Y sigue la ronda

La reciente negociación entre el PNV y el PP de determinados flecos pendientes en la liquidación del Cupo vasco de pasados años ha vuelto a colocar al particular sistema de financiación de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y Navarra en el centro de la atención pública, aunque sea de manera efímera y superficial. A primera vista, un sistema que, a igualdad de competencias a financiar y a igualdad de esfuerzo fiscal, garantiza a dos Comunidades Autónomas concretas el doble de financiación pública per cápita que las de la media del resto de Comunidades Autónomas (CCAA) debería llamar la atención mucho más de lo que hace, debería provocar un auténtico clamor de indignación. No es así porque no existe interés político en airearlo y porque, todo hay que decirlo, el sistema está protegido por una tupida red de seudoargumentos y seudojustificaciones que valen para satisfacer a una opinión pública perezosa ante los detalles complicados.

De ellos queremos ocuparnos en estas líneas, movidas sólo por un deseo de pulcritud intelectual en torno a este curioso fenómeno.

Pedro Luis Uriarte nos comentaba hace días en la prensa la radical equivocación en que incurren quienes denuncian el sistema concertado vasco como si fuera el principal problema del sistema común de financiación de las comunidades autónomas en España. Por mucho que se aumentase el Cupo vasco, venía a decir, ello no resolvería el problema o los problemas de las demás CCAA españolas, que son los de una insuficiencia financiera largo tiempo arrastrada. Y tiene razón, claro que la tiene. Lo que pasa es que la cuestión no es ésa, sino otra muy distinta. No se trata de si la fijación de otro Cupo, más exacto y que incorporase la cuota de solidaridad interregional, tendría un efecto significativo para las demás CCAA, que no lo tendría apenas, sino de si tal corrección viene exigida por criterios de igualdad en la financiación de los servicios básicos de ciudadanía. El argumento de Uriarte suena exactamente igual que el que podría, con toda razón, formular un evasor fiscal al decir que: “total, aunque pague lo que yo debo a Hacienda, no por eso se va a arreglar la economía del país ni van a pagar menos los demás ciudadanos; así que ¿qué más les da? Que se preocupen de sus problemas”. La respuesta es obvia, y se le ocurre a cualquiera: usted debe pagar como todos por razón de justicia, no por razón de eficacia. La corrección del sistema fiscal vasco, ajustando el cupo al alza, no viene exigida por motivos de mejora de la financiación de otras CCAA, sino por razones de justicia solidaria interciudadana.

Otra cosa es que, como Uriarte sabe percibir muy bien, nadie quiera afrontar el grave coste político del ajuste cuando el beneficio resultante de tal batalla sería marginal para los demás. Es un caso de libro de éxito en la acción colectiva tal como la estudió Mancur Olson: un grupo pequeño y cohesionado por un interés tangible relevante siempre se impondrá en una colectividad en la que el resto de participantes no tiene un interés colectivo por suprimirlo o éste está mal repartido entre todos.

Ignacio Marco Gardoqui, por su parte, nos informaba de que la llamativa diferencia en el rendimiento del sistema foral por respecto al común se fundamenta (y justifica) en gran parte por tres razones: porque en el País Vasco (PV) existe una riqueza superior, con lo que el sistema fiscal produce ingresos superiores; porque el sistema fiscal vasco es más eficiente y grava a una economía más amplia (menor economía sumergida en PV que en España); porque aquí hay menos corrupción.

El primer argumento es más una explicación que una razón; y además, es incompleta. Naturalmente que los ingresos fiscales brutos del PV son superiores a los de otras regiones porque la riqueza es superior, porque hay más ricos en PV que en Asturias. Pero para que ese mayor ingreso genere una mayor financiación pública es preciso otro requisito: que el PV se quede para sí con todo eso que recauda de más por ser más rico, es decir, que no contribuya a la solidaridad con las CCAA más deficitarias. Si no existiera esta apropiación unilateral del exceso de rendimientos fiscales, al PV le pasaría lo que a Madrid o Barcelona: que un ingreso fiscal muy superior le sería arrebatado para nivelar a Extremadura o Galicia. Y hablamos de un pastel equivalente al 7 u 8% del PIB respectivo. Ese es el porcentaje de ingresos propios que pierden las CCAA ricas en España por mor de la solidaridad, y ese es el porcentaje que PV se queda para sí año tras año. Dicho en términos coloquiales, la ganancia no viene provocada sólo por ser más rico sino porque, además, somos agarrados: nos lo quedamos todo.

