 90 fueron especialmente intensas en España en cuanto a proyectos legislativos relacionados con la igualdad. Desde que en 1983 se creara el Instituto de la Mujer, y, en nuestro caso, a partir de la puesta en marcha de Emakunde (en 1988), se aprobaron numerosos planes para impulsar la igualdad desde los poderes públicos. La creación de esos organismos se debió a la reivindicación de parte del movimiento feminista. Si en la década de los 70 la colaboración del movimiento feminista con las instituciones fue nula, tras la llegada al poder del PSOE parte del movimiento feminista considera que se inicia una nueva etapa en nuestro país. Una etapa en la que es no solamente necesario, sino imprescindible, que el movimiento feminista colabore con las instituciones. En ese sentido, la experiencia de los países nórdicos fue determinante en el planteamiento.

Desde que España entró en la Unión Europea, el Gobierno ha suscrito numerosos acuerdos, directivas y tratados en contra de la discriminación laboral, la prevención del acoso sexual, la promoción de las mujeres rurales, la igualdad salarial, la conciliación de la vida laboral y familiar o la erradicación de la violencia de género. Por otra parte, el año 1995 fue un año especial. La celebración en Pekín de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, auspiciada por la ONU, supuso un impulso sin precedentes en la lucha por la igualdad en todo el planeta. Impulso teórico, todo hay que decirlo, porque las conferencias ‘Pekín+10’ y ‘Pekín+15’ han puesto de manifiesto que muy poco de lo que allí se aprobó se ha puesto en práctica. Sea como fuere, aquella conferencia marcó un antes y un después en la colaboración del movimiento feminista con los organismos internacionales. Si en las tres conferencias anteriores el desencuentro entre las delegaciones oficiales de los países y los grupos feministas fue palpable, en esta ocasión, las asociaciones feministas y los grupos de mujeres de todo el mundo tuvieron un protagonismo como jamás antes habían tenido. Las reuniones paralelas fueron complementarias de las del plenario. Por otra parte, tanto el lema IGUALDAD, DESARROLLO Y PAZ como los 12 apartados de la Plataforma de Acción parecían, con sus deficiencias, un punto de partida fundamental para desarrollar políticas públicas que favorecieran la igualdad.