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No diga universidad privada, diga Basque Culinary Center
No salgo de mi asombro al comprobar cómo nuestras administraciones públicas (Gobierno vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa y Ayuntamiento de Donostia) apoyan económicamente y regalan —en el caso del consistorio— una parcela de 5.500 metros cuadrados para que una universidad privada se establezca en Gros, uno de los barrios de la ciudad más caros, más densos y con notables necesidades de servicios públicos. Y también me asombra, todo hay que decirlo, la poca de oposición y crítica que ha encontrado el proyecto.
Por si fuera poca la generosidad de regalar una parcela de uso comunitario —en la que podrían construirse viviendas para jóvenes, centros de día o residencias para mayores, en una ciudad con enormes problemas de acceso a la vivienda para los jóvenes—, el obsequio se completa, por ahora, con 24 millones de dinero público para la construcción de un centro universitario privado.
Sorprende mucho que nuestras autoridades sí perciban la necesidad del Basque Culinary Center (BCC) de expandirse hacia su segunda parcela de regalo —la de Miramón también le salió en un ‘rasca y gana’—, y que, por el contrario, no vean la necesidad de dar respuesta a la gran demanda de vivienda existente por parte de la juventud del barrio. Claro que, muy posiblemente, haya quien piense que destinar una parcela pública de Gros a viviendas para jóvenes sea poco menos que una “exquisitez”.
Lo cierto es que la realidad está dibujando un panorama preocupante. Hace un tiempo escribí un artículo crítico sobre la promoción, por parte del Gobierno vasco, de una universidad privada en Gasteiz, Euneiz, que incluso competía en oferta con la universidad pública vasca. Es más que evidente que aquello no fue un accidente, sino que formaba parte de una política activa en perjuicio de lo público en el ámbito de la educación universitaria.
Ahora, se ve que embelesados por el atractivo de la formación de futuras estrellas de fogones de postín y por la empalagosa etiqueta de “gastronomía envidiable” de nuestra ciudad, nos han cocinado otra sede del Basque Culinary Center, centro que pertenece a Mondragon Unibertsitatea (MU). La MU, en realidad, no deja de ser una universidad privada como lo son la de Deusto, regida por la Compañía de Jesús, o la Universidad de Navarra, por el Opus Dei.
Ése es otro de los aspectos más preocupantes del asunto: no sólo es que las administraciones públicas no vean o no quieran responder a necesidades de la juventud, como el acceso a una vivienda, y regalen una parcela y dinero para al negocio de la MU, sino que tampoco ven o no quieren responder a las necesidades existentes en el Campus de Gipuzkoa de la Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco (EHU/UPV).
La EHU/UPV sí que es pública y el Campus de Gipuzkoa está, como el BCC, en Donostia. Sin embargo, sea por falta de glamur o por lo que sea, parece que los cerca de 10.000 estudiantes y profesores de los distintos edificios del campus público no han sabido transmitir a la administración las necesidades y carencias que detectan. ¿Será que no ven las goteras que hay en muchos de los edificios que albergan a la mayoría de las y los universitarios del país que estudian aquí? ¿Será que los cientos de estudiantes extranjeros que alberga nuestro campus público no son embajadores de nuestra cultura culinaria?
Por otro lado, el anuncio de la construcción del GOe del Basque Culinary Center —que así se va a llamar la cosa, dicen—, se publicita a las puertas de la llamada “selectividad”, que no es sino la prueba para obtener una nota que habilita o no el acceso a diferentes estudios de la universidad pública. Esa nota, obviamente, importa menos a quienes sí pueden pagarse la matrícula de universidades privadas como la MU, que no son precisamente la mayoría de la población.
Y, por no dejar de aportar un detalle que es bastante significativo, el proyecto del GOe lo conocemos poco después de que la EHU/UPV haya anunciado que cerrará dos semanas durante el mes de agosto para reducir los gastos generados por encarecimiento de la energía.
La privada Mondragon Unibertsitatea, con 24 millones de euros de todas y todos, va a correspondernos graciosamente a la ciudad con la construcción, en un suelo que antes era público, de un emblemático, moderno y versátil edificio con forma de olas, cubierto de terrazas ajardinadas que estarán abiertas al público. Miel sobre hojuelas.
Todo ello con el poco eco encontrado por la escasa contestación pública. Más allá de las críticas de las plataformas Inquilinos de Azora, Alokairu Benta Berri o Stop Desahucios y algún partido, la oposición a este disparate por parte de nuestros representantes políticos está brillando por su ausencia, lo cual me parece muy preocupante. En este sentido, habrá que reconocer el éxito comunicativo de quienes han conseguido vender como una gran aportación al bien público lo que, en realidad, es una pérdida en el campo de la equidad y la justicia social.
Va a resultar curioso, cuando menos, ver en adelante los ejercicios dialécticos de nuestros gobernantes a la hora de explicar a futuras médicas y enfermeras —tan aplaudidas—, abogadas, maestras o arquitectas que estudian en la universidad pública, que sus instalaciones no gozan de tan buena consideración como la MU como para invertir dinero público en ellas.
Claro que, en realidad, quizá sea una osadía alzar la voz en contra de este dispendio público en un centro privado con nombre en inglés, que recibe las bendiciones de las autoridades públicas y culinarias del país. A ello ayuda mucho que no lo llamemos “universidad privada”, sino Basque Culinary Center, que es mucho más molón. No hay color. 'There’s no comparison'.
No salgo de mi asombro al comprobar cómo nuestras administraciones públicas (Gobierno vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa y Ayuntamiento de Donostia) apoyan económicamente y regalan —en el caso del consistorio— una parcela de 5.500 metros cuadrados para que una universidad privada se establezca en Gros, uno de los barrios de la ciudad más caros, más densos y con notables necesidades de servicios públicos. Y también me asombra, todo hay que decirlo, la poca de oposición y crítica que ha encontrado el proyecto.
Por si fuera poca la generosidad de regalar una parcela de uso comunitario —en la que podrían construirse viviendas para jóvenes, centros de día o residencias para mayores, en una ciudad con enormes problemas de acceso a la vivienda para los jóvenes—, el obsequio se completa, por ahora, con 24 millones de dinero público para la construcción de un centro universitario privado.