Políticas de igualdad en donde quepamos todas

A finales de la semana pasada, las cuidadoras de residencias, en su inmensa mayoría mujeres, denunciaban que el gobierno del PNV y del PSE en la Diputación de Gipuzkoa bloqueaba el preacuerdo alcanzado con las patronales para mejorar sus condiciones salariales y laborales. Como conclusión comunicaban que mantenían la convocatoria de huelga para el 20 de febrero. Paradójicamente, en esos mismos días, la misma Diputación celebraba en Tolosa el Congreso 'Feminismo 4.0: Lecturas sociales y políticas de la nueva ola del feminismo'. En esas jornadas participaban con una presencia mayoritaria voces feministas críticas que señalan al capitalismo como parte sustancial del problema. Allí dejaron sus ideas inconformistas Rosa Cobo, Amaia Pérez Orozco, Carmen Castro o Justa Montero, entre otras.

Dirigentes forales han dicho del Congreso que se trata de “un nuevo hito en las políticas de igualdad progresistas” de la Diputación de Gipuzkoa. Si atendemos a las políticas desarrolladas durante esta legislatura podríamos concluir que este gobierno considera que la igualdad de género es un derecho que se conquista endureciendo el acceso a la protección social, retrocediendo en la redistribución de la riqueza, debilitando los servicios públicos de cuidado y apostando por su mercantilización. La eliminación de la Ayuda de Garantía de Ingresos, del Impuesto a la Riqueza y Grandes Fortunas, la bajada de tipos en el Impuesto de Sociedades de Gipuzkoa, el aumento del copago en las residencias, la congelación de la mejora salarial y laboral de sus profesionales, la reducción de la financiación del Servicio de Ayuda a Domicilio y el impulso de la compra individual de empleo de hogar vía cheque-servicio, son algunas de las medidas ilustrativas de esa gestión. La mayoría de estas medidas, además, han salido adelante pese a contar con informes elaborados por el propio Órgano de Igualdad de la Diputación que alertaban sobre su impacto negativo para las mujeres.

Parece cierto que lo que entiendo como una contradicción política insalvable no hace sino demostrar que el concepto de igualdad de género está en disputa. Es igualmente evidente que hay visiones políticas en conflicto sobre qué es la igualdad de género y cómo alcanzarla. Eso explica las enormes diferencias en el enfoque de las políticas de igualdad que aterrizan los diversos partidos en posiciones de gobierno. No es la misma política pública la que desarrolla Ada Colau desde Barcelona En Comú en Barcelona, que la del Partido Popular de Alberto Núñez Feijó en Galicia, o la de Markel Olano del PNV en Euskadi.

Es verdad que hay más o menos coincidencia en la descripción de cuáles son los ámbitos de la vida sobre los que es necesario intervenir para atajar las desigualdades de género. Pero no se comparte ni el diagnóstico de cuáles son las causas ni qué terapia hay que aplicar para acabar con ellas.

Hablar de igualdad de género es hablar de cómo se va a producir y cómo se va a repartir la escasez atendiendo los límites terrestres; de cómo se van a cuidar los vínculos y afectos de unos cuerpos siempre vulnerables y necesitados de otros; o de cómo se van a garantizar unas vidas libres de violencia machista. El tema es si estas cuestiones se van a solventar guiadas por criterios de mercado o por una justicia social de género de la que se puedan beneficiar todas las personas, tal y como vienen proponiendo las voces del feminismo que se reivindica del 99%.

Dadas las políticas del gobierno foral del PNV y del PSE, me temo que pretenden hacerlo siguiendo exclusivamente los dictados del mercado. Que es como decir que el objetivo priorizado no es el bien-estar colectivo, sino las tasas de beneficios que se pueden obtener de la producción de ciertos bienes y servicios. Entre otros, los derivados del cuidado de las personas.

