Seguridad pública vasca

A raíz de los últimos incidentes registrados en los aledaños de los campos de futbol de Donostia y Bilbao, en las fiestas de Tolosa y en una manifestación en Vitoria-Gasteiz, con el resultado de algunos heridos por la actuación de la Ertzaintza al utilizar la fuerza los agentes allí desplegados, algunos representantes políticos han criticado severamente la actuación de la Ertzaintza y han recurrido al manido debate del modelo policial implantado en nuestro territorio.

Quiero puntualizar, aunque parezca obvio, que la Policía representa y ejerce un poder del Estado. Es el órgano que, de manera más permanente, cotidiana y continuada ejerce el uso de la fuerza de manera legitima a fin de cumplir los mandatos normativos cuando los ciudadanos no adaptan voluntariamente sus conductas a ellos. Podría parece que esto es un “a priori” y no una conclusión, pero es importante resaltarlo como conclusión por las consecuencias que ello tiene.

Nuestra sociedad, nuestro sistema político, se ha construido para controlar y protocolizar este poder coactivo del Estado. Así, su uso se justifica cuando se den los requisitos que la ciudadanía (a través de sus representantes) han establecido. Éste es el sentido del principio de legalidad. En el fondo, desde un punto de vista material, quiere decir que el uso de la fuerza por parte de la Policía tiene que contar con un cierto consentimiento de la población. Ésta es la verdadera finalidad del principio de legalidad, que pueda funcionar adecuadamente en sociedades con amplios consensos, con un grado aceptable de cohesión e integración de los ciudadanos que la integran. Por lo tanto, es de vital importancia para que la Policía sea aceptada, que la ciudadanía crea que forma parte del sistema y que las normas son mínimamente justas.

La izquierda abertzale ha utilizado en los últimos años el término “cipayo” para referirse en tono despectivo a la Policía autonómica. La extensa acción terrorista de ETA y la autodenominada “kale borroka” contra la Ertzaintza está en los anales de la historia reciente de nuestro país. En la medida en que esta conceptualización de la Ertzaintza siga vigente y lamentablemente, lo sigue, la aceptación del ejercicio de la función policial va a verse obstaculizada de manera notoria. En la medida en que una parte de los ciudadanos perciba el sistema establecido, el orden establecido, como ajeno a sus personas, un sistema injusto con el que no sienten ninguna identificación, cada vez que la Policía proceda en cumplimiento de sus funciones a ejecutar la ley de manera coactiva, con el ejercicio de la fuerza si es necesario, será vista como un instrumento de un sistema arbitrario por una parte de la población y será la responsable de mantener un 'statu quo' considerado como un abuso que los segrega y discrimina.

Aunque ésta no sea mayoritaria, si la Ertzaintza es percibida así por una cantidad de ciudadanos significativa, que, por razones económicas, políticas e incluso ideológicas, pueden intentar crear áreas sin ley o sin Estado en los que la Policía solo puede intervenir con un uso muy intenso de la fuerza. La incapacitación estratégica en orden público se convierte en la estrategia de intervención permanente, ya que la única manera de hacer frente a masas de ciudadanos que niegan la legitimidad del sistema, utilizando generalmente métodos violentos, es utilizar todos los medios legales y materiales para impedirlo.

Cualquier Policía, siga el modelo que siga, que actúe en el marco de divisiones sociales profundas, con sectores que por razones diversas, estén, de hecho, al margen de él, difícilmente podrán llevar a cabo otra función que no sea la del mantenimiento del orden social y político. Dicho de otra manera, la Policía se verá abocada a una versión de modelo de Policía gubernativa al estilo de la que existía en la inmensa mayoría mayoría de los Estados europeos en los albores del Estado de Derecho, en la primera mitad del siglo XIX. 

Hay que buscar mecanismos y estrategias que faciliten que sean los ciudadanos los que se configuren como garantes de la convivencia, del mantenimiento de las pautas comunes consensuadas, del civismo necesario para hacer posible la vida en sociedad. Si los ciudadanos declinan su responsabilidad en aras de no inmiscuirse en la vida de los demás, son incapaces de elaborar pautas compartidas de conducta y se acaba colocando permanentemente a la Policía, usando la fuerza si es necesario, en el 'front line' de su mantenimiento, es más factible el conflicto que la pacificación del problema. Sólo los ciudadanos asumiendo su rol de tales pueden contribuir a recuperar los niveles de civismo necesarios para la convivencia. La ley y la Policía pueden ser instrumentos para facilitar la convivencia, pero no pueden conseguir este objetivo por sí solas, necesitan corresponsabilidad.

Creo que es fundamental y el objetivo primordial para los futuros responsables de la Seguridad pública vasca conocer cuáles son los condicionantes que hoy en día genera nuestro modelo social, y a la luz de ello, analizar que se espera de la Policía Vasca, que eficacia se demanda y cual es la percepción social del cumplimiento de su misión, recogiendo unas línea de actuación que posibilite la adecuación de la organización policial a las demandas de la sociedad vasca. La imagen positiva de la Policía vasca tiene que derivar de la dignificación y profesionalización del trabajo policial, incardinando la función de la Policía en el servicio a la colectividad, mediante la provisión de unos servicios de Seguridad pública eficaces y de calidad.

A raíz de los últimos incidentes registrados en los aledaños de los campos de futbol de Donostia y Bilbao, en las fiestas de Tolosa y en una manifestación en Vitoria-Gasteiz, con el resultado de algunos heridos por la actuación de la Ertzaintza al utilizar la fuerza los agentes allí desplegados, algunos representantes políticos han criticado severamente la actuación de la Ertzaintza y han recurrido al manido debate del modelo policial implantado en nuestro territorio.

Quiero puntualizar, aunque parezca obvio, que la Policía representa y ejerce un poder del Estado. Es el órgano que, de manera más permanente, cotidiana y continuada ejerce el uso de la fuerza de manera legitima a fin de cumplir los mandatos normativos cuando los ciudadanos no adaptan voluntariamente sus conductas a ellos. Podría parece que esto es un “a priori” y no una conclusión, pero es importante resaltarlo como conclusión por las consecuencias que ello tiene.