La Comisión de Ética de Euskadi informa de la investigación penal contra dos altos cargos de Urkullu

Otros dos altos cargos del Gobierno vasco han sido imputados en una investigación penal, según consta en dos resoluciones de la Comisión de Ética de Euskadi. Estos documentos se han anonimizado a tal extremo que no consta ni la identidad de los investigados, ni su cargo concreto en el organigrama de la Administración vasca, ni el juzgado que investiga, ni los hechos que se les imputan ni el origen de la causa. Este periódico ha preguntado a varias fuentes oficiales del Ejecutivo de Iñigo Urkullu, ahora en funciones, y solamente han precisado que esas causas han quedado totalmente archivadas y esos dos cargos exonerados.

La Comisión de Ética de Euskadi, un órgano que está presidido por la consejera en funciones Olatz Garamendi, ha publicado dos documentos prácticamente gemelos en torno a dos personas que habían recibido una “citación” para “ser oídos” en “calidad de investigados” por ser “responsables de hechos constitutivos, aparentemente”, de delito. Ambos, como es preceptivo, han elevado una consulta a este foro, que ha autorizado a su continuidad hasta que, en su caso, pueda celebrarse un juicio, aunque aparentemente esto nunca será así. Eso sí, se les pedía “seguir colaborando con la Administración de Justicia y atendiendo puntualmente todos los requerimientos”.

Es ya una doctrina asentada de la Comisión de Ética que la sola investigación penal no es motivo para el cese salvo que se haya producido “en unas condiciones de alarma social irreconciliables con las exigencias de la ejemplaridad”, es decir, que haya un delito flagrante. “No resulta fácil ponderar la gravedad de los hechos investigados sin incurrir en el riesgo de anticipar un juicio sobre el fondo de la cuestión planteada en el proceso penal. [Es] Algo que ni nos corresponde realizar ni está en nuestro ánimo hacer. Ello aconseja mantener, sin modulación alguna, el criterio general sentado”, se puede leer en ambos dictámenes.

La resolución sí da a entender que “se encuentra todavía lejos” la posible apertura de un juicio, aunque más tarde fuentes oficiales han indicado que ya se ha resuelto el asunto y en sentido favorable a los citados. Sólo si hay juicio hay que “empezar a hacer efectivas las exigencias éticas” con el objeto de “salvaguardar la imagen de la institución”. “En el extremo contrario, la alternativa de fijar en el acto de investigación el momento procesal a partir del cual el acceso a un cargo público o la permanencia empiezan a resultar incompatibles con el principio de ejemplaridad puede constituir una exigencia desproporcionada y hasta cierto punto irrespetuosa con la cultura de las garantías penales y procesales”, se añade.

La Comisión de Ética indica ya que son “numerosos” los casos de altos cargos imputados sobre los que ha tenido conocimiento. En toda la trayectoria de este organismo, coincidente con la etapa de Urkullu, apenas en una ocasión ha recomendado un cese. Fue al inicio, cuando trascendieron adjudicaciones de la sociedad informática autonómica Ejie a una empresa relacionada con su director, Agustín Elizegi. Después, los tirones de orejas han llegado en forma de comunicaciones en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) de apercibimientos por cumplimiento “insuficiente” de los estándares éticos, como les ocurrió a Hernando Lacalle del PNV o Iván Pedreira del PSE-EE.