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Un salto al vacío para las que peor están

Tinixara Guanche, parlamentaria de Elkarrekin Podemos

Este pasado jueves se aprobaba en el Parlamento Vasco la toma en consideración de la ley que quiere reformar la actual Renta de Garantía de Ingresos. Una propuesta hecha por el PNV y el PSE, que avanza con la colaboración del PP.

Una alianza muy fea cuando hablamos de derechos sociales. Una pinza que, de verdad, me hace entristecer por lo que puede salir de este proceso que se inicia. Y me acongoja porque soy trabajadora social y porque llevo años viendo los rostros y las historias de quienes sufren las consecuencias de la nefasta gestión de la RGI que hace Lanbide a día de hoy.

Y quiero tomarme un minuto para compartir las razones que nos han llevado a votar que no, porque en este país se tergiversa mucho y  se profundiza poco cuando toca hablar de un derecho que es fundamental para el conjunto de la sociedad en Euskadi pero que, lamentablemente, está muy desprestigiado. Las razones del voto contrario de Elkarrekin Podemos a esta ley son muchas. Trataré de resumirlas en 5 puntos generales:

  1. La ausencia absoluta de la perspectiva de género

La feminización de la pobreza es un hecho que en Euskadi es reconocido hasta por el propio Gobierno Vasco. Esta ley no incorpora la perspectiva de género por lo tanto no va a solucionar la precariedad ni la pobreza en la que se encuentran miles de niñas, mujeres adultas y pensionistas. Además, utiliza el término violencia en el ámbito familiar, invisibilizando la violencia por motivos de género, y a las mujeres supervivientes de violencias machistas. Esto es un paso que, en lo simbólico y en lo práctico, supone un salto abismal hacia atrás que genera un ámbito de inseguridad y un retroceso hacia los derechos de las mujeres. En todo caso, y la razón fundamental, es que no contiene ninguna medida que se oriente a corregir las disfuncionalidades que se dan a día de hoy en el Sistema de Garantía de Ingresos y que hacen que Lanbide vulnere los derechos de las mujeres vascas en situación de pobreza y precariedad. Y esto es algo que desde Elkarrekin Podemos no queremos ni podemos amparar.

  1. La intención de engañar a las personas pensionistas

Esta ley pretende maquillar con una subida de 20 € los recortes sociales que llevamos sufriendo desde el año 2011 y que afectan directamente a las personas pensionistas, que sin los recortes podrían estar cobrando 204€ más. Pero lo más grave es que con esta ley, cuelan una obligación y una prohibición que va a precarizar en mucho las vidas de las personas mayores que necesitan apoyo porque sus pensiones son insuficientes, y es la limitación de viajar sin pedir permiso a Lanbide, y en todo caso, la prohibición de salir de Euskadi más de 90 días al año. Esto supone una limitación que se traducirá en la imposibilidad de acudir a viajes del IMSERSO o de irse al pueblo o a visitar a sus hijas e hijos si están fuera de Euskadi. Y en todo caso, supone una pérdida de autonomía de las personas mayores sobre sus vidas bajo el lema luminoso de un titular que no es cierto. Y esto es algo que desde Elkarrekin Podemos no queremos ni podemos amparar.

  1. Los recortes que quieren ser camuflados

Esta ley plantea un cambio en las cuantías que, en todos los casos, supone una pérdida adquisitiva respecto de lo que la gente debería de cobrar si no se aplicasen, insisto, los recortes. El caso más sangrante serían los más de 300€ de diferencia en negativo para las familias formadas por dos pensionistas y la menor, la que se queda en 13€ menos de las familias de más de 4 miembros. Sin embargo, tiene una consecuencia perversa la fórmula que aplican por varias razones: la primera, es que se elimina la referencia al SMI para  pasar a utilizar un índice que se inventan sin ningún complejo y determinan que son 455€ con lo que en Euskadi se pueden cubrir los gastos para vivir. Para arreglar este despropósito, se sacan de la chistera una serie de bonos en función de la situación personal que vienen atravesados por unos condicionantes que no se explican así  que te pueden dejar con sólo 455€.

Pero el tijeretazo no termina aquí, es que solo se va a poder tramitar 1 RGI por vivienda, salvo estrechísimas excepciones, y eso va a traer consigo ahondar en el desastre que ya sucedió en el año 2011 cuando se limitó a dos RGI por vivienda. El precio de los alquileres subió, el empadronamiento se convirtió en negocio, se expulsó a gente de sus viviendas compartidas y el tiempo en la calle de la gente sin hogar se llegó a duplicar. Aún hoy, esto sigue teniendo consecuencias sobre miles de personas.

