Cuando somos nosotras, cuando son nuestros cuerpos

Vivimos en un país en el que, lamentablemente, hemos normalizado e incluso asumido la llamada “colaboración público-privada” que promueve el gobierno jeltzale-socialista. Esta fórmula no es más que un eufemismo para la externalización y privatización de servicios, transfiriendo dinero público a empresas privadas para gestionar servicios esenciales“

Llevamos años sufriendo esto en muchísimos ámbitos, pero en la Sanidad es algo evidente. Sabemos que se externalizan pruebas médicas, cirugías; por poner un ejemplo concreto, esto es que la resonancia que llevas meses esperando o esa operación de menisco para la que estás en una lista de espera, de repente te la harán en un hospital privado.

Llevamos años oyendo que los servicios como los de la limpieza de muchas instituciones, o de la propia Osakidetza, están externalizados a otras empresas que no cuidan a las plantillas. 

Otro ejemplo reciente que nos viene a la cabeza por lo actual que es, y por ser una externalización sangrante por sus consecuencias en las plantillas y en los servicios, son las ambulancias. Estos días hemos escuchado a la viceconsejera dejar caer la reflexión de que a partir de 2026 el Gobierno autonómico podría plantearse la “publificación” de parte del servicio de ambulancias en Euskadi. Nos alegra por fin oírles hablar de publificar, de verdad, porque desde Sumar tenemos claro que es la única manera de respetar y cuidar a las plantillas y de garantizar la calidad del servicio que se presta. 

El deterioro de la calidad en los servicios públicos debido a esta externalización es un hecho, y es claramente palpable en la calle. Esto se refleja claramente en el aumento de las quejas de los pacientes, como recoge el Ararteko. Sin embargo, seguimos escuchando “no toquemos Osakidetza que es nuestro buque insignia”. Y sí, lo es, pero no gracias a la gestión que ha recibido, sino a los cientos de profesionales que trabajan en ella, quienes son su verdadero valor.

Sin desviarnos del tema y volviendo a la colaboración público-privada, es especialmente escandaloso lo que sucede con las interrupciones voluntarias de embarazo.

En Euskadi prácticamente el 100% de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVEs) se derivan a clínicas privadas. 

Esta semana, en el próximo pleno ordinario en el Parlamento Vasco desde Sumar llevaremos una iniciativa, una proposición no de ley, precisamente sobre esta cuestión.

Cuando hablamos de una interrupción voluntaria del embarazo (IVE), nos referimos a toda aquella interrupción realizada voluntariamente hasta la semana 14.

Es conveniente que sepamos qué marco legal regula todo esto. En el estado español, el aborto está regulado por la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, que establece un marco legal por el cual queda garantizado el derecho de las mujeres, adolescentes y niñas que se queden embarazadas a decidir libremente sobre su fertilidad y el ejercicio de la autonomía reproductiva. Esta ley permite la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta la semana 14 sin necesidad de justificación, y hasta la semana 22 en casos de riesgo grave para la vida o salud de la persona gestante, o anomalías fetales graves.

Por otro lado, la recientemente aprobada Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, trajo consigo una serie de modificaciones, tales como garantizar el ejercicio del derecho al aborto en los hospitales públicos, en el caso de Euskadi, en los de Osakidetza. 

Si bien es cierto que en Euskadi se garantiza que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo se cumple, desde Sumar entendemos que debe ser la sanidad pública quien asuma la totalidad de las interrupciones voluntarias del embarazo que se practiquen en la CAPV, en lugar de seguir con su derivación a clínicas privadas concertadas. 

Es más, hace unos meses el pasado 19 de junio de este año el Viceconsejero daba a las matronas por email una nueva instrucción en relación a las interrupciones voluntarias de embarazo; en ella se indicaba a las matronas de Osakidetza que el criterio principal para la derivación a una u otra clínica para la interrupción voluntaria del embarazo será la preferencia que manifieste la mujer atendida a la matrona correspondiente. En este sentido, no sólo queda abierta la posibilidad de dejar en manos de las clínicas privadas un derecho fundamental, como es el del aborto, sino que se insta a las matronas a asesorar sobre la derivación a una u otra clínica privada. 

Sigue así la estela de la concertación casi universal de la pasada legislatura, en la que, según un informe de noviembre de 2023 enviado al Parlamento Vasco por la anterior consejera de Salud, la Sanidad pública continuó derivando a centros privados concertados alrededor del 95% de los abortos. 

Todo esto, en el marco del tan nombrado Pacto de Salud, se nos hace complejo observar verdaderos cambios en tanto que el propio Gobierno vasco estaría facilitando y abriendo la puerta a la externalización y, en consecuencia, apuntalando a la privatización progresiva de Osakidetza. 

En Sumar Mugimendua lo tenemos claro: queremos ser atendidas y acompañadas por profesionales de la Sanidad pública, recibir toda la información necesaria y, sobre todo, asegurarnos de que nuestros derechos no se comercialicen.

En definitiva, cuando hablamos de nosotras y de nuestros cuerpos, hablamos de dignidad y de la defensa de un sistema sanitario público y accesible para todas. No queremos que se lucren con nuestros derechos. Porque nuestros cuerpos no son moneda de cambio. Son vida, son libertad, y no permitiremos que se negocie con ellos.