Parecía que con los acuerdos del Pacto de Toledo, su ratificación parlamentaria y la aprobación de las cuentas del Estado, el futuro de las pensiones estaba despejado y encarrilado. Pero no, era el primer trámite de un largo y complejo proceso de negociación, representado en varios escenarios, con distintos guiones y diferentes intérpretes, aunque en todos los casos figura como actor principal José Luis Escrivá. El Ministro de la Seguridad Social hace propuestas y toma iniciativas que no constan en el programa del Gobierno de coalición ni fueron asumidas en el Pacto de Toledo, así que sufre reveses en el Consejo de Ministros y se ha convertido en el enemigo a batir en las movilizaciones de pensionistas. En esa enrevesada situación no han faltado rumores de dimisión, desmentidos de inmediato por el propio Escrivá.
Las recomendaciones del Pacto de Toledo están basadas en los planteamientos de José Luis Escrivá. Sin necesidad de hacer ninguna aportación novedosa, logra impulsar su futuro modelo de pensiones con medidas que ya estaban en vigor. En concreto, la reforma aplicada por José Luis Rodríguez Zapatero en 2011 y las prestaciones complementarias, recogidas en el artículo 41 de la Constitución y en la ley aprobada en 1987 por un Gobierno de Felipe González. A eso añade, entre otras actuaciones, su intención de hacer coincidir la edad real de jubilación con la oficial. Es decir, penalizar las jubilaciones anticipadas.
La polémica en torno al alcance del proyecto Escrivá se desata al notificar, y al mismo tiempo negar, su intención de ampliar de 25 a 35 años el periodo de cálculo para tener derecho a la pensión íntegra. Dentro del Gobierno lo rechaza Unidas Podemos, amenazando con apoyar las movilizaciones anunciadas por los sindicatos UGT y CCOO (respaldaron en 2011 el aumento de 15 a 25 años). Lógicamente las asociaciones de pensionistas también están en contra. Escrivá deja de concretar el alcance de la medida, aunque intenta colarla en el programa de reforma de las pensiones enviado por el Gobierno a la Comisión Europea. Igualmente la llevará, con una u otra formulación, a la Mesa de Diálogo Social.
Los planes de Escrivá van todavía más lejos. De sus declaraciones se deduce que intentará camuflar incluso medidas regresivas de la reforma de pensiones del 2013, cambiando el nombre y la forma de aplicarlas. El factor de sostenibilidad podría denominarse factor de equidad intergeneracional, mientras que la revalorización anual de las pensiones dependería de otros parámetros, además del incremento del IPC. Escrivá se justifica con frases como esta: “Lo que estamos haciendo no tiene nada que ver con un recorte de pensiones”. Puede ser que esté fabricando un modelo de mochila austriaca con diseño hispano.
Combatir los proyectos de Escrivá resulta más difícil que invalidar los de Báñez
Hace tres años, a comienzos del 2018, la entonces Ministra de Empleo y Seguridad Social logró con la prodigiosa fórmula del 0,25% impulsar un novedoso movimiento social en defensa de las pensiones públicas. Actuando como potente grupo de presión, esa marea de la edad tardía consiguió que desde entonces las pensiones no perdiesen poder adquisitivo. Por causas varias, ese singular movimiento se fue fragmentando y diluyendo, teniendo hoy carácter testimonial. El cargo de Fátima Báñez en la Seguridad Social lo ocupa ahora José Luis Escrivá, que logra atraer en torno a su persona todos los reproches que acumulaba el Pacto de Toledo. La contestación social se basa en agravios, más que en grandes ideas o en principios esenciales.
Combatir los proyectos de Escrivá resulta más difícil que invalidar los de Báñez. Intervienen muchas variables y son más complejas: Las medidas de Báñez afectaban a las pensiones actuales y futuras, las de Escrivá sobre todo a las futuras. No es probable que Escrivá aplique medidas drásticas, actuará de forma progresiva. Aunque las movilizaciones hayan decaído, quienes siguen en la calle son pensionistas, no trabajadores preocupados por el porvenir de las pensiones. El Gobierno de coalición tiene una imagen de izquierdas que no provoca un rechazo similar al de Rajoy. En las asociaciones de pensionistas hay militantes y simpatizantes de PSOE y UP. Los sindicatos UGT y CCOO amenazan con movilizaciones, pero evitarán desestabilizar al actual Gobierno. Cabe añadir otros motivos.
