Los últimos contra los penúltimos

Si hay algo que siempre ha caracterizado a la derecha y a la extrema derecha es su obsesión de enfrentar al último contra el penúltimo. Siempre han sido verdaderos expertos en crear enemigos donde no los hay, en establecer chivos expiatorios, culpables de todos nuestros males; la derecha y la extrema derecha son expertas en responsabilizar de todo mal a alguien, o a algún colectivo, generalmente a los más débiles. Estos colectivos serán por tanto, a sus ojos, culpables de todos nuestros males: las feministas, los inmigrantes, los 'menas'. Es francamente curioso que nunca sean culpables de todas las desgracias los más poderosos: las empresas multimillonarias que destruyen ecosistemas y el planeta, las empresas que contaminan la tierra en la que vivimos, la banca que colabora con la industria armamentística que vende armas a Israel para que asesine niños…esto es bastante curioso, como eufemismo de ruin.

Esta circunstancia, viniendo de los partidos clásicos de la derecha y la extrema derecha, no sorprende, porque sabemos que su estrategia de un tiempo a esta parte es esa: es generar odio contra el otro de forma constante, molesta y sin piedad, a base de mentiras y bulos en la mayoría de los casos.

Sin embargo, cuando el Gobierno del PNV y el PSE-EE adoptan y compran estos marcos nos deja fríos, por decir algo. Es grave que el Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, liderado por el socialista Mikel Torres, compre este marco para hacer sus políticas en Lanbide.

Esta semana se ha anunciado por parte del gobierno que Lanbide ha creado un buzón anónimo para que la ciudadanía denuncie posibles fraudes con la RGI (Renta de Garantía de Ingresos) y el IMV (Ingreso Mínimo Vital).

Es una noticia terrible que pone de manifiesto varias cuestiones. La primera, que se sigue culpabilizando a las personas pobres por, básicamente, ser pobres. Existe una concepción despreciable sobre el hecho de que los pobres tengan que demostrar ser buenos pobres, ser el tipo de pobres que se merecen la ayuda de la sociedad. Una ayuda que puede ser retirada en cualquier momento si falta un documento, si no se ha entregado a tiempo un papel. Una ayuda de quita y pon que, además, tal y como han trasladado quienes conocen bien estas situaciones como el sindicato ESK, penaliza con más crudeza a las personas migrantes, mujeres monomarentales y personas jóvenes.

La segunda es que se pone el foco, nuevamente, en el eslabón más débil. Por poner un ejemplo sencillo, en Euskadi no se abonan la mitad de las horas extra trabajadas que, según el sindicato CCOO, equivalen a 183 millones de euros. Otro ejemplo, el fraude fiscal registrado en Euskadi el año pasado alcanzó los 616 millones de euros. Con estos datos encima de la mesa, ¿por qué no se persigue el fraude fiscal o se garantiza que se paguen las horas extras con el mismo ahínco que se controla el cobro de una prestación?

Mientras esto sucede en nuestro país, el Gobierno vasco decide señalar a los perceptores de la RGI y el IMV y ponerles en el centro de todas las miradas. No ha tenido suficiente este gobierno con la ley del 2022, que establecía controles absolutos cuya tramitación dura 6 meses, revisiones exhaustivas de las declaraciones responsables obligatorias, cuyos errores llevan al rechazo de la prestación o posterior extinción con penalización de uno o dos años sin poder solicitarla de nuevo, y creaba un cuerpo de inspectores inédito hasta la fecha. Ahora este gobierno también ha querido empezar una suerte de caza de brujas con un buzón del chivato mediante.

Pero el problema de fondo es pensar que el pobre es pobre porque quiere. O peor, porque se merece esa situación. Si una cosa tiene clara el consenso moderno es que no trabajar, no ser alguien productivo y de valor, es un pecado mortal. De hecho, no habría peor pecado que valerse de argucias y trampas para engañar a la administración y vivir del dinero público mientras no se da un palo al agua. Y sin embargo en España ocurre una cosa curiosa: el 20% de las personas más ricas recibieron más del 30% de las ayudas públicas mientras que el 20% más pobre apenas recibió un 12% del total. El diseño de nuestro sistema público de prestaciones está pensado para ayudar a quienes más tienen.

Por tanto, es un marco peligroso este que nos trae el Partido Socialista de Euskadi con la nueva iniciativa de Lanbide; porque señala a quienes menos tienen, porque estigmatiza y criminaliza al más débil. En palabras de su viceconsejero de Empleo e Inclusión, Alfonso Gurpegui: “el buzón responde a un compromiso ético, esta medida busca proteger los recursos públicos y garantizar una gestión eficiente de los mismos”. Ético sería garantizar que las empresas paguen las horas extras, perseguir el fraude fiscal de los poderosos y garantizar que todas las personas tengan derecho por el hecho de existir a una prestación, no perseguir y criminalizar, usando al resto de ciudadanía para hacerlo, a quién más necesita la protección de las instituciones.

En este contexto es importante tener clara la diferencia entre los derechos universales y las ayudas. Estas últimas dependen de un formulario entregado a tiempo, mientras que los derechos lo son siempre. Por eso hay quienes consideramos que la Renta de Garantía de Ingresos y el Ingreso Mínimo Vital tienen un problema desde su propia base, desde su concepción: dependen siempre de burocracia, de un procedimiento y de demostrar que se es un 'buen pobre' con todos los papeles y requisitos en regla.

Esto no pasaría con una renta básica universal, que proporciona a toda persona, por el mero hecho de serlo, una cantidad suficiente para vivir. Igual que tenemos derecho a la sanidad o a la educación pública y universal, la gente tiene derecho a esas rentas.

Ya vale de cargar contra el más débil, de enfrentar al último contra el penúltimo, basta ya de avivar entre vecinos la guerra contra los pobres a través de un buzón de denuncia. Qué fácil es ser duro con el débil y débil con el poderoso. Entre cámaras en la calle y buzones de denuncia ciudadana se nos está quedando una Euskadi preciosa.