La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente para analizar si la empresa gestora de residencias de ancianos DomusVi ha cobrado comisiones por derivar a unas determinadas funerarias a las personas fallecidas en sus residencias. La investigación tiene su origen en una petición del Parlamento Vasco a la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC), que ha decidido inhibirse al entender que es una investigación que trasciende a la comunidad autónoma. El grupo gestiona unos 200 centros en España de los que una docena están en Euskadi.
Durante la pandemia trascendieron acuerdos previos alcanzados entre DomusVi y la funeraria Mémora. Inicialmente eran “aportaciones” al grupo por su colaboración en la captación de clientes. En 2018 se cambiaron por contraprestaciones por el uso de espacios en los centros para vender los productos fúnebres. En el caso vasco, a ello se le añade un episodio vivido en la la residencia Villa Sacramento de Donostia, que estuvo cobrando a los usuarios el suministro de mascarillas FFP2 al menos entre los meses de agosto de 2020 y marzo de 2021. En Gipuzkoa, donde estos centros están controlados por la Diputación, la normativa impide cobrar a las familias más canon que el propio de la estancia conforme a los baremos establecidos. Además, se da la circunstancia de que los centros de mayores recibieron en diciembre de la propia Diputación un lote de casi dos millones de protecciones FFP2, aunque luego por su cuenta también adquieran material. DomusVi aseguró que lo hizo por “error”.
Estas informaciones aparecieron en la primavera de 2021. En ese contexto, EH Bildu presentó una iniciativa en el Parlamento Vasco para que la compañía devolviera las comisiones como hizo con las mascarillas pero en la comisión de Turismo, Comercio y Consumo del 8 de junio se aprobó por una resolución alternativa de los socios de Gobierno, PNV y PSE-EE, en la que planteaban que Competencia analizara los hechos desde el punto de vista de las posibles prácticas “colusorias”. Recordaron que la ley “prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela”.
Ahora, la presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC), Alba Urresola, ha enviado al Parlamento un documento en el que explica las actuaciones llevadas a cabo estos meses. Ese informe explica que los hechos afectarían a varias comunidades autónomas por lo que el organismo competente sería la CNMC estatal. Es lo mismo que ocurrió con el cártel de las consultoras, investigado en origen en Euskadi pero sancionado después por la CNMC. Según las fuentes consultadas, a raíz de esta comunicación la CNMC incoó un expediente el 22 de febrero con código 140 PVA 04-04/22, del que por el momento no se conocen más detalles. EH Bildu ya ha solicitado que se informe a la Cámara de todas las actuaciones en marcha.
elDiario.es/Euskadi
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