Un colegio concertado de Loiu, en Bizkaia, reclama a las familias hasta 100 euros mensuales en cuotas educativas

El centro educativo privado Nuestra Señora de la Merced de Loiu, a unos kilómetros de Bilbao, cobra cuotas por enseñanza de hasta 100,80 euros mensuales a pesar de estar concertado con fondos públicos. Esta práctica está prohibida en la normativa estatal desde 1985 y en la autonómica desde 1987 y la reforma educativa en la que se trabaja en Euskadi plantea endurecer los controles para garantizar la gratuidad de la enseñanza en todos los centros, públicos o concertados, de modo que estas cuotas no ejerzan como barrera de acceso a las familias con menores recursos y se acreciente la segregación.

Según la documentación interna del colegio, que celebra su centenario en 2022 y que pertenece a la patronal católica Kristau Eskola, el centro gira mensualmente facturas a las familias en las que desglosan hasta cinco cargos. Son transporte, comedor y seguro escolar -cantidades que sí se pueden exigir, ya que son servicios complementarios- pero también un “fondo escolar” consistente en una especie de seguro propio del colegio y otro abono por “actividades y servicios”. Este último concepto varía en función de la etapa educativa y, desde enero de 2023, será de 69,30 euros mensuales en Infantil y Primaria, de 76,50 euros en Secundaria y de 100,80 euros en Bachillerato.

En la comunicaciones a las familias, el propio colegio admite que son cuotas educativas. De hecho, en una carta enviada a principios de diciembre informa de que como recientemente “el Gobierno vasco ha aumentado a los centros concertados la asignación económica en el módulo de concierto” ha optado por reducir ligeramente los pagos que exige a las familias, que quedan fijados en la horquilla entre 69,30 y 100,80 euros y que se aplicarán con “efecto retroactivo” desde el inicio del curso académico 2022/2023. Se permite añadir la dirección de Nuestra Señora de la Merced que este ajuste -que sigue implicando más de 1.000 euros por alumno en algunos casos cada curso- se hace “en aras al cumplimiento de la nueva ley vasca de educación aún en proyecto”.

Sin embargo, el borrador ya conocido establece la siguiente disposición: “En las enseñanzas obligatorias gratuitas, y con la finalidad de evitar cualquier discriminación por motivos socioeconómicos, los centros educativos financiados con fondos públicos no podrán ser receptores de fondos o cantidades procedentes de las familias por enseñanzas impartidas de forma gratuita, y asimismo por tales centros no se podrá imponer la obligación de realizar cuotas o aportaciones a fundaciones o asociaciones, ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que afecten a servicios, prestaciones o ámbitos materiales que sean objeto de financiación pública”. 

Este periódico se ha puesto en contacto con Nuestra Señora de la Merced y ha declinado hablar sobre las cuotas educativas. El centro se ha remitido a las explicaciones que pueda ofrecer Kristau Eskola. Desde esta entidad, que precisamente se ha reunido este martes en Vitoria con el lehendakari, Iñigo Urkullu, y con el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, tampoco han querido hacer comentarios. Los centros concertados, a través de 'El Correo', han demandado recientemente un incremento de la financiación pública en 1.500 euros por alumno para poder eliminar las cuotas.

La comunicación de Nuestra Señora de la Merced a las familias sobre las cuotas llegó apenas 72 horas después de que el lehendakari confirmara en el Parlamento Vasco que la inspección educativa está investigando a dos centros de Bilbao por el cobro de cuotas. Se trata de los colegios Begoñazpi e Ikasbide. Las facturas que giran ambos centros incluyen pagos por servicios educativos además del coste de los complementarios como la comida o el desplazamiento. En el segundo, computan como “deuda” las cuotas que no abonan las familias que se niegan a pagar por un servicio teóricamente gratuito. Se puede leer aquí toda la información sobre este caso.

Junto con ese anuncio, Urkullu recordó que es intención del Gobierno vasco realizar una auditoría completa de todos los centros concertados para conocer exactamente lo que cobran y por qué conceptos. Como medida a futuro, Euskadi plantea la publicación del coste real de la matriculación para que las familias puedan conocerlo con transparencia. En el caso de Nuestra Señora de la Merced hay familias que desconocían que se pagaban 9 euros mensuales por un “fondo escolar” cuya utilidad real no conocen o que este servicio ha subido 3 euros en un corto período de tiempo sin explicación aparente.

Euskadi es la comunidad autónoma con mayor volumen de alumnado matriculado en centros de titularidad privada. Son casi la mitad del total. La potente red concertada suma a los centros religiosos católicos de Kristau Eskola, a las ikastolas, a cooperativas e incluso a media docena de colegios del Opus Dei que segregan por sexos. Estando casi al 50% de peso en la enseñanza vasca, otro informe muestra que los centros públicos matriculan el triple de alumnos extranjeros que los privados. En los últimos meses, además del incremento de la financiación, el Gobierno ha decidido también bajar el mínimo de alumnos por aula para acceder a un concierto y compensar la caída de la natalidad. Esta decisión ha sido muy criticada por quienes defiende la primacía de la pública.

En este contexto, este miércoles los sindicatos ELA, LAB y Steilas -ya no CCOO- convocan una segunda huelga en la red pública al entender que la reforma que se plantea perpetúa la dualidad de un sistema a dos velocidades, es decir, que consolida la posición de la concertada. Aunque los puntos clave de la futura ley ya han sido dados a conocer, el Gobierno y el PNV insisten en considerar “preventivas” estas protestas ya que el borrador legislativo aún no es definitivo. El consejero-portavoz, Bingen Zupiria, ha afirmado desde la “preocupación” que interpreta que las centrales buscan “presionar” a las fuerzas de la izquierda en el Parlamento, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, para que rompan los acuerdos que mantienen con el Ejecutivo en esta materia. Están llamados a hacer huelga alrededor entre 26.000 (Gobierno) y 30.000 (sindicatos) profesionales, tanto docentes como de otras categorías. En la celebrada el 30 de noviembre el seguimiento fue muy diferente según la fuente: del 60% según los convocantes y del 35% según la Administración.