“Del Burgo no tenía otro objetivo que manchar el buen nombre de Tapia”, critica el Gobierno vasco

El Gobierno de Iñigo Urkullu interpreta que el histórico dirigente de la derecha navarra Jaime Ignacio del Burgo perseguía enfangar al PNV con su denuncia contra la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ya archivada por la Fiscalía después de que trascendiera que había motivado una citación en calidad de “investigada” antes de Navidad. “El señor Del Burgo no tenía otro objetivo que manchar el buen nombre de Arantxa Tapia”, ha señalado el consejero-portavoz, Bingen Zupiria, sobre esta derivada de un caso originado en Navarra por las ayudas públicas concedidas por el exvicepresidente foral Manuel Ayerdi, también del PNV, a la compañía Davalor Salud.

Zupiria ha afirmado que “es una situación que no es del gusto de nadie” pero que Tapia, en todo momento, había obrado con rigor, informando de su situación procesal tanto al lehendakari, Iñigo Urkullu, como a la Comisión de Ética, que como ya es habitual estimó que solamente en caso de juicio es preceptivo el cese. Según el portavoz, este tipo de denuncias son un riesgo para todos los que acceden a la política y ha lamentado haber conocido el desenlace del proceso por los medios de comunicación y no por cauces oficiales. El Ejecutivo ha recalcado que las ayudas a Davalor Salud salieron del Gobierno de Navarra, por lo que “no eran competencia” de la Administración autonómica vasca ni de Tapia. Este asunto ha coincidido con un viaje oficial a Canadá de Tapia y a Bruselas de Urkullu.

La derivada de Tapia del 'caso Davalor' llegó porque Del Burgo interpretó, a raíz de unos documentos solicitados por el PP en el Parlamento Vasco, que Ayerdi realizó las gestiones para apoyar económicamente a esa empresa después de que Euskadi negara subvenciones pero instara a Davalor Salud a que contactara con la otra ventanilla. El caso tenía muy escasos visos de prosperar ya desde el momento en que la investigación principal en Pamplona quedó cerrada por un problema con los plazos, aunque Fiscalía, PP y UPN han recurrido ese archivo para intentar que Ayerdi comparezca y dé explicaciones.