Escrivá parece empeñado en seguir el guión de Báñez con todo detalle, hasta el punto de enviar a los nueve millones de pensionistas una carta exculpatoria y pretenciosa sobre sus actuaciones, que en vez de calmar los ánimos puede soliviantarlos, alcanzando un estado de catarsis colectiva al ser quemadas en piras purificadoras, como la carta de Báñez que prendió la llama del movimiento de pensionistas.
La oportunista actitud de la derecha política se viste de apoyo, siendo una rémora. Ejemplos tomados de titulares de Europa Press: “Casado pide ”sinceridad“ al Gobierno con las pensiones y dice que la reforma del Gobierno puede llevar a que bajen un 6%”. “Vox avanza su rechazo a ampliar a 35 años el cálculo de la pensión por suponer ”el mayor recorte de la historia“. El Círculo de Empresarios copia a Escrivá, planteando ampliar los años para calcular las pensiones y revalorizarlas con la productividad en vez del IPC. En estos momentos críticos se intensifica la ofensiva de la banca y aseguradoras, persistiendo en la prédica de la quiebra de las pensiones públicas para promocionar sus planes privados.
Aunque da la impresión de que Escrivá va por libre, según publicaba el diario digital “La última hora” el 15 de diciembre, el Ministro de la Seguridad Social actúa siguiendo instrucciones del Presidente del Gobierno. La iniciativa de ampliar el periodo de cálculo de las pensiones de 25 a 35 años se intentó enviar a la UE a través de un cauce tan opaco como la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, presidida por la Ministra de Economía Nadia Calviño. UP se opuso, reclamando que el asunto fuese tratado en el Consejo de Ministros.
Según ese misma fuente “la utilización de los fondos de recuperación procedentes de la Unión Europea está sometida a una especie de condicionalidad abstracta –vinculada al cumplimiento de recomendaciones específicas para cada Estado y para cada ministerio–”. Es decir, la ayuda no es altruista, hay condiciones implícitas. El Mundo lo confirmaba el 30 de enero con una cita de Escrivá: “La reforma de las pensiones es clave para acceder a los fondos de la UE y está en el propio interés de España”. El titular de “La última hora” no podía ser más contundente: “El PSOE maniobra para recortar las pensiones”.
Mesa de Diálogo Social
En la concertación tripartita entre Gobierno, patronal y sindicatos, la figura clave es el Ministro de la Seguridad Social. José Luis Escrivá acude con las recomendaciones del Pacto de Toledo y con proyectos que anuncia en unos foros y desmiente en otros. Sabe que los sindicatos no pueden aceptar (como en la época de Rodríguez Zapatero) una nueva ampliación del periodo de cálculo de las pensiones, mientras la anterior se aplica de forma gradual. Se conformará con el parabién empresarial, como ya ha hecho el Círculo de Empresarios.
Más fácil lo tiene con las pensiones privadas de empleo. CCOO y UGT participan en gestoras de ese tipo de productos financieros, junto con el BBVA. En Euskadi comparten con ELA y LAB las EPSV, destacadas por Escrivá como modelo de su macrofondo “de pensiones de promoción pública y gestión privada”. Sindicatos y empresarios guardan silencio, hasta conocer las ventajas que les reportará el experimento.
Escrivá lanzará además otros mensajes, reproducidos por numerosos medios de comunicación: “Lo más eficaz para hacer sostenible el sistema de pensiones es que las personas trabajen más años”. Escrivá no quiere pasar a la historia como el ministro que liquidó la “hucha de las pensiones”. Las recomendaciones del Pacto de Toledo solicitaban recuperarla, pero solo se compromete a mantener los 2.150 millones actuales, habiendo acumulado 67.000 hace una década. Escrivá pretende acabar con la brecha de género de las pensiones con una ayuda por maternidad de 378 euros anuales por cada hijo o hija. Siendo un paso positivo, si realmente tuviese voluntad de zanjar esa brecha, no dudaría en equiparar la pensión mínima con el SMI.
Las conversaciones se desarrollarán bajo la atenta mirada de las instituciones europeas, que no plantean exigencias para conceder la ayuda de 140.000 millones del fondo de recuperación, mientras se acaten sus preferencias. Junto a los planes privados de empleo tocará hablar de los Planes de Pensiones Paneuropeos (PEPP) aprobados en abril de 2019. En declaraciones a eldiario.es, el eurodiputado catalán Ernest Urtasun los valoraba así: “Hemos votado en contra de este producto en defensa de un sistema de pensiones público y de calidad, que garantice unas prestaciones suficientes para toda la ciudadanía”.
