Tras una intensa tarde-noche, el viernes a primerísima hora el PNV ha cerrado su acuerdo con el PSOE a cambio de apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Las claves: reforma de la reforma laboral, un posible nuevo Estatuto vasco pero antes transferencias como Cercanías y alivios para el tramo final de la legislatura de Iñigo Urkullu en forma de posibilidad de subir el sueldo a los funcionarios en plena oleada de huelgas.
La dirección nacional, el Euzkadi Buru Batzar (EBB), no se ha llegado a reunir físicamente pero sí ha mantenido contactos telemáticos. Ya en su sesión ordinaria del lunes se perfiló el documento presentado ahora, aunque de cara al exterior todo el proceso se ha llevado como suma discreción, rozando el hermetismo. Los 'jeltzales' no son formalmente los últimos, ya que se ha sumado Coalición Canaria a la mayoría parlamentaria, ni tampoco son los que más escaños aportan, pero sí refuerzan su estatus de socios preferentes al lograr que sea el propio presidente el que firme con el líder del Euzkadi Buru Batzar, Andoni Ortuzar, el que se preste a la fotografía. Además, exhiben que, a diferencia de EH Bildu, que ya garantizó el 'sí' a Sánchez sin aparentes contrapartidas, ellos han buscado resultados tangibles para Euskadi. No obstante, en el caso de la coalición abertzale sigue pendiente si se activará una moción de censura en Pamplona para desalojar a la alcaldesa de UPN, Cristina Ibarrola.
Fuentes internas admiten que no está en el documento rubricado todo lo que esperaban pero sí se felicitan por que es más que lo que quería ceder el PSOE. Se añade, además, que se ha buscado robustecer las garantías de cumplimiento, ya que algunos puntos relevantes del pacto de 2019 no se han llegado a ejecutar. El acuerdo se ha retrasado, no ha sido sencillo, pero nadie podía cuestionar que el resultado sería este a pesar de los empeños del PP de Alberto Núñez Feijóo en reeditar viejos enamoramientos en los tiempos de José María Aznar o Mariano Rajoy. Desde la misma campaña electoral, Aitor Esteban fue claro en que ninguna fórmula con Vox era admisible para el PNV. Además, aunque es un elemento que se suele olvidar, los nacionalistas necesitan del PSE-EE para gobernar en las principales instituciones vascas, empezando por el Gobierno de Iñigo Urkullu.
¿Pero qué ha conseguido el PNV? Los acuerdos buscan completar el actual Estatuto vasco, de 1979, en el plazo “improrrogable” de “dos años”. En todo caso, se reduce a tres meses el cierre de la ya muy avanzada transferencia de Cercanías -cuyo detalle se puede ver aquí-, la de “homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros”, relevante para captar médicos extracomunitarios, y parte de las competencias de migración tras la polémica por la apertura de un centro estatal en la antigua Clínica Arana de Vitoria. No se cita expresamente la Seguridad Social, pero Ortuzar ha dejado en la rueda de prensa que está prevista en el Estatuto y que tocará negociarlo. El PNV hace ya tiempo que acota la transferencia a la “gestión del régimen económico”, es decir, sin alterar la unicidad de la caja común española y, de hecho, el IMV ya se acordó en esos términos siendo una prestación de la Seguridad Social. Eso sí, en 2019 era la única materia que el Estado solamente se comprometía a “estudiar” y no a ceder. El PNV ha arrancado al Estado el compromiso de que “cada seis meses” Sánchez y el lehendakari, ahora Iñigo Urkullu, se reúnan presencialmente para trabajar en estos avances.
Y del autogobierno “reconocido” al autogobierno “futuro”. Con otras palabras, el PNV compromete a los socialistas, también a los vascos, con un nuevo Estatuto. El camino no funcionó en 2018 tras un primer texto de corte soberanista con EH Bildu y ahora se plantea que en los primeros dieciocho meses de la futura legislatura vasca haya un proceso con todas sus fases, acuerdo en el Parlamento Vasco, acuerdo en las Cortes Generales y referéndum. No es nada que se salga del marco constitucional, aunque los nacionalistas insisten en que se incluya el “reconocimiento nacional” vasco en el futuro estatus así como “un sistema de garantías” nuevo. El PNV siempre ha considerado al Tribunal Constitucional un “árbitro comprado” y ha reclamado una fórmula de control más similar a los foros bilaterales del Concierto Económico. Por ello, ha introducido en el acuerdo que ese “autogobierno futuro” beberá de las disposiciones constitucionales que blindan la foralidad. Asimismo, el PNV pide cautela al Gobierno central en el uso de los decretos para legislar y otros elementos para evitar lo que se ha venido en llamar la “erosión silenciosa” o “recentralización”.