Un aprendizaje que no sirve al PNV y al PSE para no volver a cometer los mismos errores que luego al final los acaba sufriendo la gente. Una memoria que sí tenemos en Elkarrekin Podemos. Es por eso que nosotras no vamos a ser cómplices de aplicar estos recortes a la gente. Lo tenemos claro, lo tuvimos hace un año y continuamos teniéndolo.

  1. La criminalización y la falta de proporcionalidad

Esta ley utiliza un lenguaje y denota una serie de intenciones criminalizadoras de la población desempleada o  en situación de pobreza con la que no vamos a comulgar, sobre la que sólo nos queda rechazar de plano.  Una actitud que viene a lanzar a la gente un mensaje perverso que dice que tener un empleo precario, no tenerlo o ser pobre es algo individual, que es un fallo personal y que toca salir adelante, sacándose, cada cual las castañas del fuego. Una actitud terrible que tiene su peor expresión en el sistema sancionador de la ley que condena a quien se olvide de sellar el paro a pagar hasta 200€ y a quedarse sin prestación por 3 meses. Podría poner cientos de ejemplos sobre el nivel de desproporcionalidad que tiene esta proposición de ley y de lo peligrosa que sería de aplicar a día de hoy. Para el propio funcionamiento de Lanbide, sin duda, pero sobre todo y lo que es verdaderamente importante, para las personas perceptoras.

Y por eso desde Elkarrekin Podemos, hemos decidido no colaborar con esta reforma.

  1. La inseguridad jurídica y el ninguneo al Parlamento Vasco

Esta ley tiene 107 artículos y hay, al menos, 70 remisiones a reglamento. Esto quiere decir que en cualquier momento y sin consultar con nadie, el Gobierno puede establecer nuevos criterios de acceso, nuevas sanciones, nuevas obligaciones. La responsabilidad de hacer leyes es del Parlamento Vasco en Euskadi, y con esta ley, estaríamos regalando esa potestad al Gobierno, borrando una parte de la separación de poderes.

Pero no solo es eso, es que la indefinición y la poca concreción de la ley abre la puerta a que Lanbide, un servicio al que la gente del PNV no mandaría ni a sus hijos, como en su día dijo el Sr. Blasco, haga de juez y parte y decida cosas cruciales que van a afectar directamente a que la gente pueda o no pueda comer. Y eso es mezquino, pero sobre todo, deja a la gente sin posibilidad de defenderse y convierte en ley cientos de despropósitos que están a día de hoy, siendo el día a día de miles de personas en Euskadi. Y son injustas, y son alegales o ilegales. Y sobre todo ni brindan empleo digno, ni protegen ni se orientan a la inclusión de las personas que debería ser  el fin último de esta ley.

Y yo pongo cara a las miles de mujeres, y pongo historias a las familias, a los hombres y a las niñas y niños que se podrían ver afectadas por esta situación. Y duele. Duele pensar que se pone sobre la mesa una propuesta que no busca la inclusión ni la protección ciudadana. Duele pensar que las personas son la última de las prioridades siendo las primeras afectadas por esta ley. Duele pensar que se estanca quien peor está y parece que va a tener cada vez, más difícil salir. Duele pensar que se hacen más grandes las brechas  entre dos Euskadis , en las que unas viven en el escalón de arriba, y otras luchan cada día para no caer a un sótano al que ahora, le quitan las ventanas.

Y es por ese dolor y por esa responsabilidad, por las más de 50000 personas que necesitan apoyo para vivir dignamente, por todas las que la podemos necesitar algún día, que decimos alto y claro que no podemos ser cómplices de este salto al vacío.

Este pasado jueves se aprobaba en el Parlamento Vasco la toma en consideración de la ley que quiere reformar la actual Renta de Garantía de Ingresos. Una propuesta hecha por el PNV y el PSE, que avanza con la colaboración del PP.

Una alianza muy fea cuando hablamos de derechos sociales. Una pinza que, de verdad, me hace entristecer por lo que puede salir de este proceso que se inicia. Y me acongoja porque soy trabajadora social y porque llevo años viendo los rostros y las historias de quienes sufren las consecuencias de la nefasta gestión de la RGI que hace Lanbide a día de hoy.