El 'caso De Miguel', de nuevo paralizado a la espera de otro pronunciamiento del Supremo

El 'caso De Miguel' vuelve a estar pendiente del Tribunal Supremo. Aunque ya es pública desde principios de enero la sentencia definitiva sobre esta causa, la mayor investigación de corrupción en Euskadi y que afecta a exdirigentes y excargos del PNV, una de las partes ha registrado un “incidente de aclaración” que obliga a que la sala de lo penal del alto tribunal, cuyo ponente ha sido el magistrado Pablo Llarena, vuelva a pronunciarse. De hecho, el cambio puede no ser menor, ya que la defensa de Iñaki San Juan aspira a eludir el ingreso efectivo en prisión. Así, sin que haya un plazo concreto prefijado para esta nueva resolución, todavía habrá que esperar “unas semanas” -según fuentes judiciales- hasta que el fallo sea firme y se puedan ejecutar las condenas. Ello implica que, hasta entonces, ni se podrán decretar encarcelamientos ni cobrar las multas penales. Igualmente, quedan paralizadas otras derivadas como la disolución de algunas empresas que aún existen (básicamente Errexal, ahora llamada Perexila Projects) o el despido del principal implicado y condenado a doce años de cárcel (nueve en la práctica), Alfredo de Miguel, que era empleado de la sociedad pública del Gobierno vasco Hazi, donde hasta fechas muy recientes ha ejercido responsabilidades en la entidad pesquera Itsas Garapen Elkartea.

El “incidente de aclaración” ha sido registrado por la defensa de Iñaki San Juan, ejercida por la letrada Ainhoa Mentxaka. El exedil del PNV en Leioa, que era socio de De Miguel en la empresa Errexal, recibió del Supremo tras un ajuste una pena de 4 años, 4 meses y 15 días, pero uno de los delitos probados sigue superando la barrera de los dos años. Ello le llevaría a prisión como a los tres exdirigentes del PNV de Álava, De Miguel y sus colegas Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, o al exdirector de Juventud del Gobierno vasco, Xabier Sánchez Robles. Sin embargo, ha solicitado que le sea aplicada la misma interpretación que a Josu Montés, también titular de una empresa de la trama, Ortzi Muga. En su caso, la pena es de 3 años y 9 meses, aunque sin que ninguno de los delitos confirmados supere los dos años, un asidero para solicitar una suspensión. Es el mismo caso de otros penados como las esposas de De Miguel y Ochandiano o los empresarios corruptores Sergio Fernández Oleaga y Jon Iñaki Echaburu.

La defensa de Montés vio prosperar un peculiar recurso que ha elevado la pena teórica por su participación el fraude de contratos de Juventud pero que ha hecho que ninguno de los delitos por separado sea superior a dos años. Lo que se ha modificado es el cálculo del delito de malversación en concurso medial con otro de falsedad documental para buscar la aplicación del Código Penal más beneficiosa para el reo, en este caso una suma de ambas penas por separado. Lo que pide ahora la letrada de San Juan es que su cliente reciba el mismo trato que Montés. Las fuentes consultadas entienden que es una “omisión involuntaria” del Supremo no haberlo atendido de salida y que podría prosperar. Sin embargo, solamente se puede modificar una resolución firme en caso de que este cambio se interprete como “error material”. No cabe recurso ordinario y, por lo tanto, los hechos no se pueden ya volver a juzgar.

Por lo tanto, ni la huelga de los letrados de la Administración de Justicia (los antiguos secretarios judiciales) ni una supuesta aplicación de la reciente reforma del delito de malversación están condicionando el 'caso De Miguel'. Sobre este punto en concreto, las fuentes consultadas recalcan que, a diferencia de lo ocurrido con la denominada ley del 'sólo sí es sí', el legislador sí introdujo una cláusula de modo que si las penas impuestas caben en las horquillas de la reforma no se rebajarán de modo automático. Así las cosas, solamente cuando se pronuncie el Supremo -cuya carga de trabajo es muy alta- la sentencia será notificada a la Audiencia Provincial de Álava para que decrete la firmeza de las penas e inicie el procedimiento de ejecución.

Los condenados podrán interponer un recurso de amparo al Tribunal Constitucional pero ello no supone efectos suspensivos automáticos de la entrada en la cárcel. De hecho, ninguno de los principales imputados lo contempla como escenario aunque una de las principales líneas durante toda la causa ha sido precisamente alegar una vulneración de derechos fundamentales y excesos en la investigación. Otra vía es la de solicitar un indulto, un extremo que el entorno de De Miguel ya ha barajado. También es ésta la fase en la que se pueden alegar cuestiones médicas. Tellería y Ochandiano han presentado problemas de salud en los últimos meses.

La no ejecución de la sentencia hace que De Miguel, por ejemplo, continúe teletrabajando desde su domicilio para la sociedad del Gobierno vasco Hazi. Cuando se conoció la sentencia, se anunció su despido en cuanto el fallo fuera firme y se le pidió que no acudiera presencialmente a las dependencias autonómicas. Entonces se creyó que era una solución temporal pero necesariamente se alargará ante las nuevas circunstancias. En el caso de Ochandiano, trabajador del parque tecnológico de Miñano como cuando se produjeron los hechos que dieron origen a este caso de corrupción, está de baja médica por sus problemas de salud y, por lo tanto, ya no acudía antes a las instalaciones.

Entretanto, ya es conocido que hay un acuerdo entre los principales condenados para ir haciendo frente a parte de las responsabilidades económicas derivadas de la sentencia, en este caso una parte de la responsabilidad civil. A partes iguales, De Miguel, Tellería, Ochandiano, Sánchez Robles, San Juan y Montés abonarán una suma de unos 145.000 euros por las adjudicaciones irregulares de Juventud que beneficiaron a la trama. Además, ellos seis y las esposas de De Miguel y Ochandiano, Ainhoa Bilbao e Iratxe Gaztelu-Urrutia, abonaran otra cantidad de unos 12.000 euros. Estas cantidades en ningún caso representante el total del alcance económico de la causa, ya que hay otras responsabilidades civiles que ya se abonaron hace cinco años por parte de aquellos acusados que confesaron y colaboraron con la Justicia -la familia Arruti- y también decomisos, multas y costas.