La Comisión de Ética concluye que no hay irregularidad en el salto de parte de la cúpula de la Sanidad vasca a una aseguradora privada

Por vez primera desde 2019, la Comisión de Ética de Euskadi ha emitido este viernes un dictamen sobre alguno de los varios asuntos que tiene en cola. El acuerdo fue adoptado el 1 de marzo y dio por bueno el salto del exconsejero de Salud, Jon Darpón -que tuvo que dimitir por las irregularidades en las oposiciones médicas de 2018-, de la exviceconsejera, Fátima Ansotegi, y de la exsubdirectora de Calidad Asistencial, Mayte Bacigalupe, a la aseguradora sanitaria privada Keralty, la antigua Sanitas Internacional y que está liderada por un millonario de la órbita del PNV, Joseba Grajales. Aunque su negocio principal está en el extranjero, esta compañía con sede en Arkaute recibió alrededor de 350.000 euros del Gobierno vasco entre 2016 y 2019. Significativamente, la resolución no viene firmada por la nueva presidente de ese órgano, la consejera Olatz Garamendi, sino por otra consejera, Arantxa Tapia, que actúa en sustitución de su colega de gabinete.

El fondo del dictamen, emitido a raíz de una consulta de Josu Estarrona (parlamentario de EH Bildu), se fundamenta en que el código ético de los altos cargos vascos se les aplica desde que son nombrados y hasta el momento del cese, por lo que no puede servir para valorar su salto posterior a una empresa privada por mucho que fuera casi inmediato en los tres casos y coincidente. EH Bildu planteaba adicionalmente que la exviceconsejera se mantuvo formalmente unas semanas más en el consejo de administración de Osakidetza a pesar de haber dejado el Gobierno, tiempo que simultaneó con su nueva andadura profesional. La Comisión de Ética admite que este caso es más “fronterizo” pero ha analizado que en ese período Ansotegi no participó en ninguna reunión en Osakidetza. “En fin, no consta en ningún caso que realizara acto alguno que implicara considerarla vinculada, de una u otra forma, a la estructura gubernamental o que indicara que seguía ostentando el rango de viceconsejera a ningún efecto”, se lee en el documento. La Comisión, en todo caso, estima prudente recomendar que, en el futuro, los ceses de los altos cargos vengan acompañados de una referencia expresa al cese automático en los consejos en los que puedan participar con motivo de su cargo.

Se da la circunstancia de que este viernes la consejera Garamendi ha sido preguntada por la inactividad de la Comisión de Ética durante toda la pandemia en la sesión de control al Gobierno que se ha celebrado en el Parlamento Vasco. A pesar de que antes del 1 de marzo no se había publicado ninguna resolución desde 2019 y que tampoco constaban las memorias anuales de 2018, 2019 y de 2020, Garamendi ha contestado a la interpelación de Carmelo Barrio (PP+Cs) que “no es cierto” que haya habido un parón. “Nada más lejos de la realidad. Le puedo asegurar que está desarrollando sus funciones con total normalidad y le estamos prestando toda la atención y rigor que merece”, ha enfatizado la presidenta del organismo y consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, que ha optado por limitarse a leer unos folios que traía escritos incluso en el turno de réplica y obviando las preguntas concretas de Barrio, como la de cuántos son los expedientes pendientes de resolver. Además, no ha mencionado en ningún momento el asunto relacionado con Darpón más allá de señalar que en el futuro se irán publicando informes.

Entre los asuntos que tiene en cola, además del ya resuelto de Keralty, que entró el 26 de noviembre, hay uno de enero de 2020. Se trata del caso de la directora del Instituto de la Memoria (Gogora), Aintzane Ezenarro, y las posibles irregularidades en las continuas adjudicaciones directas al grupo de empresas Montai, propiedad de un cargo del PNV, Aitor Elorza. Asimismo, más recientemente se ha anunciado que se estudiará el papel de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, en la polémica por las vacunaciones irregulares contra la COVID-19 de los gerentes de los hospitales bilbaínos de Santa Marina y Basurto, José Luis Sabas y Eduardo Maíz, ambos exconcejales del PNV.

En el debate con Barrio, Garamendi ha dado a entender que algunos de esos asuntos podrían estar resueltos aunque no haya dictamen público. “En 2020 no figura ningún acuerdo porque la Comisión entendió que para varias de las consultas y denuncias presentadas no había lugar a reproche ético alguno”, ha afirmado. Sin embargo, la normativa interna afirma que “los acuerdos de la Comisión de Ética Pública tendrán carácter público, y estarán accesibles a través de la página web habilitada al efecto”. Es más, en la gran mayoría de acuerdos adoptados desde su creación no ha apreciado vulneraciones éticas, con las excepciones de la propuesta de cese de Agustín Elizegi al frente de la sociedad informática EJIE por contratos con su antigua empresa o el apercibimiento al ahora viceconsejero Hernando Lacalle por no comunicar su imputación en el 'caso Denokinn', luego archivada. Fuentes del Gobierno explican que “la Comisión de Ética Pública solo hace público cuando hay un acuerdo o resolución sobre el casó”. Y añaden: “No informa cuando no lo hay. Así está reglamentado”.