Comunidades locales para acabar con la pobreza energética en Euskadi

En Euskadi, uno de cada diez hogares -más de 70.000 familias- está en situación de pobreza energética, según denuncia la campaña 'Sakeoari ez. Derecho a la Energía' promovida por colectivos ecologistas, sindicatos y asociaciones vecinales. Con el objetivo de analizar la situación, varios expertos se han reunido este martes con el titular de la Defensoría del Pueblo del País Vasco (Ararteko), Manuel Lezertua, para debatir acerca de la pobreza energética y del autoconsumo a través de las comunidades energéticas locales como vía para salir de ésta.

Según ha explicado Lezertua, el recientemente aprobado Plan de Transición Energética y Cambio Climático 2021-2024 prevé la implantación de, al menos, 400 instalaciones de autoconsumo cada año y que para el año 2023 entre 12.000 y 20.000 ciudadanos sean miembros de una comunidad energética en Euskadi. Sin embargo, ha anunciado que la realidad en estos momentos es que en Euskadi más de 170.000 personas “no pueden mantener la vivienda a una temperatura adecuada”. 

“El fenómeno de la pobreza energética es una cruda e incomoda realidad que aún padecen muchos hogares y que es de especial entidad en los meses de frio. Estos hogares vulnerables no disponen de suficientes servicios energéticos debido a una combinación de factores. El principal sería los bajos ingresos de la renta familiar. Pero no es el único. También es muy relevante la existencia de edificios y electrodomésticos que resultan energéticamente ineficientes. Otro factor clave el alto precio de la energía, pero habría más factores como la localización de las edificaciones o las necesidades específicas de determinadas personas con un mayor consumo de energía en su hogar”, ha explicado el Ararteko durante la presentación de la jornada en Bilbao bajo el título 'Obstáculos y buenas prácticas para garantizar la participación de los consumidores energéticos vulnerables en las comunidades energéticas locales de Euskadi' y a la que también ha acudido la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente Arantxa Tapia.

Pero, ¿Qué son exactamente las comunidades energéticas? Natalia Díaz de Arcaya, responsable del área de Generación Distribuida y Gestión de la Demanda del Ente Vasco de la Energía (EVE), ha detallado que las comunidades energéticas buscan que el consumidor sea activo, es decir, que genere su propia energía, que la autoconsuma, almacene e incluso la intercambie con otros consumidores ya sean próximos o no. Para ello, uno de los ejemplos que ha desarrollado ha sido Ekiola, una red de cooperativas que se autoabastecen de energía gracias a placas solares instaladas en los municipios. Se realiza a partir de la colaboración público privada entre el Ente Vasco de la Energía y la ingeniería promotora KREAN, integrada en la Corporación Mondragón.

“El objetivo de Ekiola es promover cooperativas de consumidores sin ánimo de lucro que construyan plantas fotovoltaicas de ámbito local y comarcal. Estamos trabajando con potencias máximas de entre 1 y 5 MW y cuya energía va a estar destinada prioritariamente al consumo de cooperativistas. Está pensada para un entorno de 400 cooperativistas. Eso tiene una limitación y es que no es fácil encontrar un municipio en el que 400 ciudadanos quieran formar parte de la cooperativa. Por ello, también nos hemos abierto a trabajar en el ámbito de las cuadrillas. Hacemos 'trajes a medida' en función de la realidad de cada municipio”, ha explicado Díaz de Arcaya, tras aclarar que a cada cooperativista se le asigna los paneles solares que requiere “estrictamente” para su consumo, por lo que los cooperativistas no pueden adquirir más energía de la que necesitan.

Acabar con la pobreza energética, según ha incidido, es “un problema” al que les “está costando dar respuesta” desde Ekiola. Por ello, tratan de que cualquier cliente pueda entrar en las cooperativas, siempre y cuando pueda pagar la cuota de entrada, pero sin análisis financiero. “Siendo realistas esto expulsa a cualquier ciudadano que no pueda pagar la cuota inicial”, ha reconocido. Por ello, ha explicado que están centrándose en trabajar con las administraciones locales para que después sean éstas quienes proporcionen la energía obtenida gracias a los paneles a los colectivos de personas vulnerables.

Proyectos para “aprender a leer” la factura eléctrica

Otra de las cooperativas que se ha presentado durante la jornada ha sido GoiEner Elkartea, asociación que engloba a tres cooperativas diferentes y a una asociación. En los diez años que lleva en activo como “cooperativa energética ciudadana sin ánimo de lucro”, ha sumado 16.000 socios y más de 20.000 contratos de suministro gestionados. Además de impulsar el consumo de energías renovables, desde 2016, cuentan con un programa asistencial para explicar conceptos relacionados con el consumo y la energía a vecinos de distintos municipios en los que aprenden cuestiones como a leer y entender una factura o a saber cómo realizar un “consumo responsable”. Para ello, según ha explicado Santiago Ochoa de Eribe, director de GoiEner, cuentan con proyectos a nivel local como un “taller de facturas de electricidad” en Arrasate-Mondragón, y a nivel comarcal, como un “diagnóstico de la pobreza enérgica” en la comarca de Goierri con “el fin de emprender acciones concretas desde los Ayuntamientos”, entre otros.

A modo de ejemplo de cómo un municipio puede convertirse en una comunidad energética, han presentado el proyecto que Edenor ha desarrollado en Zumárraga (Gipuzkoa) en colaboración con el Ayuntamiento del municipio. Para ello, se han instalado placas solares en cinco zonas distintas, que abastecen de energía a hogares y locales comerciales que se encuentran a una distancia máxima de 500 metros de ellas. Según ha explicado Juan Luis Diego, consejero delegado de Edinor -que fue director de Osakidetza tras la dimisión de María Jesús Múgica, por el escándalo de la filtración de exámenes de las oposiciones en 2018- para los 260 hogares y comercios que se benefician de este sistema, el ahorro al año en la factura de la luz es de un 25%.

“La finalidad que tiene es proporcionar beneficios a sus socios y municipios donde se ubica. No es solo generar una comunidad energética para crear una instalación fotovoltaica o hacer una inversión. Sino de lo que se trata es que vaya calando en el municipio con la participación de los vecinos y los pequeños comercios”, ha asegurado tras explicar que, entre las desventajas de este tipo de proyectos está el hecho de que solo pueden proporcionar energía a los hogares que están a 500 metros de las instalaciones.

Para el ararteko, este tipo de iniciativas suponen una “oportunidad” para que las comunidades locales “acepten” las energías renovables y “participen de forma activa” en la transición energética. Por ello, ha destacado la importancia de que “los poderes públicos” tengan en cuenta el potencial que tienen las comunidades energéticas locales a la hora de reducir la factura de la electricidad y “disminuir la dependencia energética de los hogares”, en especial, aquellos que forman parte de colectivos más vulnerables.