Hace ya años que Ignacio Zubiri simuló los efectos que tendría para las demás CCAA la extensión del sistema de Concierto vasco/navarro tal como éste funciona en la realidad (2007). Para otra comunidad autónoma rica como es Madrid, supondría pasar a disponer de una financiación equivalente al 16% de su PIB –actualmente es del 8,4%-, en euros per cápita pasaría de disponer de 1.743 a recibir 3.688 para financiar los servicios públicos a su cargo. La diferencia, escribía Zubiri, no es sino el indicador del grado de aportación a la solidaridad que implica el sistema común actual.

Segundo argumento: es un hecho admitido en general que la economía sumergida de PV es inferior a la media de España en unos 5 puntos de PIB (Informe UPV 2016). Lo cual no se debe exactamente a una mejor inspección y control fiscal, sino sobre todo a que el tipo de economía industrial de PV hace más difícil la ocultación de rentas que una agrícola o de servicios. Pero, bueno, demos por buena la idea de que esos 5 puntos del PIB explican un mayor ingreso fiscal en PV. La cuestión es si ese porcentaje justifica el ahorro final obtenido a través del Cupo, que es de un 7 u 8% PIB como ponen de relieve todas las balanzas fiscales o cuentas públicas territorializadas que se han llevado a cabo el último decenio. El cálculo es sencillo: un 5% más de PIB, sometido a una presión fiscal media del 25%, implica una sobreproducción inferior al 1,5% de ingresos fiscales en porcentaje de PIB. Muy poco para poder explicar la brecha entre los ingresos disponibles en el PV y España.

Ello sin mencionar que otras CCAA como Madrid o Cataluña tienen también porcentajes de economía sumergida muy inferiores a la media de España, similares a los de PV. Y, sin embargo, ello no repercute para nada en la aportación que reciben del sistema de financiación común.

Y en cuanto a la corrupción, que efectivamente es percibida como muy inferior en PV que en otras CCAA españolas (la corrupción no puede medirse, sólo se mide su percepción pública), Marco Gardoqui no nos explica cómo se relaciona esa variable con la productividad del sistema de financiación, ni aporta los datos que permitan cuantificarlo. En realidad, si la corrupción implica el desvío a la zona opaca del sistema de parte de la producción social de riqueza (y consecuentemente su no tasación por el fisco) la corrupción estaría ya incluida en el argumento sobre la economía sumergida y estaríamos duplicando el argumento anterior.

Vamos, que al final nos quedan sólo los “derechos históricos” como sostén del sistema concertado, aunque no sirvan como fundamento de su llamativo privilegio. Quizás sea porque, como escribió hace ya años el mismo Marco Gardoqui, cuando él estudió Derecho en la Universidad nadie le mencionó ni explicó la existencia de esa clase de derechos, los “derechos históricos”, ignorados por la ciencia jurídica racionalista. Yo estaba por allí entonces, y desde luego así fue.

José María Ruiz Soroa, abogado.

La reciente negociación entre el PNV y el PP de determinados flecos pendientes en la liquidación del Cupo vasco de pasados años ha vuelto a colocar al particular sistema de financiación de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y Navarra en el centro de la atención pública, aunque sea de manera efímera y superficial. A primera vista, un sistema que, a igualdad de competencias a financiar y a igualdad de esfuerzo fiscal, garantiza a dos Comunidades Autónomas concretas el doble de financiación pública per cápita que las de la media del resto de Comunidades Autónomas (CCAA) debería llamar la atención mucho más de lo que hace, debería provocar un auténtico clamor de indignación. No es así porque no existe interés político en airearlo y porque, todo hay que decirlo, el sistema está protegido por una tupida red de seudoargumentos y seudojustificaciones que valen para satisfacer a una opinión pública perezosa ante los detalles complicados.

De ellos queremos ocuparnos en estas líneas, movidas sólo por un deseo de pulcritud intelectual en torno a este curioso fenómeno.