El Gobierno de Imanol Pradales ha aprobado su primera ley y tiene como objeto modificar los presupuestos de 2024 para dotar de casi 67 millones a la enseñanza concertada con el ánimo de iniciar la equiparación de las condiciones laborales del personal con el de la red pública. La medida tendrá carácter retroactivo desde 2023 y estará plenamente completada en 2027. En respuesta a esa decisión, los sindicatos CCOO y LAB han emitido comunicados críticos. El primero cuestiona la “ayuda” millonaria a los centros privados cuando “la escuela pública” necesita recursos y el segundo pide que sí o sí se prohíban ya las cuotas en estos colegios sufragados también con recursos de la Administración.
La sección CCOO Irakaskuntza ha denunciado que el Gobierno “ayuda” a la educación privada con 68 millones de euros y que ello va “en detrimento de la escuela pública necesitada y merecedora de esos recursos”. En un comunicado, sostiene que se intenta “solucionar con dinero público” un conflicto laboral entre trabajadores y patronales de una serie de empresas privadas, que “acumula ya un total de 45 días de huelga en diez años de litigio por las particularidades de su financiación”.
CCOO Irakaskuntza ha indicado que no puede estar más satisfecha como organización sindical de que se produzca “un reconocimiento del trabajo” que el personal trabajador de la enseñanza concertada ha venido realizando y que, desgraciadamente, “sólo la lucha reivindicativa ha puesto en su lugar”. Sin embargo, sigue defendiendo que “el dinero público ha de ser para la escuela pública y que tiene que ser esta y no otra el verdadero motor de la educación vasca”. Por ello, ha mostrado su desacuerdo con el “desvío” a la educación privada de unos recursos que “necesita y merece la escuela pública vasca, la única escuela que defiende los intereses de todos, que integra, que euskalduniza, que no segrega, y la que mejor compensa las desigualdades de origen”.
El sindicato ha afirmado que, tras una legislatura, la de Jokin Bildarratz, “completamente infructuosa” desde el punto de vista de la negociación tanto en mesas sectoriales, como en la mesa general de función pública, una vez iniciada la nueva legislatura de la consejera, Begoña Pedrosa, los sindicatos de la enseñanza pública siguen “esperando noticias de un Departamento de Educación que no ha dado aún ningún paso negociador”. “Las palabras sólo son creíbles cuando van acompañadas de hechos demostrables. Este no es el camino, señora consejera de Educación, para conseguir una legislatura de diálogo y entendimiento con la escuela pública vasca”, ha concluido.
El sindicato LAB, de su lado, ha pedido establecer “un control público y estricto de las cuotas” y acceso “transparente en” la contratación del personal. Tras destacar que la aprobación de la modificación presupuestaria para equiparar los salarios del personal de los centros concertados con los empleados públicos “llega gracias a la lucha de los trabajadores impulsada por LAB” y al acuerdo laboral que se acordó en el contexto de la ley de Educación de 2023, entiende que es “imprescindible y urgente que, en el camino de la gratuidad de los centros concertados”. Pide que el Departamento de Educación establezca de forma inmediata “mecanismos transparentes de control de cuotas y de contratación de personal”.
“Ya es hora de que, de una vez por todas, se prohíban las cuotas que no se pueden cobrar por ley y que cobran muchos colegios concertados, y se impongan sanciones”, ha manifestado LAB, para asegurar que seguirán luchando para que “este control público y riguroso de las cuotas sea una realidad”.
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