En su visión del mundo, el ideal femenino es el de una mujer emprendedora y empresaria, por supuesto de éxito, cuyo “talento” se ha podido gestar gracias a su esfuerzo y a las buenas elecciones personales tomadas. El óptimo desarrollo de este ideal requiere que las instituciones promuevan políticas de igualdad de género dirigidas a mejorar la competitividad de las mujeres y las empresas a través de cambios culturales. Las mujeres tienen que empoderarse individualmente, ganar en autoestima y perfeccionar sus capacidades. Las empresas, dinero público mediante, tienen que entender que discriminar por prejuicios sexistas es económicamente dañino. Aún quedaría un problema pendiente: cómo resolver los cuidados de las personas que no pueden hacerlo por sí mismas y que ya no cuentan con un ejército de mujeres dedicadas a tiempo completo. Y gratuitamente, claro. Desde su perspectiva, las instituciones tienen que dinamizar el mercado de los cuidados convirtiéndolos en un negocio rentable. Se garantizaría, además, una cartera amplia de servicios a elegir dependiendo del dinero con el que se cuente para pagarlos. Este enfoque es la proyección de futuro impresa en el proyecto estrella de la Diputación “Etorkizuna Eraikiz”.

En un contexto de feminización generalizada de las condiciones laborales, o sea, de precariedad generalizada y de retirada de las instituciones de su papel garante frente a ciertos riesgos de la vida, este ideal es una ficción sólo alcanzable para las mujeres situadas a la cabeza de la pirámide económica. Sólo unas pocas van a poder comprar en el mercado los cuidados y solo esas privilegiadas van a poder desarrollar un “talento” que les asegure potenciales buenos sueldos. El resto de las mujeres vive auto-exigida, pluriempleada y sin garantías de que su empleo les facilite salir de la incertidumbre económica y vital. Sin asideros públicos a los que recurrir, vender su fuerza de trabajo, aunque sea a precio de saldo, es la única posibilidad de supervivencia. Al tiempo, como los servicios públicos de cuidado son escasos, hay que co-pagarlos. Como el sueldo no alcanza, no queda otra que reducir el tamaño familiar o directamente renunciar a tener hijos, tirar de abuelas, madres o amigas con las que compartir el cuidado, o multiplicar los tiempos de trabajo.

En una sociedad de mercado en la que las instituciones operan como un agente económico más, dedicado a impulsar la competitividad de todos contra todos, la inmensa mayoría de las mujeres tenemos mucho que perder. Quienes quieran divorciar los cambios culturales en clave no patriarcal de la redistribución material justa mienten porque en esa igualdad de género no cabemos todas. Lo resumió Amaia Pérez Orozco en el Congreso: “Nos va la vida en desenmascarar la alianza criminal entre patriarcado y capitalismo neoliberal”.

Pese a todo, el gobierno de la Diputación ha dicho que quería escuchar al movimiento feminista y extraer ideas que permitan orientar sus políticas públicas de igualdad. Ciertamente, la pretensión es loable, pero resulta improbable que cubran el trecho que va de las palabras a los hechos. Cuando la razón neoliberal dibuja el horizonte, las buenas palabras no pasan de ser un ejercicio publicitario.

Sin lugar a dudas, el congreso es una victoria del movimiento feminista, que muestra su fuerza y arranca a un gobierno que hace de la igualdad de género una política funcional a la mercantilización de todos los ámbitos de la vida la obligación de escuchar a sus voces más críticas. Queda abierta la duda de si este Congreso no se explicará mejor por el interés de revestir a la gestión de este gobierno foral de una imagen más progresista que por la voluntad de traducir las propuestas de la agenda feminista crítica en políticas públicas igualitarias. De si no se estará buscando la complicidad con el movimiento feminista a las puertas del nuevo ciclo electoral que se inicia.

Si hubiera consistencia entre las conclusiones del Congreso y las políticas públicas de la Diputación, se verían obligados a impugnar su propio proyecto político. ¿Suena excesivo? Podría ser que me equivocara y que, en realidad, hayan tomado nota y aprendido de lo que les han dicho las activistas y académicas feministas. De ser así, no hará falta que reflexionen mucho ni esperen un minuto más. Bastaría con mostrar un primer compromiso desembolsando el dinero público que facilitaría mejorar las condiciones de las cuidadoras de las residencias de Gipuzkoa. ¿Alguien imagina unas mejores conclusiones a tan relevante congreso? Por algo hay que empezar y, a punto de finiquitar la legislatura, ya andan tarde.