'Caso De Miguel': un año de la mayor condena por corrupción en Euskadi a la espera de que el Supremo resuelva los recursos

En la Euskadi política antes de la llegada del coronavirus se hablaba de corrupción y de irregularidades. En la que sería la primera y última sesión de control al Gobierno de 2020 antes de las elecciones, a principios de febrero, el lehendakari, Iñigo Urkullu, respondió a preguntas de toda la oposición por centenares de contrataciones desde diferentes ventanillas de la Administración autonómica con las empresas de un cargo del PNV, Aitor Elorza, el grupo Montai. También se conoció la sentencia a siete años de cárcel por fraude fiscal contra el exsenador y exdirector de la Hacienda de Gipuzkoa por ese partido, Víctor Bravo. Pero el gran hito había llegado unas semanas atrás, la contundente sentencia que, el 17 de diciembre de 2019, un tribunal de la Audiencia Provincial de Álava conformado por los magistrados Elena Cabero, Jaime Tapia y Raúl Aztiria dictó contra la trama de cobro de comisiones y manipulación de contratos que se había articulado en torno a quien fuera 'número dos' del PNV alavés, Alfredo de Miguel. Doce meses después, un Tribunal Supremo carcomido por sus propias polémicas y que acumula retrasos derivados del parón provocado por la COVID-19 en toda la Administración durante el primer estado de alarma, mantiene a la espera la resolución de los recursos presentados durante el verano. Y ninguno de los actores del caso es capaz de poner una fecha para zanjar definitivamente un caso cuyo germen data de otro mes de diciembre, pero del de 2009.

Un abogado de los condenados, con larga experiencia ante el alto tribunal y que busca ahora una rebaja de la pena, asegura que hay causas de hace año y medio aún no resueltas. Y son procesos mucho más sencillos que un 'caso De Miguel' con un fallo de 1.200 folios y un sumario que, impreso y amontonado, llegaría hasta el techo de una oficina normal. El plazo ordinario para una casación podría ser de un año, pero la complejidad del asunto y la pandemia hacen imposible cualquier pronóstico. Un ejemplo reciente es la sentencia del 'caso Margüello' -irregularidades en la gestión de contratos sanitarios-, que se conoció en septiembre de 2018 y que ha sido resuelta por el Supremo dos años después. En cuando al 'caso Gaztelueta' -abusos sexuales-, la respuesta a los recursos ha llegado en septiembre de 2020 cuando en primera instancia se resolvió en noviembre de 2018.

La resolución, en todo caso, será si se mantienen las condenas o si se ajustan a la baja, ya que la Fiscalía del Supremo no accedió al intento de sus colegas de Álava -llevaron el caso los fiscales Josu Izaguirre y Manuel Pedreira- por elevar las penas en algunos supuestos. La sentencia del 'caso De Miguel', una investigación que no pocas veces se habían infravalorado y criticado, vino a poner negro sobre blanco que De Miguel y otros dos dirigentes del Araba Buru Batzar, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería, crearon una empresa pantalla llamada Kataia Consulting y que la pusieron a nombre de sus esposas para cobrar comisiones ilegales y blanquear las mordidas. Con los fondos se llegaron a abonar viajes, joyas y hasta un Saab para De Miguel, a quien todo el mundo conoce como Txitxo y que era un influyente dirigente del PNV a pesar de su corta edad cuando esta causa truncó su carrera política.

Las penas principales fueron las siguientes: De Miguel recibió 13 años de cárcel, Tellería 6 años, Koldo Ochandiano 7 años y el exdirector de Juventud, Xabier Sánchez Robles, que además presentó pruebas falsas en el juicio, recibió otros 7 años. La Fiscalía solicitó el ingreso en prisión de los principales penados, pero el tribunal optó por dejarlos en libertad con algunas medidas cautelares. De Miguel y Ochandiano han seguido trabajando en puestos de la Administración. En el caso de Txitxo ha tenido tres subidas de sueldo y un ascenso en la sociedad pública Hazi. Su entonces jefe, Asier Arrese, ocultó en el Parlamento que De Miguel tiene un sueldo de 52.000 euros anuales. Otro condenado, el empresario Sergio Fernández Oleaga, que considera al político su “padrino” porque le daba contratos, ha seguido recibiendo adjudicaciones después de la sentencia con su empresa STOA, aunque en enero de 2020 fundó una nueva sociedad llamada EGITU. Una de las empresas clave de la trama, Errexal, ha mudado de piel y se llama Perexila. Su administrador, el exedil del PNV Iñaki San Juan ha seguido obteniendo adjudicaciones. Ha trabajado también para Montai.

Pese a haberlo intentado todo sin éxito en el juicio y durante la instrucción que lideró el magistrado Roberto Ramos, el abogado del político, Gonzalo Susaeta, mantiene ante el Supremo su teoría de la conspiración y la inocencia de su cliente. A ojos de la opinión pública, más que la sentencia, la percepción de culpabilidad llegó cuando estuvo a punto de declararse culpable a cambio de un acuerdo con la Fiscalía para rebajar su condena e incluso la de su esposa. Su hermana, contable de las empresas de la red, también se sentó en el banquillo. Otro de los acusados, Josu Arruti, sí llegó hasta el final con la confesión a pesar de las presiones y destapó la existencia de comisiones ilegales en la recalificación urbanística que ideó Txitxo en el pequeño pueblo alavés de Zambrana. En las autonómicas de julio, el PNV ganó con holgura en la localidad.

Aunque el PNV se ha apartado de la trama y ha señalado que los de los condenados eran comportamientos individuales y que no guardaban relación con la vida institucional u orgánica, el fallo hacía hincapié en la importancia que les daba su posición e influencia en el partido a la hora de cometer los delitos. Las siglas PNV aparecen mencionadas 14 veces en la larga resolución judicial. El Araba Buru Batzar o ABB, la Ejecutiva alavesa, en 64 ocasiones. Y las juventudes del PNV (EGI) en que se conocieron los principales integrantes de la trama otras 10. La “influencia” política aparece citada 323 veces. “Desgraciadamente, en los últimos años se observa, en la Jurisprudencia analizada para dictar la presente resolución, un vínculo entre la política y los empresarios particulares, fundamentalmente los que se dedicaban al mundo de la construcción y urbanístico, y éste caso no es una excepción”, reflexionaba el tribunal hace un año.