Piden una sanción de hasta 660.000 euros a una residencia de Álava por atar a los mayores y no cumplir el protocolo de la COVID-19
La empresa Aneim ATE ha comunicado este viernes su deseo de clausurar la pequeña residencia privada San Francisco Javier, ubicada en la población de Arróyabe, a 10 kilómetros de Vitoria pero en el término municipal de Arrazua-Ubarrundia. En otoño se produjo allí un brote de COVID–19 que afectó a 9 de los 12 usuarios –los centros tipo vivienda comunitaria no pueden tener más de 14 plazas– y en él fallecieron dos mayores. Alegan motivos económicos pero, antes de comunicar este paso a la Diputación de Álava, el servicio de inspección de la institución les había notificado la apertura de dos expedientes sancionadores con multas que pueden alcanzar hasta los 660.000 euros, 600.000 por atar injustificadamente a los mayores (infracción muy grave) y 60.000 por no cumplir los protocolos de prevención contra el coronavirus (falta grave).
Fue el cinco de noviembre cuando un trabajador de este complejo dio positivo. Se contagió por un conviviente infectado. Así se inició el brote. Las pruebas PCR confirmaron que dos personas internas habían contraído también el Sars-Cov-2. El foco creció hasta que casi todos los mayores dieron positivo y todos, sin excepción, quedaron confinados al ser contactos estrechos.
La primera visita de la inspección foral se produjo el 11 de noviembre. El primer acta recoge al menos 32 irregularidades en el protocolo sanitario. La más grave, según consta en los informes, es que “mantienen con sujeción abdominopélvica a usuaria con pico febril”. El otro gran problema es la falta de personal, lo que hacía que quienes atendían a los positivos en la zona 'sucia' luego entraran en contacto con los negativos en el área 'limpia'. “Se observa que el centro mantiene la ratio de dos trabajadoras de mañana, dos de tarde y una de noche”, indican las inspectoras, que lo veían a todas luces inadecuado.
Al día siguiente se produce otra visita sorpresa y todo seguía igual. Solamente había dos gerocultoras, “insuficientes para abordar el cuidado óptimo para el perfil” de los usuarios, de “psicogeriatría”. Incluso había carteles en las habitaciones con la palabra “semiconfinamiento”, cuando los mayores tenían que guardar cuarentena en todos los cosas. “Hay usuarias que permanecen fuera de sus habitaciones utilizando espacio común”, se describe en el informe. Y se añade: “Una usuaria se encuentra en una habitación abierta sentada, tranquila, y mantiene sujeción abdominal. El personal indica que se mantiene la sujeción para que no salga de la habitación, ya que tiene que estar en aislamiento. Sin embargo, se observa que otras usuarias de la planta baja en su misma condición permanecen por el centro”.
En aquel momento, se advirtió con claridad y por escrito a la dirección de que “no existe pauta médica” para hacer algo semejante y se calificó de “injustificada” la sujeción “dado el estado físico, emocional y la falta de riesgo de daño/lesión de la usuaria”. “Se considera que esta acción es debida a la falta de personal para poder atender a las necesidades de personas con conductas errantes que mantienen la necesidad de caminar, de levantarse. [...] Se insiste en que no se puede utilizar sujeción y se le explican alternativas como el acompañamiento o supervisión directa”, se puede leer en la documentación. Las deficiencias no acababan ahí: en la habitación número 5 otra mujer, esta con positivo confirmado, grita pidiendo ayuda.
Ante los acontecimientos detectados, el 13 de noviembre se repite una visita sorpresa de los inspectores, la tercera en tres días consecutivos. Los funcionarios se dan de bruces con la realidad nada más llegar, ya que la persona que les atiende “precisa las mismas recomendaciones” que fueron reiteradas solamente 24 horas antes. “Según indica, no han coincidido [con la compañera que acompañó a los inspectores el día anterior] y desconoce indicaciones”. Los inspectores repiten punto por punto las medidas que se han de corregir. Un día más, la mujer continúa atada: “Se les indica la gravedad de la utilización de medidas de sujeción sin pauta médica”.
Aún hubo dos visitas más, los días 17 y 18 de noviembre y una llamada de comprobación el 24 de noviembre. Ante la cascada de problemas, fuentes de la Diputación indican que este proceso se ha saldado con dos propuestas de infracción. Una de ellas es “grave” porque ni había medidas suficientes contra la COVID–19 ni se pusieron en marcha tras los primeros avisos. La sanción va de 12.001 a 60.000 euros. La segunda es de carácter “muy grave” y tiene que ver con los derechos de las mujeres que mantenían atadas sin justificación. En este caso la multa va de 60.001 a 600.000 euros.
La empresa gestora está en plazo para presentar alegaciones, aunque ya ha manifestado su voluntad de bajar la persiana. Tienen otra vivienda comunitaria en el centro de Vitoria. El fin de la actividad no supondría una exención de las infracciones cometida. Según fuentes de la Diputación, tras este preaviso se inicia un plazo de tres meses hasta el cierre definitivo del centro residencial. Los plazos solamente se pueden acelerar si se da cumplida información a las familias de los internos y se constata de manera fehaciente que se ha reubicado a todos ellos.
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