La Comisión de Ética vasca ha constatado un “cumplimiento insuficiente” del código de conducta al que están sujetos los altos cargos autonómicos en el caso del actual director de Planificación de Transportes, Iván Pedreira, del ala del PSE-EE en el Gobierno de coalición con el PNV. Según se deduce en una resolución guardada durante tres meses y con muchas partes borradas, tanto desde su actual cargo como en su anterior cometido, director de Administración Ambiental, siempre con Iñaki Arriola como consejero, participó en adjudicaciones y otras resoluciones administrativas que afectaban a la empresa de la que procedía, Asmatu, un estudio de Donostia.
Es una de las tres resoluciones más graves adoptadas por este órgano administrativo, presidido por la consejera Olatz Garamendi y que tiene cinco miembros, dos de ellos externos al Ejecutivo. Solamente en una ocasión propuso el cese del aludido, el de Agustín Elizegi, director de la sociedad pública Ejie y que adjudicó 1,5 millones de euros a su antigua empresa. Con Pedreira, al entender que no se ha vulnerado la ley en su actuación sino simplemente el “plus” ético requerido en la alta dirección política, la 'sanción' queda en amonestación con la publicación de un breve mensaje, sin el nombre del afectado, en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV). Es lo mismo que le ocurrió a Hernando Lacalle, del PNV, cuando se constató que no informó a la Comisión de Ética de una imputación en una investigación sobre la entidad DenokInn cuando este alto cargo lo era de la Diputación de Álava.
“Lo que el código ético persigue es alejar cualquier sospecha o duda de que una resolución o decisión pueda beneficiar a la personas que la adopta. [...] Según estas consideraciones, define un umbral de comportamiento ético que presupone el cumplimiento de las leyes por parte de los altos cargos y asimilados del Gobierno vasco. Y sobre esa plataforma básica, común al conjunto de ciudadanos, perfila un elenco de actitudes y conducta que pretende ser más exigente que las estrictamente derivadas de la legalidad. Configura así un plus ético, que no es jurídicamente exigible -en la medida en que no está expresamente recogido en una ley- pero sí forma parte del compromiso político asumido por las personas que se adhieran al código ético”, argumenta la resolución, promovida por una 'denuncia' de un parlamentario de la oposición sobre el trabajo anterior de Pedreira en la empresa Asmatu de Donostia y en la que se mencionan contratos de las obras del metro de Donostialdea y otras autorizaciones ambientales.
La propia denuncia, al menos en el fragmento recogido en la resolución, ya asume que habían pasado más de dos años desde que Pedreira dejó su puesto en el sector privado y hasta que llegaron esos actos administrativos relacionados con su exempresa. “Sin embargo -se puede leer- ante la existencia de un conflicto de intereses o la hipotética existencia de éste, debe de elevarse una consulta a esta comisión como medida cautelar y, en su caso, los cargos públicos y asimilados deben, para salvaguardar el prestigio de la institución, abstenerse de participar en cualquier proceso de toma de decisiones en el que pueda existir la más leve sospecha de incurrir en un conflicto de intereses”. En suma, se entiende que no se infringió la ley pero también que Pedreira hubo de haber “elevado consulta” para despejar sospechas antes de participar en acuerdos sobre Asmatu. El aludido, en todo caso, quiso recordar en sus alegaciones que no era directivo de esa firma sino un simple “empleado”. Fuentes del Gobierno indican que han valorado la continuidad de Pedreira y que, si continúa como responsable de Planificación de Transportes es porque se considera que ha actuado “correctamente”.
Ocurre también que es la tercera resolución de la Comisión de Ética sobre Pedreira. Las dos anteriores, muy similares en su contenido, se deben a su doble imputación por su participación cuando era alto cargo de Medio Ambiente en la crisis de la empresa Glefaran de Güeñes. Es ya jurisprudencia consolidada de este organismo que la sola imputación no implica la recomendación de la dimisión al menos hasta la apertura de juicio oral. En septiembre de 2021 trascendió que tres altos cargos actuales del Ejecutivo estaban imputados por una denuncia de la plataforma Güeñes Bizia, contraria a una planta que llegó a llenar de cenizas la zona de influencia. Además de Pedreira eran la exviceconsejera de Medio Ambiente, la también socialista Elena Moreno, ahora en el área de Turismo, Comercio y Consumo, y el jefe de gabinete de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, alcalde por el PNV en aquel municipio cuando se produjeron los hechos. Y en mayo se hizo pública una nueva imputación, instada igualmente por Güeñes Bizia, aunque en este caso solamente contra Pedreira y Moreno. La presunción de los denunciantes es que se falsearon los informes que dieron por buena la calidad del aire tras la crisis con Glefaran ya que aparentemente no se hicieron las mediciones pertinentes, aunque fuentes del Ayuntamiento de Güeñes siempre han explicado a este periódico que aquellos trabajos se hicieron correctamente. Fuentes judiciales indican que la primera de las causas se ha prorrogado durante seis meses y que el juzgado de Balmaseda que la dirige ha solicitado datos a la Fiscalía especializada en delitos ambientales de la Audiencia Nacional.
En cuanto a la Comisión de Ética, se da la circunstancia de que esta resolución -la número 4 de 2022- ha sido publicada mucho después de haberse adoptado -el 20 de julio- e incluso después de la número 5, relativa precisamente al conflicto de intereses del nuevo director de Deportes, Gorka Iturriaga, debido a que la empresa de su esposa es la que gestiona la comunicación de la salida del Tour de Francia de 2023, un evento que tendrá lugar en Bilbao en julio del año que viene. Es la primera vez en la trayectoria de este órgano en que ocurre algo semejante. Explican fuentes del equipo de Garamendi que se debe al retraso en el “acuse de recibo” del afectado, que se ha demorado mucho más en este expediente que en el relativo al Tour. “Cuando se ha recibido, se ha publicado”, añaden estas fuentes. En todo caso, parece que el propio dictamen también se retrasó. De hecho, se apunta a que el aludido ya envió sus alegaciones “con fecha 26 de octubre”, presumiblemente de 2021, por lo que se ha tardado casi un año en terminar el proceso. La oposición ya criticó que, coincidiendo con la primera fase de la pandemia y el cambio de legislatura, hubo un largo período sin resoluciones e incluso sin las obligadas memorias anuales.