La problemática que asola a la comarca del Bidasoa desde que a finales del pasado año trascendiera la intención por parte de Osakidetza y del Gobierno vasco de remodelar el bloque quirúrgico del Hospital Comarcal ha ido agravándose cada día más. La remodelación, que a priori debería ser una buena noticia para los casi 100.000 habitantes que conformamos Irún, Hondarribia y Bortziriak, está repleto de agujeros negros y una falta de previsión flagrante que han hecho saltar las alarmas del personal sanitario y de la ciudadanía desde el principio. Y, aunque para la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, y el Gobierno vasco seamos un quebradero de cabeza, también nosotros nos pusimos alerta. Para eso vinimos y para eso trabajamos: para garantizar los derechos de todas las personas, máxime cuando se trata del acceso a un servicio fundamental como es la sanidad pública, la de todas y todos.
El proyecto, tal y como lo plantea el Departamento de Salud dirigido por Sagardui y el gobierno autonómico con EAJ-PNV a la cabeza, va a acarrear graves consecuencias en la atención sanitaria que las y los profesionales del centro ofrecen a sus pacientes. Una vez comiencen las obras, los quirófanos serán trasladados al Onkologikoa de Donostia, con las consiguientes afecciones a usuarias y usuarios, así como al personal del hospital. Nuestra comarca se quedará sin quirófanos durante, al menos, 18 meses. 100.000 personas van a ver cómo la atención sanitaria que reciban a partir de ahora va a encontrarse con obstáculos insalvables. Médicos, enfermeras y todo tipo de personal atado de pies y manos. Estamos, por lo tanto, ante una situación inaceptable.
Resulta estremecedor contemplar cómo a día de hoy todavía no sabemos a ciencia cierta si el Onkologikoa está preparado para asumir el traslado de material y pacientes a sus instalaciones. Y no dejo de preguntarme por la postura del PSE-EE
Es muy triste que, cuando se trata de nuestra salud, Euskadi no tenga un Gobierno que esté a la altura de las circunstancias. Por el contrario, tenemos un Gobierno y una consejera de Salud que no nos merecemos; estos solo miran por sus intereses. Como ciudadano de Irún soy usuario y paciente del Hospital Comarcal, por lo que resulta sencillo ponerse en la piel de todas las personas que se van a ver afectadas por este proyecto. La preocupación crece cuando pensamos no solamente en nosotros mismos, sino también en nuestros familiares y seres queridos que pueden sufrir el traslado de los quirófanos a Donostia, lo que supone, con suerte, no menos de media hora de trayecto en coche hasta el Onkologikoa. Por no hablar de aquellas personas que no disponen de vehículo particular para trasladarse allí lo antes posible en caso de urgencia.
En este sentido, resulta estremecedor contemplar cómo a día de hoy todavía no sabemos a ciencia cierta si el Onkologikoa está preparado para asumir el traslado de material y pacientes a sus instalaciones. Mientras tanto, no dejo de preguntarme, como político pero también como ciudadano, por la postura del PSE-EE ante esta situación. El socio de gobierno de EAJ-PNV no puede quedarse de brazos cruzados esperando a que todo pase. La responsabilidad es compartida, más aún si tenemos en cuenta que en Irún la alcaldía la ostenta José Antonio Santano.
Hace pocos días leíamos cómo Eneko Andueza, líder de los socialistas vascos, reprobaba a EAJ-PNV en lo concerniente a la reforma laboral, afirmando que no se le caerían los anillos por criticar a su socio de gobierno. Pues bien, las y los afectados por la obra del Hospital del Bidasoa agradeceríamos que se posicionase también en este asunto frente a su socio de gobierno, tal y como ha hecho el alcalde de Irún suscribiendo una Declaración Institucional en la que todos los grupos políticos del ayuntamiento, a excepción de los 'jeltzales', solicitan la paralización del proyecto. En el texto, todos los firmantes exigimos igualmente que se abra una mesa de diálogo con los ayuntamientos afectados, profesionales del hospital y la plataforma Osasun Bidasoa para estudiar las propuestas para dotar al hospital de las necesidades técnicas y sanitarias de cara a las próximas décadas.
La salud de miles de personas está en juego. No podemos permitir que aquellos que quieren desmantelar nuestra sanidad pública, exprimiendo sus recursos humanos y materiales hasta el límite, se salgan con la suya. No podemos permitir, en definitiva, que aquellos que únicamente piensan en su propio beneficio a costa del bienestar de la ciudadanía, consigan su objetivo.
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