La Comisión de Ética no ve problemas en las adjudicaciones del departamento de Arriola a la exempresa de su viceconsejero

La Comisión de Ética ha dado a conocer una resolución en la que da carpetazo a una consulta formulada sobre la actuación del viceconsejero de Infraestructuras y Transportes Pedro Marco de la Peña, de la parte del PSE-EE del Gobierno vasco de coalición. Aunque el documento hecho público no da ningún dato, este periódico ha podido saber que se han analizado adjudicaciones del Ejecutivo a una empresa en la que había sido apoderado llamada I-Ingenia. En concreto, se han revisado dos contrataciones directas (sin concurso) de 16.819 y 5.080 euros por trabajos de asistencia técnica y dirección de obra, respectivamente, 21.899. El dictamen concluye que no ha habido ninguna irregularidad, aunque recalca a los altos cargos la obligación de abstención y de delegar la toma de decisiones en caso de colisión con otros intereses.

Este organismo de control había recibido información relativa a estos contratos. El primero se produjo en octubre de 2020. Marco de la Peña accedió al cargo en el equipo del consejero Iñaki Arriola en septiembre de ese año y de febrero hasta entonces había sido apoderado de la adjudicataria. El segundo es de agosto de 2021. Tampoco habían pasado dos años, como fija la normativa de incompatibilidades. La Comisión de Ética estima que “en ninguno de los dos casos” el responsable directo de la contratación fue el viceconsejero. Asimismo, se destaca que otro contrato de más volumen económico (4,7 millones de euros) fue sacado a concurso y que el alto cargo “manifestó su intención de abstenerse” por la “posible existencia de un conflicto de intereses”.

Igualmente, la Comisión de Ética estima que “no corresponde” a sus funciones “determinar si la adjudicación de los contratos [...] vulnera o no el ordenamiento jurídico”. Eso sí, la Comisión de Ética -presidida por la consejera del PNV Olatz Garamendi- “recuerda en todo caso y una vez más la importancia de las cautelas previstas en el Código Ético” para “preservar la imagen de integridad y honestidad de la alta función directiva”. Hay que ser “más exigente” que lo que marcan propiamente las leyes, recalca el dictamen. Se “configura así un plus ético, que no es jurídicamente exigible -en la medida en que no está expresamente recogido en una ley- pero sí forma parte del compromiso político asumido por las personas que se adhieren al Código Ético”. El dictamen remarca que ya han existido precedentes “en relación con los supuestos en los que altos cargos y asimilados que pretenden contratar en nombre de la Administración con sociedades en las que hayan prestado servicios laborales o hayan desempeñado funciones directivas”. “Pueden incurrir en conflictos de intereses y, en consecuencia, se encuentran obligados a adoptar cautelas”, abundan, aunque dejando claro que Marco de la Peña “no ha contravenido” el Código Ético.

La labor de esta comisión ha sido muy criticada por la oposición en esta legislatura, particularmente por EH Bildu. La ha llegado a calificar de “Comisión de Estética”. Son muy escasas las resoluciones en las que ha adoptado medidas y también, al inicio de la legislatura, tuvo un parón que se achacó a la pandemia. Este organismo no guarda ninguna relación con la oficina que regula las autorizaciones para que los excargos puedan saltar al sector privado tras el cese.