Prohibir o no los móviles, ¿esa es la cuestión?

“Prohibir algo es despertar el deseo”, Michel de Montaigne.

El Ministerio de Educación y FP ha propuesto a las Consejerías de Educación de las CCAA esta candente cuestión, que rápidamente ha llenado las tertulias radiofónicas del país: restringir el uso de los teléfonos móviles en los centros educativos, de forma total en la Enseñanza Primaria y adecuada al proyecto educativo de cada centro en la Secundaria. Con esta medida, el Ministerio sigue la tendencia ya adoptada en algunas Consejerías de Educación (Castilla La Mancha, Galicia y Madrid) y propuestas en alguna otra (el Consejo Escolar de Cataluña plantea la misma restricción al alumnado hasta los 14-16 años). Según la información obtenida, el resto de CCAA, aún navegando en la indefinición, ha visto con buenos ojos la iniciativa ministerial (cuestión más que sorprendente dada la dinámica de rechazos a cualquier propuesta a la que nos tiene acostumbrados/as últimamente la política española).

De este modo, las administraciones parecen decididas a abrir la caja de Pandora, ante las dudas de la ciudadanía sobre la cuestión: ¿Móviles sí o no en el aula? ¿Perjudican abiertamente la formación del alumnado? ¿Favorecen el cambio educativo por el que tanto se suspira? ¿Tiene la educación un competidor desleal en estos dispositivos electrónicos? ¿Debe convertirse la Enseñanza en el David que vence al Goliat tecnológico? ¿Podemos, debemos poner puertas al campo?

El asunto está en plena ebullición, porque defensores/as y detractores/as articulan sus argumentos con el ánimo de resultar victoriosos/as en una contienda que tendrá participantes variados y resultados inciertos. Política, empresas, instituciones y ciudadanía en general, estarán enumerando las razones que convenzan de la racionalidad de sus exposiciones. Intentaré desde estas páginas aportar mis reflexiones, que, ya adelanto, navegan en aguas ambiguas, con razones desde ambos lados, pero con definiciones no sé si concluyentes.

Empecemos con una obviedad: es indudable que ante la aparición de la noticia que nos informaba de que varios cientos (¿miles?) de niños y niñas han visto sus móviles inundados de imágenes pornográficas, hay que actuar, tomar medidas que reconduzcan una situación que nunca debería haberse producido. No hay ninguna duda de que la alarma que tal hecho ha encendido en innumerables familias ha movido a las administraciones a la toma de posición sobre móviles e infancia. Sin embargo, lo único que ha trascendido es la propuesta ministerial ya citada. ¿No es posible actuar contra las empresas que realizan esta invasión en la privacidad de las personas? ¿Tenemos que asumir que en plena época tecnológica no se puede seguir el rastro online de tales invasores? ¿Qué ha trascendido de las medidas (si es que existen) que se estén tomando contra estos invasores de lo ajeno?

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística de España (INE) el 70% de infantes entre 10 y 15 años tienen teléfono móvil. Es decir, que compañías telefónicas ponen al servicio de este potencial colectivo consumidor lo mejor y peor de sus respectivos intereses y aplicaciones. Si a ello se añade que desde una edad temprana no hay constancia de normas claras de uso adecuado de este instrumento de comunicación (que no se olvide el destino final de estos aparatos) por parte de las propias familias, el cóctel explosivo está servido.

De un tiempo a esta parte, son innumerables las personas preocupadas por la invasión de la intimidad infantil, hasta el punto de aparecer asociaciones, como “Adolescencia sin móviles” que buscan un pacto social entre padres y madres para solventar este problema. El argumento principal plantea que, si se consigue retrasar la edad de posesión del móvil, el niño/a no se sentirá excluido de su entorno social más próximo, el de los/as colegas. Ahora bien, mientras no haya medidas específicas que acompañen este retraso con un aprendizaje de uso adecuado, responsable y moderado, del móvil - y, básicamente de Internet- poco (o nada) se habrá conseguido.

Y ¿qué tiene que decir la Educación ante esta nueva realidad? La proliferación de dispositivos electrónicos e informáticos de los últimos años en las aulas, acelerado tras el colapso que supusieron el COVID-19 y el confinamiento, aumentó la sensación de que sin tecnología punta la enseñanza volvería a quedarse relegada de los avances científicos. De ahí que las administraciones educativas incrementasen inversiones tecnológicas -en proporción desconocida hasta la fecha-, inundaran de ofertas de concursos de creación de programas didácticos online al profesorado y acudiesen a las empresas proveedoras de pantallas multimedia transformando las aulas de los centros educativos como si no hubiera un mañana. Todo ello sin un acompañamiento de medidas pedagógicas de utilización adecuada de tales medios, lo que empieza a visibilizar una evidente falta de interés, a la hora de abordar la brecha digital en el alumnado, tal y como está demostrando el último informe PISA conocido.

No hay duda de que Internet -y ahora, la Inteligencia Artificial- acabarán siendo un miembro más de la familia, del ámbito administrativo y del trabajo cotidiano en cualquier área productiva. Si esto es así, habrá que aprender a manejarla de tal modo que no provoque una educación más ineficaz, injusta y no equitativa. El Foro de Sevilla, en un reciente artículo publicado en 'El Diario de la Educación' (1) recordaba que en Educación no se puede ser negacionista. “Ante la evidencia, la respuesta es el ejercicio del pensamiento crítico y la capacidad de selección con el objetivo de evitar el riesgo de disminuir la creatividad, la independencia y la originalidad del ser humano”. No puede ser que las nuevas herramientas, teóricamente confeccionadas para mejorar la vida humana, no prioricen la inclusión, la diversidad y los valores democráticos, conceptos trabajados, combatidos y defendidos durante muchos años en los entornos educativos.

Conocer los riesgos de una deficiente utilización de los móviles no puede ser el argumento definitivo para prohibir su uso en las aulas. La Historia ha demostrado en incontables ocasiones que la prohibición “per se” no es sinónimo de fin de los problemas. Quizás si todas/os nos implicamos en un uso adecuado, por un conocimiento preciso de los intereses que hoy en día mueven a nuestra infancia y juventud de un compromiso/pacto familiar y social para su uso, que implique a todas las partes, podamos obtener mejores resultados que los que la propuesta ministerial aspira.

(1) Luces y sombras de la IA en la educación, 15-12-2023

“Prohibir algo es despertar el deseo”, Michel de Montaigne.

El Ministerio de Educación y FP ha propuesto a las Consejerías de Educación de las CCAA esta candente cuestión, que rápidamente ha llenado las tertulias radiofónicas del país: restringir el uso de los teléfonos móviles en los centros educativos, de forma total en la Enseñanza Primaria y adecuada al proyecto educativo de cada centro en la Secundaria. Con esta medida, el Ministerio sigue la tendencia ya adoptada en algunas Consejerías de Educación (Castilla La Mancha, Galicia y Madrid) y propuestas en alguna otra (el Consejo Escolar de Cataluña plantea la misma restricción al alumnado hasta los 14-16 años). Según la información obtenida, el resto de CCAA, aún navegando en la indefinición, ha visto con buenos ojos la iniciativa ministerial (cuestión más que sorprendente dada la dinámica de rechazos a cualquier propuesta a la que nos tiene acostumbrados/as últimamente la política española).