Una de cada cinco menores puede haber sufrido algún tipo de violencia sexual en Euskadi y podría haber entre 2.000 y 4.000 jóvenes de 18 años que han padecido alguna agresión de esta clase a lo largo de su vida, según datos aportados por la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, en una jornada en Vitoria. También ha confirmado que la capital alavesa acogerá el centro modelo de atención integral a víctimas de abuso sexual en la infancia o adolescencia, proyecto piloto que dará comienzo en 2022 y se prolongará durante dos años. Artolazabal ha tomado parte en un jornada organizada por Save the Children y el Gobierno vasco en la que se ha debatido el informe denominado 'Bajo el mismo techo: la atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual en Euskadi; necesidades de mejora y aportaciones del modelo Barnahus', según recoge Europa Press.
En las sesiones han intervenido, entre otros, la directora de Save the Children Euskadi, Charo Arranz, y el creador de Barnahus, el islandés Bragy Gudbrandsson, así como el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana, y la doctora en Psicología, Iñasi Arruabarrena. Artolazabal ha explicado que, según datos de los servicios forales de los tres territorios, en 2018 se registraron alrededor de 90 notificaciones, mientras que en los juzgados vascos fueron condenados 151 personas adultas por delitos sexuales contra menores de 16 años. Ese mismo año, la Ertzaintza y las policías locales registraron 276 delitos sexuales contra menores de 16 años.
En su intervención, la consejera ha confirmado que Vitoria acogerá el centro modelo de atención integral a víctimas de abuso sexual en la infancia o adolescencia, el programa piloto de gestión de una Barnahus (Casa de la Infancia, en islandés) donde todos los departamentos que intervienen en un caso se coordinarán y trabajarán bajo el mismo techo para atender a la víctima. Barnahus es un tipo de espacio, lejos de comisarías y hospitales, que cuenta con un entorno amigable para los niños con decoración adaptada a su edad y profesionales especializados en victimología infantil“, según ha destacado, para añadir que el ”pilotaje está a punto de ponerse ya en marcha“.
7 de cada 10 casos no llegan a juicio
Por su parte, la directora de Save the Children Euskadi, Charo Arranz, ha remarcado la importancia de que “todos los departamentos implicados trabajen juntos en esta causa para garantizar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes”. “La violencia sexual constituye una de las peores formas de violencia que sufre la infancia y actualmente, hay más de 600 puntos de entrada que pueden atender posibles casos de violencia sexual infantil, ha explicado.
Además, el niño tiene que pasar por cuatro servicios diferentes que no están coordinados, en espacios desconocidos para ellos, lo que “dificulta su recuperación y genera una victimización secundaria”, ha detallado. “Eso no solo dificulta su recuperación, sino que además es perjudicial para el proceso judicial, ya que no se cuida su testimonio y se genera un daño adicional al menor, generando una victimización secundaria. El resultado: 7 de cada 10 casos abiertos por abuso sexual infantil no llegan a juicio por falta de pruebas”, ha analizado Arranz.
Barnahus o Casa de la Infancia, en islandés, es el modelo nórdico de atención integral para niños y niñas que han sufrido algún tipo de violencia sexual. Este modelo, que ya se aplica en Catalunya, Estados Unidos y Europa, ha duplicado el número de enjuiciamientos y condenas. En su intervención, el fundador del modelo Barnahus y miembro del Comité de Derechos del Niños de Naciones Unidas, Bragi Gudbrandsson, ha destacado que “al crear un ambiente amable para los menores, estamos transmitiendo el mensaje de que su voz realmente importa; ese es realmente el núcleo del modelo Barnahus, escuchar al menor. Está alineado con la Convención sobre los Derechos del Niño, porque uno de los derechos fundamentales que tiene es expresar su opinión”.
Estándares de calidad
Artolazabal ha comentado que su equipo visita diferentes inmuebles para ubicar el servicio y para definir la ubicación utilizan los estándares de calidad del modelo Barnahus que fija la Red Promise: zona residencial, alejada de comisarias o juzgados; así como su accesibilidad a transporte público y también para personas con discapacidades y/o necesidades especiales. “Una vez seleccionado procederemos a su adecuación teniendo en cuenta los estándares de calidad que marca esa red”, ha detallado. Al mismo tiempo, ha explicado que ya se han dado los primeros pasos con la constitución de un grupo técnico de trabajo interinstitucional e interdepartamental en materia de abusos sexuales con los diferentes sistemas que intervienen en estos casos: Justicia, Seguridad, Salud, Servicios Sociales y Educación, y para el apoyo técnico se dispone de la colaboración de Save the Children.
Este grupo de trabajo tendrá su primera reunión en diciembre y, entre sus objetivos, estarán adaptar el modelo a la realidad competencial de Euskadi y elaborar protocolos de actuación entre los diferentes sistemas que actúan. El diseño y pilotaje de Barnahus en Euskadi requiere aproximadamente de dos años de trabajo. Según ha explicado Artolazabal, “gracias a Barnahus, la infancia y adolescencia afectada podrá proporcionar un testimonio detallado y completo de lo que ha vivido”. La consejera ha recordado que las víctimas “viven un proceso de incertidumbre y malestar que puede alargarse más de tres años y, en ese tiempo, habrá hablado con al menos ocho personas”.
De esta forma en iniciativas como Barnahus “la víctima compartirá su historia con menos personas y tendrá acceso inmediato a una atención especializada. El camino a recorrer se iniciará en el profesorado, que avisará a dirección y esta recurrirá a Barnahus y recomendará a la familia acudir a él”, ha proseguido. Una vez en el programa, la víctima será atendida por el equipo profesional especializado en victimización infantil, que incluye equipos de psicología, medicina y policiales, entre otros. Al mismo tiempo, la familia también recibirá apoyo profesional a lo largo de todo el proceso, además de la información detallada al momento.
En una sala de entrevistas adaptada a su edad, la víctima será entrevistada por el equipo psicosocial judicial. A través de un espejo unidireccional, jueces, fiscales, las personas investigadas y sus defensas asistirán a la entrevista, que será grabada como prueba preconstituida. Esta será posteriormente reproducirá delante del tribunal como evidencia. Y, si el Tribunal lo decide, la víctima no tendrá que asistir a la vista judicial. Artolazabal también ha explicado que el modelo será sometido a un proceso continuado de evaluación que incluirá un análisis de cobertura, proceso, resultados e impacto, el grado de satisfacción de víctimas y sus familias, y el cumplimiento de los estándares de calidad del modelo.