Históricamente Navarra ha presumido de su gestión de los residuos. Es esta una creencia que viene de tiempos atrás, cuando se dieron las primeras experiencias que trataban de buscar una salida adecuada a la cantidad de residuos que generábamos. Pero, en los últimos tiempos, muchas experiencias positivas han desaparecido, y nos encontramos estos días con el envío de lixiviados, residuos líquidos, de la planta incineradora guipuzcoana de residuos, que es pública y cuyo presidente es el diputado foral de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, a la empresa Ecofert en Artajona, que se dedica a fabricar compost y fertilizantes, y que me han suscitado bastantes preguntas. Y es que revisando la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la citada empresa, solo tiene autorización para fabricar compost y fertilizantes, y, por lo tanto, no podría tratar lixiviados. De ahí, que el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José María Aierdi, decretara el pasado martes 23 de enero el cierre cautelar de Ecofert y la actividad de la planta quedara paralizada hasta que acredite que su actividad cumple con la normativa.
Durante estos días ha habido un cruce de declaraciones entre el diputado de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, y el consejero navarro de Medio Ambiente, en las que este último ha dicho que los residuos procedentes de Gipuzkoa habían sido “enviados de forma irregular, ya que la instalación de la empresa Ecofert solo tiene autorización para gestionar sustancias sólidas o lodos consistentes”;, mientras que el diputado guipuzcoano de Medio Ambiente y también presidente de GHK (Consorcio de Residuos de Gipuzkoa) ha calificado de “inexactitudes, cuando no falsedades absolutas”, las declaraciones del consejero navarro.
Pero como decía anteriormente, con la AAI sobre la mesa, vemos que la empresa Ecofert de Artajona no podía recibir esos residuos líquidos. Tras el cierre xautelar de Ecofert, hemos conocido que todos los lixiviados y lodos de la planta incineradora de Zubieta se trasladarán a la empresa Sader en Bilbao para su gestión, lo cual indica que no deben ser muy inocuos, por el tipo de tratamientos que hace esta empresa vizcaína.
La investigación del Gobierno foral no era la única en ciernes en la planta de Artajona ya que, de forma simultánea, la Guardia Civil, a través del Seprona, inició una investigación dirigida por un juzgado de Donostia, que tiene una pieza penal abierta sobre la gestión de la incineradora de Zubieta y en la que se investiga, entre otros, al diputado foral de Sostenibilidad de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio.
Dicha causa se abrió tras la denuncia de la asociación GuraSOS, que afirmaba que la planta de Zubieta habría generado el lixiviado líquido “dándole un código de residuo y un concepto erróneos de forma consciente” y “habría encargado el tratamiento de parte de estos residuos a la empresa Ecofert Sansoain de Artajona”, que no tiene autorización para gestionar esta sustancia.
En medio de esta polémica y cruce de declaraciones y acusaciones, me surgen no pocas preguntas. Así, por ejemplo, ¿los residuos enviados desde Gipuzkoa son tóxicos? Según el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Nafarroa, José María Aierdi, no, pero, ¿el lixiviado procedente de Zubieta se puede considerar como un residuo no peligroso? Si ha habido manipulación de códigos, los llamados LER, como se ha dicho, ¿por qué no se dicen abiertamente qué códigos son por ambas partes?
Los residuos enviados desde Gipuzkoa a Ecofert, ¿se trata de residuos líquidos de la planta incineradora de Zubieta? ¿De dónde salen esos líquidos residuales? ¿Por qué el departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra no ha actuado anteriormente cuando se conocían que los lixiviados procedentes de Gipuzkoa se habían realizado desde el año 2022?
Un debate social a realizar debe ser analizar el transporte de residuos, que se hace cada vez más de un sitio a otro sin ningún control, que indica la desastrosa política de gestión de residuos, y cómo Navarra se está comportando en buena medida como el destino importante de los mismos. En nuestra comunidad, se ha abierto la espita a las plantas con inadecuados o falsos tratamientos, en las que no pocas veces llevan la palabra “eco”, “bio”, ....y con esto me acuerdo del llamado lavado verde o “greenwhasing, y, nos encontramos con empresas como Ecofert, Biomendi, HTN de Caparroso (filial de la macrogranja Valle de Odieta),...que reciben residuos de otras comunidades. Se nos dirá que eso es empleo, desarrollo económico, progreso social, y no sé cuantas cosas más. La misma cantinela de siempre, pero, ¿a costa de qué? El medio ambiente, los campos, la salud de las personas..., ¿cómo quedan?
El pasado sábado 16 de diciembre, la Plataforma contra las Macrogranjas de Nafarroa se concentró en Biomendi, una macrogranja de porcino de Mendigorria y planta de biometanización, en el marco de un ciclo de Soberanía Alimentaria y Defensa del Territorio, que está tratando casi 80.000 toneladas de residuos industriales orgánicos al año cuando tiene permiso sólo para 33.000 toneladas y que fue diseñada en 2010 para 16.000 y apoyada financieramente por Sodena.
Este es un claro ejemplo de cómo una planta pensada para tratar purines se ha convertido en planta de tratamiento de residuos industriales, muchos de ellos procedentes de otras comunidades autónomas. La concentración realizada se hizo ante la llegada de un camión-cisterna de residuos procedente de una empresa de Bizkaia. Los digestatos resultantes se vierten en los campos de alrededor, provocando graves problemas de contaminación en las aguas superficiales y acuíferos, además de otras afecciones al suelo, a la biodiversidad, etcétera.
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