Desde el pasado 18 de julio, día en el que la decana del Colegio de la Abogacía de Bizkaia, Maite Morillo, recibió el nuevo Protocolo de actuación en relación con la movilidad y circulación de las personas y profesionales que acuden a las dependencias judiciales en Bilbao, se hizo público que los investigados, abogados y testigos en casos de violencia de género deberían llevar pegatinas a modo de distintivo en los juzgados de la mujer. La nueva medida pretende evitar encuentros entre las denunciantes y los denunciados en casos de violencia de género y así facilitar los protocolos de movilidad en este sentido.
No obstante, las quejas por parte de los letrados no han tardado en llegar. Este lunes el Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia ha presentado una queja formal ante el Tribunal de Justicia del País Vasco (TSJPV) por “la obligación impuesta a investigados, abogados y testigos de llevar pegatinas a modo de distintivo en los juzgados de violencia de género de Bilbao”, y ha exigido que “con carácter inmediato, se proceda a la supresión” de este nuevo protocolo, ya que considera que “vulnera la presunción de inocencia, igualdad, dignidad y tutela judicial efectiva”, según ha informado en un comunicado.
El juez decano de la capital vizcaína, Aner Uriarte, ha explicado a la Agencia EFE que el objetivo de identificar por colores a los investigados, que también se extiende a los testigos y letrados, es que los funcionarios sepan “quién es quién” en cada caso concreto y prevenir una situación en la que coincidan denunciado y denunciante, y que suponga la revictimización de la mujer. “Si ya es duro denunciar e imputar una serie de hechos que pueden llevar a tu pareja o expareja a la cárcel, más duro es encontrártelo de sopetón en el juzgado cuando vas a declarar en su contra”, ha argumentado el juez decano, que ha aclarado que se ha llegado a esta medida tras “algún incidente” registrado en estos juzgados, que ocupan dos plantas del Palacio de Justicia.
Según ha aclarado, no se trata de una norma, sino de “una forma de organización interna adoptada por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en su autonomía e independencia; no necesitan ningún permiso”, ha puntualizado. Para Uriarte, esta medida tiene “sentido”. “A veces, las instalaciones registran una ”aglomeración importante“ de personas y estos casos, en concreto, se tienen que resolver en el día, ya que no puedes decir a una mujer que vuelva mañana y que tenga que estar hasta entonces en casa con el denunciado”, ha recalcado.
Sin embargo, el Colegio insiste en que la obligación de llevar distintivos en los juzgados de violencia de género de Bilbao ha generado un “profundo malestar” entre los letrados, hasta el punto que la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Bizkaia ha explicado que ha estudiado el contenido del protocolo y ha recibido “distintas quejas” por parte de sus colegiados.
Ante esta situación, ha instado ante la Secretaria Coordinadora de Bizkaia, el presidente del TSJPV y la directora de Justicia Digital e Infraestructuras del Gobierno vasco a “rectificar de forma inmediata las distintas medidas acordadas”.
Uno de los problemas que denuncian los letrados es que en su caso las pegatinas visibles son una medida “absolutamente improcedente, inadecuada e innecesaria” puesto que para acceder a las distintas sedes judiciales, ellos ya deben presentar su carnet profesional en el acceso a las mismas al personal de seguridad que controlan los accesos. Asimismo, en caso de que sea necesario, deben presentar su acreditación profesional -carnet colegial- ante los órganos judiciales competentes a fin de identificarse. “La imposición de portar visible una pegatina a modo de identificación como abogada o abogado resulta no sólo innecesaria, sino completamente alejada del debido respeto y decoro que debe garantizarse a los profesionales de la Abogacía, así como al ejercicio de su función como operadores jurídicos”, critican.
En este sentido, la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Bizkaia considera que las medidas contenidas en el protocolo de actuación respecto a la movilidad y circulación de las personas que acuden a las dependencias judiciales “son desproporcionadas e inútiles, tanto jurídica como éticamente reprobables, sin soporte legal alguno y contrarias a los principios de un Estado de Derecho”. “El sistema ideado vulnera la presunción de inocencia y dignidad de las personas investigadas, y representa una 'pena de banquillo adelantada', quedando el investigado señalado y marcado delante del resto de personas que acuden a los Juzgados de Violencia”, ha añadido. Es por ello que, mediante su queja formal insta a que, “con carácter inmediato, se proceda a la supresión de las medidas de imposición de portar una pegatina identificativa, confiando en su disposición a la rectificación por parte de los órganos competentes”.
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