La preocupación del Ararteko, la Defensoría del Pueblo del País Vasco, ante la falta de coordinación de las instituciones y distintos agentes públicos cuando tenía lugar un caso de abuso sexual a un menor le ha llevado a elaborar, tras dos años de trabajo, un protocolo de actuación para reforzar la protección de la víctima y la reparación del daño.
El protocolo, presentado este martes en Bilbao por el Ararteko Manuel Lezertua, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana, y el presidente del Consejo Vasco de la Abogacía, Carlos Fuentenebro, lleva el nombre de 'Pautas de actuación en casos de abuso y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Euskadi' y está dirigido a todas las instituciones vascas y agentes que puedan encontrarse en la situación de ser testigos de un caso como este.
Como han explicado, el objetivo de este nuevo documento es reparar el daño y generar un procedimiento protector y garantista tanto de la presunción de inocencia del acusado como del derecho de la víctima de abuso sexual. “Uno de los déficits que hasta ahora ha habido en este ámbito es la respuesta fragmentada e inconexa de los distintos sistemas públicos, o, en otras palabras, la ausencia de criterios compartidos e itinerarios de tránsito claros en una respuesta a las víctimas necesariamente integral y ordenada”, ha señalado Lezertua.
La falta de formación, una forma de vulnerar sus derechos
La complejidad de la problemática y la falta de formación de los agentes implicados son dos de los motivos por los que se ha decidido realizar este protocolo, que va dirigido a agentes de cinco ámbitos: educación, sanidad, social (distribuido por las Diputaciones forales), policial y judicial. “La falta de formación de los agentes implicados vulnera los derechos de los niños. Si no hay formación, si los profesionales que están interviniendo con los niños y niñas no saben de abuso sexual, no pueden ver aquello de lo que no están formados para ver, no se puede saber actuar en aquello de lo que uno no ha sido formado”, han explicado durante el acto.
El protocolo está basado en dos ideas fundamentales. La primera es que todas las actuaciones en este sentido estén orientadas a “mitigar la victimización secundaria” del menor, evitando diligencias repetitivas y adecuándose a los criterios de mínima intervención, celeridad y especialización. La segunda es que todos los niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctima tengan un acceso al tratamiento para la reparación del daño con la mayor brevedad posible. Según apunta el protocolo “eso implica garantizar que los servicios disponibles para este tratamiento sean de acceso público y universal y que todos los agentes trabajen para facilitar el comienzo del tratamiento reparador sin demoras innecesarias”.
“Asegurar una intervención eficaz”
A lo largo de 77 páginas, el documento explica cuestiones como que el abuso sexual a menores se debe valorar también desde la relación de poder y no solo desde la conducta sexual, que el daño no siempre se visibiliza o la complejidad del caso cuando se produce en el ámbito intrafamiliar o por parte de personas cercanas y queridas para el niño. En este último caso, el protocolo incide en que “la experiencia del abuso o explotación sexual condicionará el desarrollo afectivo del niño, niña o adolescente y sus modelos de relación; la persona menor tendrá mayores dificultades para revelar el abuso y la familia más dificultades para sostener emocionalmente al niño, niña y adolescente”.
“Atendiendo a las carencias observadas en atención a esta forma de violencia grave en niños y niñas en Euskadi, la propuesta plantea como principal objetivo asegurar una intervención eficaz en los casos de abuso y explotación sexual infantil, buscando en todos los casos la protección de la víctima y la reparación del daño causado”, ha indicado el Defensor del Pueblo.
En este sentido, el presidente del TSJPV, Iñaki Subijana, ha recalcado la necesidad de evitar que la víctima repita una y otra vez su testimonio durante el procedimiento judicial. Subijana, además, ha señalado que se debe respetar la privacidad de las víctimas para que no sean identificadas públicamente. “El protocolo es un instrumento que posibilita que podamos cumplir tres valores importantes. El valor de la acogida, que la actuación judicial se haga de forma respetuosa y adecuada; el valor del apoyo, la asistencia de profesionales cualificados y de personas que inspiren confianza, y el valor del respeto, reservando su intimidad y utilizando un lenguaje comprensible”, ha explicado Subijana.
La clave para ello, según ha detallado Subijana, es combinar estrategias entre distintos agentes e instituciones, porque “ninguna de las partes del sistema es autosuficiente, pero todas las partes del sistema tienen elementos suficientes que aportar en el resultado final”.
Medidas, seguimiento y evaluación de cada institución
El Defensor del Pueblo ha recomendado a las administraciones públicas que comiencen a aplicar las medidas recogidas en el protocolo en aquellos aspectos concretos que afectan a su sistema o institución. También ha emplazado a que hagan seguimiento y evaluación de las medidas desarrolladas, incorporando los elementos de corrección y mejora que se valoren necesarios, y lo comuniquen al Ararteko para la actualización, en su caso, de las pautas de actuación.
Esta propuesta comparte finalidad y orientación con otras iniciativas como el proyecto de ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, actualmente en tramitación en las Cortes Generales. El Defensor del Pueblo ha concluido defendiendo estas pautas de actuación como “un primer paso en la buena dirección, un instrumento real y actual al servicio de una respuesta cada vez más ambiciosa en la que seguir trabajando”.