En una situación tan excepcional, cualquier demanda debe tener en cuenta las circunstancias socioeconómicas del país. Para constatarlas basta repasar titulares de prensa recientes: “La economía española se contrajo un 11% en 2020, el mayor desplome desde la Guerra Civil” (El País) “El paro sube en 527.900 personas en 2020 y se destruyen 622.600 empleos, los peores datos desde 2012” (eldiario.es) “La pobreza severa podría aumentar en España en casi 800.000 personas y llegar a 5,1 millones por la COVID-19” (Oxfam Intermón). “La otra cara del Covid: Las muertes de mayores disparan las bajas en pensiones a niveles históricos” (65ymás).
Reconocer la realidad no implica renunciar a reclamar derechos, significa asumir un programa mínimo. Podría ser: 1) revalorización de pensiones en base al IPC real por ley, 2) equiparar las pensiones mínimas con el SMI, 3) suprimir las desgravaciones fiscales de fondos de pensiones, privados y de empleo, 4) derogar los aspectos regresivos de las reformas de pensiones.
El movimiento de pensionistas ha perdido el ímpetu de una marea humana, replegándose a las actividades reivindicativas y asistenciales del asociacionismo
En esta situación queda poco margen para el optimismo. Se corre el riesgo de que las reformas sean regresivas, aunque los pensionistas de hoy no pierdan derechos ni retribuciones. Como en el empleo, las amenazas acechan a quienes soportan el trabajo precario. Ana Lacalle lo decía en Zaragoza con palabras recogidas por elheraldo.es: “Ahora ser pensionista te permite vivir de una manera justa la jubilación, pero lo que viene va a ser miseria”.
El movimiento de pensionistas ha perdido el ímpetu de una marea humana, replegándose a las actividades reivindicativas y asistenciales del asociacionismo. En todas partes las acciones son hoy testimoniales y se nota más donde antes eran multitudinarias. Mermada la capacidad de movilización, en general se opta por integrarse en otras causas con arraigo social, sean las residencias geriátricas, la defensa de la sanidad pública, conflictos laborales o, como en Bilbao, solidarizarse con la población saharaui.
Las asociaciones de pensionistas reclaman participar en la toma de decisiones que les afectan, pero la capacidad legal, tanto a nivel de representación como de negociación, corresponde a los sindicatos mayoritarios. Hay objetivos comunes, como la revalorización de las pensiones en base al IPC por ley, o el rechazo a la ampliación del periodo de cálculo de la base reguladora. Lo ideal sería emprender una acción conjunta asociaciones - sindicatos, pero los obstáculos parecen insalvables: costaría obviar la reforma de las pensiones del 2011, asumida por UGT y CCOO, junto con los planes de pensiones de empleo, suscritos además por ELA y LAB.
La confluencia resulta inimaginable, salvo en Euskadi, donde la ideología soberanista neutraliza la confrontación entre colectivos sociales que se declaran abertzales. Es probable que las plataformas de pensionistas actúen como grupo de presión sobre la Mesa de Diálogo Social, mientras Escrivá remarca la responsabilidad sindical en materia de pensiones. El 2 de febrero anunció en el Senado que lo aprobado “en el marco del diálogo social dará certidumbre a los pensionistas de ahora y del futuro”.
Por necesario que sea, costará lograr un vínculo estable a nivel estatal entre el conjunto de agrupaciones que forman parte del atomizado movimiento de pensionistas. La posibilidad de lograr una unidad de acción firme, entre asociaciones de base y organizaciones sindicales, depende del empeño común por consensuar una idea fuerza con el arraigo y la capacidad de movilización que tuvo a comienzos del 2018 la oposición al 025%. Ese poder de convicción, de convocatoria, de legitimación, lo tendría hoy la demanda de una pensión mínima equivalente al SMI. Se trata de una consigna idónea para reducir la brecha de género y las desigualdades sociales relacionadas con las pensiones. Implica buscar la unanimidad en torno a una demanda común, haciendo realidad proclamas tan coreadas como: “la unión hace la fuerza” o “insistir, persistir, nunca desistir”. Ciertamente, en la actual situación, resistir significa vencer.
Sobre este blog
Viento del Norte es el contenedor de opinión de elDiario.es/Euskadi. En este espacio caben las opiniones y noticias de todos los ángulos y prismas de una sociedad compleja e interesante. Opinión, bien diferenciada de la información, para conocer las claves de un presente que está en continuo cambio.
0