Acabamos de descubrir que el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, capaz de rezar por España en el Valle de los Caídos -donde yacen 35.000 cadáveres de la Guerra Civil-, quien lo mismo saca de la manga una ley para sumergir a los ciudadanos en un tonel de miedo, y la llama de Seguridad Ciudadana, que levanta vallas para impedir la entrada de inmigrantes hambrientos, dirige ahora una trama policial al margen de la ley para buscar en las cloacas hasta encontrar información que dañe a los independentistas catalanes y desactive su movimiento.
Estamos acostumbrados a que el Gobierno del PP use a su servicio los órganos judiciales, la Fiscalía Superior del Estado, la Policía, y hasta los medios de comunicación. Con esa actitud prepotente del terrateniente que manda en su cortijo y el resto, obedece. Lo vemos a diario. Sin embargo, no deja de sorprender hasta dónde pueden llegar los tentáculos de su degeneración democrática. La última ignominia conocida es la existencia extraoficial de ese equipo policial de fontaneros preparados para desprestigiar al nacionalismo catalán y manipular hasta el delito.
Pero, la pregunta es, ¿solo al nacionalismo catalán? ¿Podemos estar seguros de que no utiliza los aparatos del Estado para obtener información de partidos, jueces, periodistas, y un largo listado de 'enemigos'? El que no haya transcendido no garantiza que no sean objeto de espionaje.
Sabemos que en las últimas décadas el Ministerio de Interior espió a Batasuna; rastreó a guardias civiles que se rebelaron y trataron de formar un sindicato clandestino. Todo el mundo escuchó a Txiki Benegas refiriéndose a Felipe González como “Dios”. Se pinchó el teléfono a periodistas para seguir sus fuentes. Y a uno le invadieron su intimidad con una grabación en la que la Seguridad del Estado se vengaba tras una puerta.
El presidente Felipe González pidió que se investigara “hasta las últimas consecuencias”, la denuncia de escuchas ilegales en las líneas de teléfono de los entonces dirigentes de la oposición y sindicalistas Adolfo Suárez, Gerardo Iglesias (PCE) y Antonio Gutiérrez (CCOO), entre otros.
En Euskadi, el primer caso de espionaje conocido fue contra el lehendakari Carlos Garaikoetxea por parte de su propio partido el PNV. Fue en agosto de 1986. La escisión nacionalista con la marcha de Garaikoetxea era imparable. Juan Mari Retolaza, primer consejero de Interior del Gobierno vasco y dirigente del PNV fue acusado de ser el inductor del espionaje. Se sentó en el banquillo de los acusados frente al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en abril de 1991 pero salió absuelto.
Recientemente, otro dirigente nacionalista, Aitor Telleria, el número tres de Álava, fue juzgado por espionaje a altos cargos del PSE y PP en Euskadi. También fue absuelto. El fiscal no presentó pruebas suficientes según la resolución judicial. .
Son solo algunos casos que están en la memoria sin necesidad de rebuscar mucho. Así que, espiar se espía y mucho. Desde siempre. Pero, es un delito si no se cuenta con la autorización judicial pertinente y el resultado del espionaje se invalida como prueba por muy concluyente que fuera.
Me imagino a Fernández Díaz visualizando durante sus rezos un sistema de espionaje como el que desarrolló la temible Stasi: un ejército de 100.000 agentes y 200.000 informadores (merece la pena visitar las antiguas dependencias en Berlín). Seguro que al ministro le gustaría un control tan totalitario. Su pasado franquista le ayudaría.
La existencia extraoficial de un equipo policial de espías que busca demoler al nacionalismo catalán no solo es ilegal e incumple los principios de las funciones de la Policía sino que debería ser investigado por la Fiscalía. Pero, eso es una entelequia y no sucederá. Tampoco parece factible que el Gobierno dé explicación alguna o si lo hiciera, se perdería en un laberinto de falsedades y contradicciones, como suele ser habitual. Pero, ¿y los partidos de la oposición? Supongo que los independentistas pedirán explicaciones, al menos que nadie guarde silencio.
El juego político aboca a sus protagonistas a situaciones que al resto de la ciudadanía llenaría de sonrojo. Pero, ellos son diferentes. Y los actuales dirigentes del PP son de un cinismo que irrita. En 2009, con el PP cada vez más tocado por el ‘caso Gürtel’, María Dolores de Cospedal acusó en una entrevista al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de realizar escuchas ilegales telefónicas a dirigentes y miembros de su partido ajenos a la investigación para terminar con el PP.
Sostenía entonces que España vivía en un “Estado policial” en el que el Gobierno del PSOE “utiliza las instituciones”. Habría que preguntarle qué le parece esa unidad policial al servicio del PP. Respondería de manera ininteligible o con cualquier mentira. Su partido no es que use las instituciones es que las fagocita.
Cualquier día, Fernández Díaz, tras sus oraciones en el Valle de los Caídos, esconde una grabadora bajo la chaqueta y trata de sonsacar al abad algún secreto de CiU. Los monjes benedictinos están en la Abadía gracias al partido nacionalista catalán. Os quedáis si no permitís exaltaciones fascistas, les advirtieron. Y allí siguen.
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