Razones para una huelga en la educación vasca

Son unos cuantos los años que algunos llevamos en esto que suele llamarse con cierto misterio, negociación colectiva, como para pensar que cuando la administración educativa, patronal de las y los trabajadores dependientes de la red pública vasca, convoca una mesa de trabajo -tras prácticamente dos años de silencio- no dudemos de que lo hace con intención de aportar novedades, gestionar tiempos, posibilitar acuerdos.

Además, por si aún quedasen personas que hacen de la incredulidad virtud, estaban las palabras de la consejera Uriarte, para convencerlas de su error, exhortando a las organizaciones sindicales convocantes de dos huelgas en este mes de mayo a deponer su actitud y acudir a la negociación. “Se juega mucho la educación pública de este país como para no asistir a la negociación de un acuerdo laboral que sustituya al actual prorrogado”, venían a decir sus palabras. Se trataba de un envite político que ningún sindicato de enseñanza vasco se podía permitir el lujo de esquivar.

Transcurrida la reunión, escépticos y crédulos, coincidimos en la valoración: la estrategia de la administración no pretendía otra cuestión que ganar tiempo, en la confianza de que el próximo final de curso escolar inhabilitaría cualquier medida movilizadora. Porque sobre la mesa de negociación la escasez de las propuestas sembraba dudas sobre el criterio que la parte patronal tiene de sus contrarios. ¿Podían pensar que tras una espera de renovación de convenio que se retrasa ya casi cinco años, íbamos a recibir con cohetes y música festiva lo allí conocido? Ciertamente, si así lo ven, están muy lejos de conocer en qué claves se mueven las mujeres y los hombres que trabajan día a día en esta educación pública vasca.

Desconocen, una vez más, las penurias económicas que pasan muchos compañeros y compañeras a final de mes por los salarios de miseria que reciben por los tercios o medias jornadas que realizan. No es defendible el argumento de que el incremento salarial es una medida estatal, porque la decisión de sacar las plazas completas o reducidas, sí es una medida autonómica, este curso, además, profusamente utilizada por la Consejería de Educación.

Y hablando de condiciones salariales, es clamorosa la falta de iniciativa de esta Consejería para forzar al resto de departamentos vascos de lo público al convencimiento de la necesidad de volver a la aportación de la cuota empresarial a Itzarri, la Entidad de Prevención Social Voluntaria (EPSV) de los/as trabajadores del Gobierno vasco . Y es necesario volver a esta aportación porque lo que allí incluya el Gobierno Vasco sigue siendo salario diferido que el y la docente dejan de recibir como salario directo y lo percibirá en el momento de la jubilación. Pues bien, esta aportación empresarial hace ya siete años que no se realiza y no precisamente por prohibición del gobierno español que ya aceptó una enmienda del propio PNV en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 en este sentido. La consecuencia de todo ello es que desde ese año (2013) el partido político que gobierna las diputaciones vascas y la mayoría de los gobiernos locales –el PNV- ha recuperado las aportaciones patronales a su EPSV, Elkarkidetza, pero no lo ha hecho para el Gobierno vasco, Itzarri. Si alguien puede arrojar un poco de luz, que explicar este doble funcionamiento del mismo partido, que lo haga. Sus dirigentes, hasta el momento, se han mostrado incapaces de hacerlo.

Los y las actuales rectores del Departamento de Educación son también insensibles a las realidades con las que se encuentran cientos de trabajadores y trabajadoras en sus primeros días de baja, consecuencia de las reducciones aplicadas en los complementos por Incapacidades Temporales, restricción innovadora del Gobierno vasco que el propio Rajoy copió en cuanto tuvo ocasión. Se habla poco de esta medida reactiva impuesta por el Gobierno de Patxi López y bendecida después por los de Urkullu y se piensa que estos recortes justifican la actuación contra el crecimiento inusual del absentismo laboral en la Función Pública vasca. Los sindicatos, sin embargo, llevamos muchos años pidiendo un estudio pormenorizado y por sectores que explique tal absentismo sin obtener nada más que la callada por respuesta.

Importa poco –o más bien, nada- a los y las dirigentes de este Departamento la realidad física y mental a la que llega gran parte del profesorado cercano a la sesentena, cuando sigue imperturbable ante la demanda sindical de recuperación del derecho a una rebaja de horario lectivo –que no supondría trabajar menos, sino de otra forma- para ese colectivo. Acceder a esta petición hubiera significado una cierta empatía con la realidad que impone la estancia en las aulas de miles de docentes en puestos que no permiten ninguna reconversión, dada la propia incapacidad departamental a la hora de confeccionar un estudio adecuado de readaptación de puestos de trabajo.

Todo lo expuesto hasta ahora forma parte de algunas exigencias sindicales ignoradas por el departamento. De lo que estaban dispuestos/as a hablar queda resumido en tres exiguas líneas: tres mil plazas de OPE para toda la legislatura (de las que ya habría que descontar las 740 utilizadas para la convocatoria actualmente en marcha de profesorado de Infantil y Primaria) número claramente insuficiente para rebajar el abultadísimo índice de interinidad del sector, muy por encima del 27% que reconoce el Departamento y ligeros retoques de planificación escolar (en el cubrimiento de las sustituciones desde el primer día en Eskola Txikiak y 2º de Bachillerato y en la consecución de algunas licencias y permisos extensibles también al funcionariado interino) Y se acabó la oferta.

La sensación de ninguneo, de pérdida de importancia del trabajo que realizan los y las trabajadoras del sector educativo para la Consejería es ya perceptible desde hace años. A la falta de energía en la lucha contra la LOMCE se unió el propio proyecto autonómico de HEZIBERRI 2020, no menos utópico y estrambótico para la comunidad vasca que el anterior. Pues bien, todo ello se adereza con la guinda de la constatación del nulo interés departamental por la negociación de las condiciones laborales de su profesorado no universitario.

Una convocatoria de huelga siempre será un asunto capital en la movilización que un sindicato solicita a su afiliación. Pero el esfuerzo que significa su seguimiento debe ir acompañado de la constatación de que si gozamos de derechos y respeto por parte de las administraciones y de las empresas es porque se consiguió utilizando la movilización junto a la negociación. Y en la mayoría de los casos, negociando tras la presión de la movilización.

Son unos cuantos los años que algunos llevamos en esto que suele llamarse con cierto misterio, negociación colectiva, como para pensar que cuando la administración educativa, patronal de las y los trabajadores dependientes de la red pública vasca, convoca una mesa de trabajo -tras prácticamente dos años de silencio- no dudemos de que lo hace con intención de aportar novedades, gestionar tiempos, posibilitar acuerdos.

Además, por si aún quedasen personas que hacen de la incredulidad virtud, estaban las palabras de la consejera Uriarte, para convencerlas de su error, exhortando a las organizaciones sindicales convocantes de dos huelgas en este mes de mayo a deponer su actitud y acudir a la negociación. “Se juega mucho la educación pública de este país como para no asistir a la negociación de un acuerdo laboral que sustituya al actual prorrogado”, venían a decir sus palabras. Se trataba de un envite político que ningún sindicato de enseñanza vasco se podía permitir el lujo de esquivar.