Pero la clave de bóveda del documento es el impulso de que lo Ortuzar ha llamado “marco vasco de relaciones laborales”. El PNV ha logrado que el PSOE, que no dirige las políticas laborales, ya que son competencia de Sumar y de Yolanda Díaz, acceda a reformar la reforma laboral para garantizar la prelación de los convenios autonómicos. Es justamente “el escollo que impidió al PNV votar a favor de la reforma laboral” en 2022, ha dicho Ortuzar. “Lo que entonces fue imposible, ahora lo hemos conseguido”, se ha felicitado el líder peneuvista.
La prevalencia del convenio autonómico sobre el estatal ha sido una delas reivindicaciones de las fuerzas políticas (PNV, ERC y EH Bildu) que han apoyado al Gobierno de coalición en la pasada legislatura. De hecho, estuvo en el borrador de la reforma laboral aprobada por el Ejecutivo de Sánchez, pero la patronal CEOE forzó su salida a cambio de que el Gobierno lograra la ansiada foto de la firma del acuerdo de la normativa laboral junto a los sindicatos en 2021. La salida de este punto supuso que el PNV votará entonces en contra dela reforma laboral del Gobierno de coalición de izquierdas. La importancia de la medida para los nacionalistas vascos se refleja en que el pasado 18 de octubre presentaron en el Congreso una proposición de ley para que los convenios suscritos en las comunidades autónomas prevalezcan sobre los sectoriales. En esta iniciativa legislativa se aclaraba que se diera la prevalencia siempre que los convenios de las comunidades obtengan el respaldo de las mayorías exigidas para constituir la comisión negociadora y su regulación resulte más favorable para las personas trabajadoras que la fijada en los acuerdos estatales, al igual que se recoge en el pacto firmado este viernes por PSOE y PNV.
No es una novedad para el marco legislativo laboral español. Los convenios autonómicos tenían prevalencia sobre el estatal hasta que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lo modificó en los cambios normativos de la legislación laboral que hizo en 2010, en medio de la crisis financiera, y que posteriormente fueron confirmados en la reforma laboral del Ejecutivo del PP de Mariano Rajoy. Las organizaciones sindicales siempre se han mostrado favorables a volver a la estructura territorial de la negociación colectiva previa a 2010. Esta propuesta va a abrir un nuevo frente de confrontación entre el Gobierno y la CEOE, que ya mostró su oposición frontal a la rebaja de la jornada laboral que se plantea en el acuerdo entre PSOE y Sumar. La patronal ha convocado una reunión de urgencia este lunes para analizar y dar respuesta las medidas económicas recogidas en los acuerdos entre los partidos del Gobierno de coalición y el resto de las fuerzas políticas que apoyan la investidura.
El PNV, además, mete en su zurrón dos palancas para facilitar su gestión en el Gobierno vasco en puertas de unas autonómicas. En concreto, Ortuzar ha explicado que el Estado se compromete a pactar en la comisión mixta del Concierto Económico tanto las tasas de reposición como las subidas salariales máximas de los funcionarios. Hasta ahora, en un contexto de demandas generalizadas en la Ertzaintza, Osakidetza y otros ámbitos, el PNV había alegado que no podía abordar subidas lineales porque tenía topes fijados por el Estado. Tendrá efectos “a partir del 1 de enero de 2024” aunque los presupuestos del Estado, donde se meterá esta cuestión, lleguen más tarde.
Además, el PNV ha buscado reforzar el papel de la Ertzaintza. Algunas claves: será la Policía portuaria y la que investigue los delitos ambientales ordinarios. En este segundo caso, los jueces y fiscales vascos han priorizado el trabajo de la Guardia Civil, del Seprona, pero también lo han hecho asociaciones ecologistas y no precisamente nacionalistas. El Estado accede igualmente a ir dando cumplimiento a viejos compromisos como la mejora en el acceso a bases de datos internacionales, pero es algo no enteramente novedoso. En cuanto al euskera, el PSOE ofrece una inversión de 100 millones “en cuatro años” para “la adaptación del euskera a la nueva era digital”.
El PNV, sin diputados en Navarra, también ha incluido un apartado para la comunidad foral, donde cogobierna dentro de Geroa Bai con los socialistas. Cita la transferencia en seis meses de las competencias de becas e I+D. Navarra accedería a las mismas actualizaciones del régimen foral de financiación y fiscalidad que Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Y, en el plano más local, el PNV rebaja de 5.000 a 4.000 habitantes el mínimo legal para crear un municipio, lo que hace que sea inservible el recurso de la Abogacía del Estado contra la segregación de Usansolo de Galdakao. Se menciona igualmente un acuerdo sobre Hondarribia, uno de los municipios perdidos por el PNV en las pasadas elecciones. Nada se dice, eso sí, sobre la alta velocidad. La 'Y vasca' empezó a construirse en 2006 y sigue sin fecha definida para su puesta en marcha.
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