Dos días después de que decenas de miles de personas se manifestaran en Bilbao por el acercamiento de los presos de ETA a Euskadi, el mismo día en que 35 militantes políticos de la izquierda abertzale iban a ser jugados en la Audiencia Nacional, la Guardia Civil detiene a 16 personas relacionadas con esa formación, 12 de ellos abogados, de los que tres eran los encargados de la defensa. ¿No se les podía haber citado a declarar? Es difícil creer que se ha hecho así porque hubiera riesgo de huida.
Tampoco parece que sea casualidad esta conjunción de hechos, a los que se puede unir el comunicado del colectivo de presos de ETA, publicado unos días antes, en el que sostienen que no tienen intención de pedir perdón ni de delatar a compañeros para acogerse a los beneficios penitenciarios previstos en la ley.
Los arrestos del último lunes más bien resultan otra de esas escenificaciones de un PP con intereses electorales y al borde del precipicio político en el País Vasco y otras comunidades.
Sin ETA, el PP pierde una baza en grandes sectores de la sociedad española y roza la derrota. Le llueven los problemas con la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que ha anunciado otra manifestación contra la política antiterrorista del Gobierno de Mariano Rajoy. Quienes humillan a las víctimas son quienes las utilizan como estrategia política. Y el PP no ha dudado nunca en hacerlo. Todos estos elementos no son ajenos a su estrategia mediática.
La fotografía de los guardias civiles contando monedas y rodeados de billetes en la sede del sindicato LAB como prueba del botín incautado resultaría cómica si no se tratara de un asunto que vuelve a poner la zancadilla a un proceso iniciado hace tres años con el fin de la actividad de ETA. Y más, cuando ese dinero parece ser el resultado de las donaciones obtenidas en la manifestación en contra de la dispersión. ¿Qué se quiere demostrar con esa foto?
La gran mayoría de la sociedad vasca no entiende que se hayan efectuado estas detenciones ahora y de esta manera tan burda. Parecen retrotraer a otros tiempos en los que predominaba la tesis de que todo era ETA. La gran mayoría del espectro político vasco así lo ha remarcado.
Por ello, es urgente y necesario que se emita un auto judicial cuanto antes, que clarifique las imputaciones y argumente las pruebas que contra ellos existen. Quizá cuando se publiquen estas líneas, ya se haya hecho.
Todos los presos tienen derecho a disponer de abogado y asesoramiento. También quienes un día ejercieron acciones que infundieron terror en la población. Acusar a los letrados de ser cadena de transmisión entre una ETA que no actúa y los que un día formaron parte de ella y son sus defendidos, requiere pruebas contundentes que demuestren existencia de delito.
La otra acusación: defraudar a Hacienda 1,3 millones de euros provenientes de la atención letrada no tiene nada que ver con un delito de terrorismo, como se les imputa. A lo que se añade que, al parecer, a las haciendas vascas no les consta el fraude.
ETA informó recientemente del desmantelamiento de sus estructuras militares, los vilipendiados pero eficaces verificadores internacionales han avalado la voluntad de ETA de desarmarse. Son pasos, aunque quizá no todos los deseables. Pero, el camino es largo y sinuoso. Entorpecer el recorrido no facilitará el trayecto.
No se trata de no olvidar, ni de mirar para otro lado, como durante décadas hizo la izquierda abertzale, sino de seguir avanzando en la consecución de la paz. No se pueden cerrar en falso tantos años de sufrimiento. Es cierto. Pero tampoco cobijarse en un pasado que ya no existe y del que la ciudadanía quiere alejarse. Aunque no todos lo entiendan y lo confundan con falta de ética de una población cómoda.
Una de las abogadas detenidas en la redada del lunes es Amaia Izko, militante de Sortu, uno de los partidos que forman la coalición EH Bildu, la segunda fuerza política en el Parlamento vasco. Había viajado a Madrid para defender a Pernando Barrena, conocido portavoz y también militante de Sortu. Su secretario general, Arnaldo Otegi, sigue en la cárcel por una decisión de la Audiencia Nacional que le consideró dirigente de ETA y le castigó a 10 años de cárcel. Por simplificar: Otegi dirigía ETA y al mismo tiempo se enfrentaba por defender el abandono de la lucha armada a la dirección y a los militantes de Batasuna que secundaban la violencia.
El Tribunal Supremo revisó el fallo y por tres votos a favor y dos en contra, le mantuvo en la cárcel, rebajando la pena a seis años y medio.
Frente a todo ello, la sociedad vasca está empeñada en seguir caminando hasta que la convivencia supere el dolor y el rencor. Para lograrlo, como ha expresado el Gobierno vasco, hay que superar episodios como la operación que concluyó con 16 detenciones. No hacerlo, significaría volver a ese pasado tormentoso que hemos dejado atrás.
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