Viento del Norte es el contenedor de opinión de elDiario.es/Euskadi. En este espacio caben las opiniones y noticias de todos los ángulos y prismas de una sociedad compleja e interesante. Opinión, bien diferenciada de la información, para conocer las claves de un presente que está en continuo cambio.
Sospecha
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Extender la sospecha sobre quienes se encuentran en paro. Convertirla en estigma. Eso es lo que quiso lograr el Gobierno del Partido Popular cuando la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría subrayó el viernes 11 de octubre su voluntad de hacer “expresa mención a las actuaciones en detección de fraude en las prestaciones por desempleo”. Llegó a decir: “Estoy hablando de personas que cobran prestación por desempleo y que, sin embargo, trabajan fraudulentamente, trabajan en B. Se ha investigado y se han detectado 520.000 personas, más de medio millón que cobraban fraudulentamente las prestaciones por desempleo…”.
A nada que se hubiese informado antes de hacer tal afirmación, Sáenz de Santamaría hubiera podido saber que sus palabras no respondían a la verdad. Y lo gordo es que no tenía que hacer grandes esfuerzos para saber de qué estaba hablando. Su compañera de Gobierno, Fátima Báñez, le hubiera podido explicar que durante el primer semestre del 2013, el ministerio de Empleo detectó 5.833 trabajadores que compatibilizaron de forma indebida las prestaciones con la realización de un trabajo. También le habría dejado claro que en todo el año 2012 esa cifra fue de 9.452 trabajadores.
Además, sólo con haber leído la información complementaria que el Gobierno traslada a los medios de comunicación tras cada reunión del Consejo de Ministros hubiera comprobado que la cifra relacionada con el medio millón de (supuestos) defraudadores se refería principalmente a sanciones por incumplimientos de requisitos que deben cumplir quienes perciben la prestaciones como lo es, por ejemplo, renovar la inscripción como demandante de empleo o presentar toda la documentación requerida.
¡Vamos! Que en buena parte de los casos podemos estar hablando de errores administrativos. De ahí a señalar como responsables de “fraude” a 520.000 ciudadanos va un abismo. Pero la verdad podía estropear el titular buscado por Sáenz de Santamaría que, varios días después, no ha dado aún signo alguno de una rectificación exigible. Tampoco otros miembros del Gobierno han contribuido a clarificar una información que pone en el punto de mira al sector más frágil de nuestra sociedad, al que peor lo está pasando.
Y cabe preguntarse el por qué de una actuación tan insultante para cientos de miles de ciudadanos. Igual es que, como ya avanzan algunos sindicatos, el Gobierno está preparando el terreno para recortar aún más las prestaciones por desempleo. También puede ocurrir que, siguiendo el discurso del neoliberalismo imperante, se entienda que quien sufre una situación de paro es porque se lo ha merecido y no hace lo bastante para conseguir un empleo. Se trata de que, de una u otra forma, ese mensaje cale en la sociedad.
Nada viene mal para extender la sospecha. Tenemos a seis millones de personas en paro, no llega a la mitad los que cobran prestación (2,9 millones) y casi el 20 % de estos últimos han sido acusados de fraude por el Gobierno. Una cifra escandalosa que, además, no responde a la verdad.
Se equivoca de medio a medio el equipo de Rajoy cuando pretende que la sociedad mire mal a quienes han perdido su puesto de trabajo o, como les ocurre a miles de jóvenes, ni siquiera han podido estrenarlo todavía. Nos pretenden equivocar a todos cuando apuntan que estamos saliendo del túnel y no pueden ofertar ni un buen dato sobre creación sostenida de empleo. No van a lograr, en fin, que nos olvidemos de que, con sus decisiones, este Gobierno nos hace cada día más pobres. Pero ¡ojo¡ no nos harán más miserables. Y eso es lo que alguien demuestra ser cuando generaliza una acusación sin fundamento
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